El Colegio Nacional Santa Librada de Neiva, con 180 años de historia y declarado patrimonio cultural, enfrenta graves problemas de infraestructura que ponen en riesgo a estudiantes y docentes. A lo largo de los años la comunidad educativa, según nos contó el rector Carlos Manchola, ha gestionado recursos ante diversas administraciones para su restauración. En 2019, se invirtieron 500 millones de pesos en dos de sus sedes, pero la sede principal sigue en mal estado.
Igualmente, a finales de la administración de Rodrigo Lara se asignaron 1.200 millones de pesos para mejoras de infraestructura, pero la contratación de la obra no se logró realizar debido a la finalización del periodo de su alcaldía y a que la siguiente administración tardó año y medio en realizar la contratación y ejecución del presupuesto asignado en la mejora de la sede principal del colegio. Asimismo, durante el gobierno de Iván Duque se prometió apoyar la restauración del colegio, pero esta ayuda nunca se materializó.
En 2024, el gobernador del Huila, con el apoyo de la Secretaria Municipal de Educación y la Alcaldía, logró incluir la renovación del colegio en los planes de mejoramiento del departamento financiados por el gobierno de Gustavo Petro. En el marco de esta promesa se efectuó, en enero de 2025, la visita del ministro de Educación, Daniel Rojas, a la institución y el anunció de su intervención como prioridad nacional. El plan no solo contempla la restauración de la infraestructura, sino también la implementación del modelo «colegio-universidad» en alianza con la Gobernación y la Universidad Surcolombiana, enfocándose en la «universidad del café».
La profesora Nadia López, representante docente en el comité administrativo, destaca la importancia de este proyecto, pues el 80% de los estudiantes provienen de familias de bajos recursos, lo que dificulta su acceso a la educación superior. Sin embargo, señala que aún no hay información clara sobre cómo se integrará el currículo del colegio con la universidad, lo que genera incertidumbre en la comunidad.
Por otro lado, Erika García y su hija Gabriela, quienes, en el 2023, lideraron una movilización para mejorar las condiciones del colegio y recuperar 350 millones de pesos de inversión en su infraestructura, ven con buenos ojos el proyecto, pero les preocupa la falta de transparencia. Declaran que el proceso se está manejando a puerta cerrada entre el rector, algunos egresados y el concejal Johan Steep, sin involucrar a la comunidad educativa ni aclarar detalles sobre el presupuesto y la gestión que se está realizando para este proyecto.
Ante esta situación, Gabriela García anuncia sus aspiraciones de ser contralora estudiantil para supervisar el uso de los recursos y asegurar la participación activa de estudiantes y padres de familia en la transformación del colegio. Su objetivo es garantizar que el proyecto de la mejora de la infraestructura del colegio se implemente de manera justa y transparente, beneficiando realmente a la comunidad estudiantil huilense.
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