‘Voces y Silencios’, la revista que ha documentado las violaciones a los derechos humanos en el Huila

El Departamento del Huila fue uno de los epicentros del conflicto armado colombiano durante varias décadas. Para hacerse cargo de las crisis derivadas de tal conflicto, nació en Neiva en el año 2006 el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), y con este la revista ‘Voces y Silencios’, que se han propuesto visibilizar distintos casos de violaciones de los derechos humanos , entre ellas los casos ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la región en las últimas décadas.

Por: Cristian Williams, periodista Suregión

De acuerdo con Amnistía Internacional, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) distingue dos tipos de conflicto armado: el conflicto interno armado, en el cual intervienen fuerzas armadas dentro de un mismo Estado, y el conflicto externo armado, en el cual están involucrados dos o mas Estados. En el caso de Colombia, desde hace ya siete años y con la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc-Ep, se está hablando de posacuerdo o posconflicto, aunque perviven expresiones de violencia armada a partir de la acción de las llamadas disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales. Antes de 2016 la agenda del país giraba alrededor de acciones bélicas y los atentados estaban a la orden del día.

Las cifras de afectados que ha dejado el conflicto armado colombiano durante sesenta años no termina de sorprender: según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), «60 años continuos de violencia (1958 – 2018) han dejado 262.197 víctimas fatales. De ellas 46.813 eran combatientes y 215.005 civiles. En masacres perdieron la vida 124.447 personas ; 37.165 fueron víctimas de secuestro; 9.623 de minas antipersonales, y 15.738 de violencia sexual. Según el mismo Observatorio, 17.778 niños y niñas fueron reclutados a la fuerza, y 80.514 personas fueron desaparecidas» (Pistas Para Cubrir el Acuerdo de Paz, de Consejo de Redacción).

El Huila ha sido protagonista del Conflicto Político Social y Armado, en especial gracias a su ubicación, ya que además de encontrarse en una geografía favorable para el conflicto, también conecta con distintos puntos estratégicos en el mapa de la guerra. «La violencia perpetrada por diferentes actores armados construyó, a lo largo de las décadas, un doloroso mapa de sucesos que ha marcado profundamente la historia del Huila», (Comisión De La Verdad, 2019). Así mismo, con la emergencia de grupos armados fue creciendo la violencia en los distintos territorios del Huila, lo cual ha dejado como saldo miles de víctimas con irreparables consecuencias debido al desplazamiento forzado, el homicidio, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, entre otras formas de victimización.

 A propósito, el Registro Único De Víctimas(RUV) arrojó un total de 9.492.472 víctimas en todo el territorio nacional, con el desplazamiento forzado como uno de los fenómenos que más personas afectó, con un total de 8.452.997, seguido del homicidio con un poco más de nueve mil personas, y la amenaza con más de 600.000. Así mismo, hasta la fecha, según datos del RUV, de una población total del departamento del Huila equivalente a 1.149.598 personas, 219.374 son víctimas del conflicto armado de manera directa o indirecta. El fenómeno de mayor impacto es el del desplazamiento forzoso, con 204.307 personas afectadas en todo el territorio regional.

De acuerdo con el ‘Análisis Cartográfico del Posconflicto en el departamento del Huila’ (2016), para el año 2014 la columna Teófilo Forero de las extintas Farc fue la de mayor presencia en la zona centro del Departamento, correspondiente a Neiva, Hobo, Algeciras y Garzón; seguida del Frente 17 Angelino Godoy, en la zona norte. Por otro lado, la Red Nacional De Información, expuso que las mayores violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto del Conflicto Armado en el Huila, se registraron entre 1997 y 2009 y afectaron a más de cien mil personas. Así mismo, con la emergencia de grupos armados fue creciendo la violencia en los distintos territorios del Huila, lo cual dejó un saldo de miles de víctimas por desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, reclutamiento de menores, entre otros actos victimizantes. 

Por otro lado, la Red de Victimas indicó que «el Huila ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia. 32 de los 37 municipios del Huila han sufrido algún acto terrorista durante el periodo 2012-2018. Neiva, es la ciudad con mayores actos terroristas en el departamento, 234 en el periodo estudiado, seguida por Algeciras (70) y Campoalegre (63). El desplazamiento forzado es la modalidad del conflicto armado más recurrente en todos los municipios del Huila; de nuevo Neiva (5.415 casos), con cerca del 30% de la población del Huila, presenta el mayor número de desplazamientos, seguida de Algeciras (5.046) y Pitalito (3.617). Neiva, Pitalito y Garzón, son los municipios que registran mayor número de secuestros, 14, 10 y 9, respectivamente…. (Cerquera, et al; 2020).

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OBSURDH y su labor investigativa

El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH) vio la luz en 2006, bajo la coordinación de la Asociación de Cooperativas de Empresas Solidarias (ASOCOPH), la cual se encargaría de respaldar, junto al Banco de Datos de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Fondo Noruego de Derechos Humanos, y distintas organizaciones de la sociedad civil, este proyecto con el objetivo y función principal de generar mecanismos de interlocución con las víctimas, las instituciones, organizaciones sociales y la comunidad en general, «para la investigación, el registro, la sistematización y visibilización de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como la implementación de acciones de prevención y protección de los DD.HH». En la actualidad, OBSURDH funge como una ONG de Derechos Humanos, que organiza sus labores de investigación a partir de cuatro categorías para la sistematización, análisis y organización de hechos de violencia. Tales categorías son las siguientes: violaciones de derechos humanos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario, violencia político social, y las acciones bélicas urbanas y rurales.

Desde el año 2007, OBSURDH viene asumiendo la exigente labor de documentar y registrar casos de ejecuciones extrajudiciales para contribuir al esclarecimiento de la verdad durante el posacuerdo, y sus hallazgos se divulgan en la revista ‘Voces y Silencios’. «En noviembre de 2018, el Observatorio -con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH-, presentó un primer informe ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de los Hechos -SRVR- de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, denominado “De la Impunidad a la Verdad. Informe sobre Ejecuciones Extrajudiciales en el Departamento del Huila”, el cual contenía un total de 52 casos con 124 víctimas, en hechos registrados en los años 2006, 2007 y 2008. En marzo de 2020, se entregó ante la misma SRVR el informe: “Caquetá, Falsos Positivos: Los Crímenes que Ocultó la Guerra. 2002 – 2009”, el cual contenía un total de 97 casos con 157 víctimas; y finalmente, en octubre del mismo año, se entrega a esta misma Sala el informe publicado en esta edición especial, el cual contiene un análisis detallado y exhaustivo sobre las presuntas Ejecuciones Extrajudiciales en la modalidad de Falsos Positivos registradas en el departamento del Huila» (OBSURDH, `Voces y Silencios’; 2020).

Según la Corporación OBSURDH, los falsos positivos se configuran en un crimen de lesa humanidad, dado que son un ataque directo contra la población civil, y sus perpetradores tienen la total conciencia y conocimiento de las consecuencias de dicho ataque y de la naturaleza civil de las víctimas. Lo anterior se fundamenta en «los intentos de la fuerza pública de mostrar como sucesos aislados este tipo de delitos, negando el carácter sistemático entendido como aquellos actos cometidos como parte de un plan o política preconcebidos, a pesar del incremento que en este tipo de hechos generaron las directivas del Ministerio Defensa y el sistema de recompensas y reconocimientos establecido al interior de las fuerzas militares por bajas en combate».

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Más voces y menos silencio

La revista ‘Voces Y Silencios’ emergió en 2008 de las entrañas de la corporación OBSURDH, y prioriza la información sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. ‘Voces y Silencios’ es una revista institucional que se acerca a un panorama claro de lo que ha dejado el Conflicto Político Social y Armado en el Surcolombiano. «Las voces de las víctimas; de sus familias y seres cercanos a sus entornos sociales; de las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos, y la revisión sistemática de la información publicada en las fuentes de prensa regional, son producto fundamental y de enorme valor en el acercamiento a la dolorosa realidad del Huila. La riqueza y concreción que le da a este informe la narración de los hechos, es el valor agregado de este documento, que supera al informe estadístico, lo cual es una garantía en el rescate de la memoria histórica de los hombres, mujeres, campesinos, campesinas, jóvenes, ancianos, lideres, lideresas, niños, niñas y organizaciones, víctimas de la violencia en nuestra región». (‘Voces y Silencios’, Sitio Web oficial).

En total han sido catorce las ediciones de la revista Voces y Silencios, que abarcan distintos aspectos y perspectivas del conflicto armado, y una publicación especial que se enfoca en lo que corresponde a las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. La primera edición, divulgada el primer semestre de 2007, ‘Una aproximación a la situación de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Violencia en el Departamento del Huila’, hace un paneo sobre lo que es OBSURDH, el marco conceptual sobre el cual se edificaría esta corporación, sus propósitos, la noción de la población sobre la violencia, los derechos. Tras lo que fue la primera edición en 2007, en forma periódica se realizó la divulgación de distintas ediciones de la revista, hasta lograr alcanzar la edición 14 en 2015-2016, para luego sacar la edición especial sobre falsos positivos, en 2020. «Los primeros casos que podemos documentar de este tipo de hechos en el departamento, están relacionados con el genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. Este movimiento político que surgió de la negociación establecida entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur, tuvo fuerte incidencia en el sur del Huila en los procesos de organización y movilización campesina», señala Voces y Silencios.

Dentro de los casos de ejecuciones extrajudiciales, uno de los primeros en saberse aunque sin documentación suficiente, fue el presuntamente ocurrido en marzo 3 de 1984, cuando al parecer uniformados de la Policía ejecutaron al campesino Norberto Bustos Manjarrés, de al parecer 34 años, en hechos ocurridos en Silvania-Cauca. En 1993, tanto en Isnos como en Tello ocurrieron dos casos, al parecer aislados. El primero ocurrido en marzo 18, tuvo como víctimas mortales a los campesinos Martín Gildardo Argote de 24 años, y Henry Sapuyes Argote de 20 años de edad, a manos del Ejército Nacional, en hechos ocurridos en la vereda El Mármol; mientras que en Tello, habrían ejecutado a Adelmo Chacón de 22 años, a Juan de la Cruz Núñez Calderón, a Alexander Tovar y a una persona más que no se logró identificar. Suceso que ocurrió el 28 de mayo de 1984, hechos perpetrados por tropas del Batallón 9 Tenerife de artillería. Como los anteriores, en 1993 ocurrieron tres casos más, en los cuales las fuerzas militares son las mayormente implicadas.

El 9 de enero de 1994, se presentó un nuevo presunto caso de ejecuciones extrajudiciales, en el que los campesinos Ernesto Montilla Arias de 30 años, y Ángel Gabriel Losada de 47 años, fueron desaparecidos por tropas del Ejército Nacional, en hechos ocurridos en la vereda El Quebradón. El 25 del mismo mes, tropas del Ejército Batallón de artilleria 9, ejecutaron de manera extrajudicial a Robinson Escobar Cortés y a un hombre identificado como Miller, en el municipio de Palermo. En febrero, marzo, junio y agosto se presentaron un caso por cada mes. Entrado el año 2000, exactamente en febrero 10, miembros del Gaula del Ejército ejecutaron en Suaza a Wilson Vargas, Enrique Amado Jiménez o John Fredy Jiménez Cruz, a Samuel Eduardo Cantillo de la Hoz, Luis Alberto Vergara Bolaños, Luis Alberto Rodríguez, y a Alexander Machado Rojas, en la vereda La María. El 27 de octubre de 2001 en Algeciras fue víctima de uniformados del Ejército, el campesino Wilmer Arbey Ovalle de 17 años de edad, al parecer por persecución política. Ya el 24 de agosto pero de 2002 al parecer fue el mismo Ejército Nacional el que le arrebató la vida al campesino Evangelista Ortega Pardo de 37 años de edad, hecho que al parecer ocurrió en el municipio de Isnos. En 2003, Palermo y Baraya fueron epicentro de los sucesos documentados por OBSURDH en esta edición de la revista, mientras que en 2004 Baraya repitió esta vez en compañía de Gigante. Desde entonces, hasta 2012, se registraron y documentaron casos en municipios distintos del sur, centro y norte del departamento.

El genocidio de la UP

Según la página oficial de la corporación Reiniciar, el gobierno del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancourt, firmó junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), lo que sería uno de los más trascendentales acuerdos de paz en la historia reciente de nuestro país, hecho ocurrido en La Uribe, Meta. El acuerdo no solo indicaba un cese bilateral al fuego y una tregua bilateral , también significó el nacimiento del partido político Unión Patriótica (UP), el cual sigue siendo la manzana de las discordias en lo se conoce como ‘el baile rojo’, nombre que se le dio al exterminio sistemático al que este partido fue expuesto, iniciando con su precandidato presidencial, Jaime Pardo Leal.

«Desde sus mismos inicios la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de hostigamientos y atentados. En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y “desapariciones” forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha prolongado por más de 20 años. El problema hoy no radica entonces en que se oculte que ha ocurrido un exterminio; el debate consiste más bien en demostrar cuál es su verdadera naturaleza. O en otras palabras, la cuestión del reconocimiento social e internacional radica en que se admita que ha sido perpetrado un genocidio con móviles ideológicos». (Cepeda Castro Iván, Genocidio político: el caso de la UP en Colombia; 2006).

«En el Huila, los upeistas tuvimos claro el verdadero propósito de la oleada criminal desde antes de realizar el primer acto público de presentación de la organización, el domingo 19 de mayo de 1985 en Algeciras, cuando el Segundo Frente de las FARC-EP, por intermedio del comandante Javier, expresó la decisión  fariana de transformarse en partido político como contribución al proceso de paz pactado», indicó Pablo Emilio Escobar, actual militante de este partido político, e historiador huilense. Según Escobar, en 1985, en la vereda el Tabor, miembros del batallón Magdalena asesinaron a Jaime Loaiza Gómez , Yesid Loaiza, Martin Humberto Coy, y a Jesús María Galindo. Para 1986 los masacrados fueron Fabiola Rojas de Castro, Flor Castro Rojas y Dagoberto Castro Rojas, aunque ese mismo 2 de febrero durante el mismo hecho, se salvaron de ser asesinados Martha Cecilia Castro y Cesar Tulio Zambrano, este último moriría dias después producto de las heridas ocasionadas. Para 1988 se presentó la masacre de La Plata, en la vereda El Retiro; en ese atentado fallecieron María Inés Quina de Suns, Rafael Suns Medina y María Oliva Suns Medina, familiares del activista político y dirigente de la Unión Patriótica en el Huila, Rafael Suns. Ese mismo año pero en distinto mes, asesinaron a Miguel Suache Paloma y a Chávez Cerdera Perdomo.

Ya han pasado más de treinta años desde que se empezó a hablar de falsos positivos, y solo hasta hace poco se confirmó mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado es el mayor responsable del ‘Baile Rojo’. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, fue uno de los primeros en reconocer abiertamente la responsabilidad del País en estos hechos sistemáticos: «Quiero expresar que el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó las medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de que esa persecución estaba en marcha. Es responsabilidad del Estado dar todas las garantías posibles para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, incluyendo la garantía de que sus agentes y la sociedad en general se abstengan de la estigmatización que tanto contribuyo a la violencia contra la UP”. Sobre este reconocimiento, la actual senadora Aida Avella, aseguró que «este reconocimiento no solo contribuye a la dignificación de las víctimas de la Unión Patriótica, sino también a las víctimas del Partido Comunista, este acto constituye una esperanza de respuesta a las reclamaciones que durante más de 20 años hemos hecho ante instancias nacionales e internacionales para la protección y reparación integral de los derechos que nos han sido vulnerados” (Robayo Ricardo, Centro de Memoria Histórica, Sitio web oficial; 16 de septiembre 2016).

Con las cosas más que claras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 30 de enero del presente año, un comunicado en el que responsabiliza al Estado Colombiano de los atentados en contra de los activistas y/o militantes del grupo o partido político Unión Patriótica (UP). «La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros. Sobre la responsabilidad internacional del Estado la Corte consideró que en la determinación de la atribución al Estado de los hechos que vulneraron las obligaciones internacionales, se superponen formas responsabilidad directa que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de actores no estatales, en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los integrantes y militantes de la Unión Patriótica, como de diversos mecanismos de tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran».

Lea el informe de la CIDH: Comunicado de prensa CIDH

Entre lo más relevante de la sentencia, sobresalen la declaración de un día nacional de las victimas de la UP, la instalación de placas para conmemorar a las víctimas, la obligación de generar campañas de conciencia sobre lo que sucedió, foros académicos, además de seguir las investigaciones sobre potenciales casos para la no repetición. «Igualmente, se ordenó pagar 55.000 dólares a cada una de las 676 víctimas de desaparición forzada, y para aquellas que sean identificadas por la comisión de búsqueda. Pagar US$ 30.000 a favor de madres, padres, hijas e hijos, cónyuges, y compañeros y compañeras permanentes y US$ 10.000 a favor de sus hermanas y hermanos. También habrá indemnizaciones para cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial, y a favor de sus madres, padres, hijas e hijos, cónyuges y compañeros y compañeras permanentes; para cada víctima de tortura, de tentativa de violación del derecho a la vida, violaciones de la integridad personal, detenciones arbitrarias, amenazas y/o hostigamientos y criminalización indebida mediante procesos penales. Además, se ordenó una indemnización por daños a cada una de las víctimas de violación del derecho a la vida, sobrevivientes de masacres o tentativas de homicidio, que eran menores de edad al momento de los hechos, a víctimas de desplazamiento forzado y de violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, señaladas en la sentencia, y para aquellas que sean identificadas por la comisión» (Sánchez Lucía, Diario La Nación. 31 de enero, 2023).

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