¿A qué le apostamos en desarrollo rural, tierras y soberanía alimentaria en el Huila?

La Agenda Prospectiva es un conjunto de apuestas para el Huila, las cuales se han construido de la mano de líderes y organizaciones sociales y comunales del departamento. Esta apuesta se plantea desde nueve ejes temáticos, en los que se incluye el de desarrollo rural, tierras y soberanía alimentaria.

Katherine Cruz, Comunicadora de Agenda Social Regional

Mediante la participación en diferente escenarios, las organizaciones sociales han confirmado que atravesamos por una crisis producto del prolongado incumplimiento de las justicias sociales. Factores como la degradación de la justicia climática y el agravamiento de la crisis ambiental se reflejan de forma cada vez más cruda en las dificultades para alcanzar la justicia territorial.

La consolidación del conjunto de apuestas surgidas durante varios encuentros dio como resultado La Agenda Prospectiva de Desarrollo Social y Humano del Huila 2023-2043. Esta agenda está pensada en generar un futuro posible para el Huila, por medio de acciones integrales de los actores sociales.

La propuesta se elaboró en nueve bloques temáticos: paz y convivencia; democracia y participación política; educación; salud; jóvenes; educación y cultura; desarrollo rural, tierras y soberanía alimentaria; medio ambiente y extractivismo; productividad, derechos laborales y economías solidarias.

Eje temático: Desarrollo rural, tierras y soberanía alimentaria

Según el Plan de Desarrollo Huila Crece 2020-2023, el departamento tiene un índice de desigualdad en el acceso a la tierra, equivalente al 0.8  en la escala de Gini. Este índice es considerado por los expertos como muy elevado.

La distribución inequitativa de la tierra, la informalidad en la propiedad, la presencia de proyectos extractivos que cambian el uso del suelo y promueven el desplazamiento de comunidades acrecientan las brechas de desigualdad y de acceso a los derechos fundamentales de la población rural que satisfaga sus necesidades básicas.

Las comunidades rurales tienen dificultades para el acceso a la vivienda, educación, salud y servicios de saneamiento básico. Además, las condiciones de vida de la población rural se acentúan por la precariedad de las vías terciarias que impiden la comercialización fluida, el autoabastecimiento, el acceso a la oferta de servicios públicos y la interconexión regional.

La economía es débil debido al escaso fomento de la producción agrícola y campesina. Las políticas actuales solo incentivan los principales renglones de la economía rural, favoreciendo la producción de monocultivos y el enfoque agroindustrial; poniendo en riesgo la conservación de semillas nativas y el uso de los saberes ancestrales de producción.

La priorización del modelo agrícola enfocado en el comercio y exportación de monocultivos, afecta la soberanía alimentaria, llevando a la dependencia de importaciones en el mercado básico; adicionalmente, esto genera riesgos a la salud, por el alto uso de agroquímicos.

Por otro lado, la débil presencia del Estado en las zonas rurales, sumado a otros factores, ha ocasionado que haya presencia de actores armados irregulares en el departamento; lo que dificultad el desarrollo autónomo de los proyectos sociales, económicos y culturales de los habitantes, ya que son sometidos a proyectos armados que impiden el avance de un acuerdo colectivo y pacífico.

Institucionalidad, democracia y proyectos para el campo

• Avanzar en una reforma rural que integre un modelo agropecuario, agroecológico y regenerativo con enfoque de género, condiciones, garantías y beneficios de producción para la población rural.

• Avanzar en la garantía del derecho al acceso de la tierra mediante la legalización, compra y adjudicación de tierras a los sectores más necesitados y a las mujeres, en el marco de la implementación de la reforma agraria, transformando la Agencia Nacional de Tierras en un Fondo Nacional administrado por el Estado.

• Fomentar la creación de veedurías para el seguimiento de los procesos de compra y adjudicación de tierras, brindando garantías para que se desarrollen de acuerdo a la Ley.

• Potencialización y fortalecimiento de programas que garanticen la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria en los territorios.

• La legislación sobre reforma agraria deberá indicar que al menos 20% de la tierra adjudicada debe destinarse a la conservación ambiental.

• Creación y fortalecimiento de biofábricas familiares y comunitarias que reduzcan los costos de producción, regeneren los suelos, produzcan alimentos que cambien las lógicas de explotación intensiva y reviertan las consecuencias negativas del cambio climático.

• Avanzar en el rescate de las semillas nativas y cultivos propios y, solicitar la derogatoria del Decreto 970 del 2015.

• Renegociar las condiciones de los tratados de libre comercio de manera que se garantice y priorice el respeto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en los territorios, así como el fortalecimiento del mercado interno y la producción nacional.

• Promover la diversificación y fortalecimiento de los cultivos nativos y tradicionales del departamento.

• Aumentar la inversión estatal destinada al mejoramiento de infraestructura y herramientas tecnológicas para la producción y comercialización agropecuaria.

• Promoción y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, asociaciones y cooperativas de las comunidades, garantizando el desarrollo de proyectos productivos y sociales, enfocados en la sustentabilidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

• Reconocimiento, fortalecimiento y apoyo institucional para todas las formas de organización campesina, étnica, social y popular, con enfoque de género, para el desarrollo social y comunitario del campo y la producción colectiva.

• Implementar el modelo del cooperativismo y la economía solidaria como una estrategia fundamental para la organización del territorio.

• Avanzar en la construcción de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que organicen el territorio alrededor del agua, garantizando la participación de las comunidades e impulsando un modelo de gobernanza que tenga en cuenta actores sociales e institucionales en la gestión del territorio. El POT urbano deberá tener una lógica integral que logre responder a las necesidades de movilidad, recreación y servicios básicos de las comunidades urbanas.

Entendiendo las particularidades y necesidades de la población campesina, el proyecto se plantea las apuestas de educación para el campo. Estas apuestas parten del reconocimiento de los saberes de las localidades y de los conocimientos ancestrales, buscando preservar los mismos. La educación como eje transversal, hace mención a la importancia de mejorar la infraestructura que compete al Estado en la zona rural, para lograr el desarrollo integral.

Educación para el campo

• Garantía de acceso de la población rural a la educación con docencia cualificada y mejoras en la infraestructura, avanzando en la alfabetización en el campo, propiciando el saber localizado, las prácticas y saberes ancestrales, el dialogo de saberes, reconociendo las realidades territoriales y adaptando los currículos al fortalecimiento de los saberes rurales.

• Creación de una política descentralizada de educación orientada a formar a la población rural partiendo de las realidades territoriales y el reconocimiento de las experiencias comunitarias exitosas, la articulación de los saberes tradicionales y ancestrales, de manera que estos permitan el adecuado manejo de los suelos para la producción orgánica campesina y popular. Esta tarea será encomendada a las universidades públicas y el Sena.

• Creación, reconocimiento y fortalecimiento de “Bibliotecas de Semillas” además de las casas comunitarias para la conservación y transmisión de conocimiento ancestral de las diversas prácticas de conservación.

• Fomentar e impulsar programas que permitan el intercambio cultural y de saberes entre el campo y la ciudad para que haya una apropiación, protección y defensa del territorio.

• Financiamiento a proyectos de educación no formal en las escuelas rurales que permitan la ampliación de la oferta educativa para la niñez y la juventud del campo garantizando su desarrollo integral.

• Fortalecer los presupuestos para el mejoramiento de vías terciarias y programas de transporte escolar de manera que se garantice el desplazamiento de los jóvenes rurales a sus centros educativos.

• Crear y fortalecer los programas de apoyo y acompañamiento institucional integral en los componentes psicológicos, de salud mental y derechos humanos en las escuelas y colegios rurales del departamento.

• Fortalecer los colegios rurales agropecuarios y la educación técnica agropecuaria al tiempo que se promueve y se garantiza la implementación de currículos de educación rural con el fin de fortalecer las capacidades, potencialidades y aptitudes que tienen los jóvenes para incentivar su permanencia en el ámbito rural. Trabajo articulado con padres de familia y organizaciones campesinas.

Por otro lado, reconoce el rol de la mujer rural, así como las brechas de desigualdad que impiden el pleno desarrollo de esta población dentro de las comunidades rurales. Es por esto que, las apuestas se enfocan en garantizar los derechos y formas de producción.

Enfoque de género (Mujer rural y diversidad étnica)

• Creación de unidades móviles para las mujeres rurales y comunidades étnicas que oferten servicios institucionales que les permitan el acceso a programas de salud integral, formación, productividad, acompañamiento y atención con enfoque diferencial para la garantía de sus derechos.

• Creación del fondo de tierras para la mujer, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad y garantizar la titulación de tierras.

• Facilitar líneas de crédito y financiación de proyectos productivos con el fin de garantizar el buen vivir de las mujeres rurales.

• Creación de la “Red de Guardianas de los Territorios”.