Campesinos de zona rural de Neiva denuncian graves infracciones al DIH por parte de las Fuerzas Militares

Sobre las once de la mañana del domingo 6 de abril, el Ministerio de Defensa en cabeza de Pedro Sánchez, anunció a través de sus canales oficiales: “Duro golpe a las disidencias de las Farc: alias ‘May’, segundo cabecilla de la estructura ‘Ismael Ruiz’, fue abatido junto a otros cuatro integrantes en una operación de asalto en zona rural del corregimiento Chapinero, Huila”. En el comunicado de la red social X, agregó: “No bajaremos la guardia. ¡Habrá más capturas y más operativos para recuperar la tranquilidad de los colombianos!”.

Sin embargo, la máxima autoridad en materia de Defensa, Seguridad y Asuntos Militares no mencionó que, en el desarrollo del exitoso operativo contra las disidencias de las FARC al mando de ‘Iván modisco’, los oficiales presuntamente acribillaron a dos de los insurgentes luego de que se entregaran y suplicaran que “les perdonaran la vida”, según testimonios de habitantes de la zona. Uno de los abatidos en estado de indefensión sería un menor de edad.

De acuerdo con testigos que prefirieron no ser identificados, Robinson Arley Ramos de quince años de edad y Jonathan Medina Lucuara de treinta y un años de edad, habrían sido asesinados por miembros de la Fuerza Pública en estado de indefensión y luego presentados como “bajas en combate”.

Esta grave denuncia, que de comprobarse su veracidad se constituiría en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al cual el Estado Colombiano le otorga un estatus especial y ha ratificado su cumplimiento en diversos convenios internacionales. El DIH consagra la obligatoriedad a los Estados de “proteger a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles(…) asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos y los prisioneros de guerra”.

“Nos agarraron la casa a plomo»

Con voz temblorosa, una humilde familia de caficultores huilenses rememoró la madrugada del 6 de abril. Las Fuerzas Militares ejecutaron un operativo en contra de cuatro guerrilleros que se habían instalado pocas horas antes en una habitación de su vivienda, como suele suceder en las zonas en donde los grupos armados tienen el control territorial y son la «autoridad natural». Su hogar, construido con trabajo honesto y ardua dedicación durante veinte años, se convirtió en “el museo de una masacre”.

Los agricultores mencionaron que los primeros disparos les alertaron de lo que estaba a punto de suceder. Aproximadamente a las dos y treinta de la madrugada, efectivos de las Fuerzas Armadas abrieron fuego en contra de la vivienda. La pareja de esposos relató que en el momento, su prioridad fue correr a proteger sus dos hijos menores de edad, quienes dormían en otra habitación interna de la vivienda. «Yo alcé mi niño con síndrome de Down y lo metí debajo de la colchoneta, le dije a mi otro hijo que hiciera lo mismo, gracias a Dios no me hizo caso», relató la amgustiada madre. 

El agricultor tomó unos segundos para recobrar el aliento y agregó, “en donde dormía el hijo mío le pegaron un tiro… por fortuna no le pasó nada”. El adolescente, en medio de la confusión se escondió bajo la cama. Mientras se resguardaban, él sólo podía escuchar cómo los escombros caían en el piso, camas y muebles. «El techo quedó destruido. Sobre todo ahora que estamos en tiempo de lluvia», comentó con desesperanza.

“Perdónenme la vida”

Sin embargo, las afectaciones fueron más allá de los daños materiales. En medio del tiroteo la familia decidió salir, rogando que cesaran los disparos. Una súplica que no fue escuchada. Los militares ordenaron salir a los guerrilleros, quienes se resguardaban en la vivienda. Robinson Arley, alias ‘Bebé’ fue el primero en confiar en las Fuerzas Militares.

«Él salió gritando -no disparen-. Él era menor de edad y mostraba las manos. Pedía que le perdonaran la vida. Suplicaba que no lo mataran, decía que tenía quince años», aseguró el caficultor, que por un momento creyó que todos iban a ser capturados.

Sin embargo, el menor fue llevado por los militares a la parte trasera de la casa. «Uno de ellos lo empujó y él cayó arrodillado, ahí empezó a dispararle», aseguró el campesino que observó la presunta ejecución extrajudicial, a través de la ventana.

Derecho a morir y a vivir

Como si se tratara de una película de terror, el agricultor recuerda la escena de manera insistente. Desde su ventana con vidrios transparentes, hoy atravesada por los tiros, intercedió por la vida del joven pero fue poco lo que pudo hacer.

Los testigos aseguran que el menor yacía sobre el piso de tierra, mientras suplicaba con su último aliento: “Por favor no me dejen morir, ayúdenme por favor, Dios mío no quiero morir aquí”. Aseguran, que los militares no respetaron su derecho a la vida. Por el contrario, “se le acercó y lo acabó de matar”, relató.

Jonathan salió después sin oponer resistencia. Según versiones de los pobladores el joven tenía menos de un mes en las filas. Fue ingresado poco después del operativo en La Libertad del Corregimiento San Luis, donde se lograron cuatro capturas y la aprehensión de un menor de edad. Medina Lucuara fue recibido por uno de los militares. Estaba desarmado. “Lo sacaron a empujones, le dieron un golpe en las costillas y él se tiró al piso por el dolor”, aseguraron.

El joven que vivió toda su vida en este corregimiento, murió en el patio de la vivienda a manos de los militares y ante la mirada atónita de la familia, entre los que se encontraban dos menores de quince y doce años de edad, éste último con una discapacidad mental. 

Reclamos: Instituciones y amenazas

El agricultor relató que posteriormente fueron aislados. “Nos encerraron, no nos dejaron llamar y nos quitaron el internet”. Mientras tanto, un hombre vestido con prendas militares que representaba al Estado Colombiano los vigilaba, supuestamente “para que no vieran la escena”. Otros uniformados se acercaron al lugar donde yacían Freddy Galeano, alias ‘May’ de veinticinco años; Héctor Daniel Álvarez Rojas de veintiséis y Andrés Felipe Ballen Chala de dieciséis años y desenfundaron las armas en contra de los cuerpos, con o sin vida.  

La indignación e impotencia se apoderó de los padres de familia al ver el estado en que quedó su vivienda. Aseguraron que les preguntaron a los militares por los daños materiales a su patrimonio. Pero también les cuestionaron el por qué las autoridades preferían presentar esas bajas y no las capturas.

“Amenazaron a mi esposa, la cogieron fuerte y la sentaron en una silla. Le dijeron que la iban a amarrar si no se tranquilizaba y controlaba el niño”. La sangre, los disparos y la muerte de los disidentes habían intranquilizado al menor de los hermanos.

Silencio cómplice

El ensordecedor sonido del helicóptero cuando se disponía a aterrizar, terminó de despertar a los habitantes de Aipecito, Chapinero y San Luis, los tres corregimientos vecinos a Neiva, capital del departamento del Huila. Eran casi las tres de la mañana cuando se interrumpió el sueño de quienes no fueron perturbados por los disparos, alertando a los pobladores sobre lo sucedido. Dos aeronaves descargaron los uniformados del GAULA Policía y miembros del Ejército, quienes adelantarían los actos urgentes. El retorno de los peritos fue sobre las seis de la mañana.

El GAULA Policía arribó a la vivienda. Se presentaron ante la familia y anunciaron el procedimiento. En esta ocasión, los campesinos que se sentían amedrantados no dudaron en denunciar la vulneración de derechos humanos y las presuntas ‘ejecuciones extrajudiciales’ que habían presenciado. “¿Por qué tenían que matar toda esa gente acá? Sacaron ese chino que es menor de edad y al otro, y los acribillaron”, les preguntó insistentemente el cafetero huilense. Pero la respuesta no fue la esperada. Aunque sus rostros mostraron sorpresa, los agentes solo cruzaron miradas y el silencio prolongado se convertiría en cómplice de la masacre.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el DIH restringe los métodos militares que “no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil”, si “causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios”.

Durante el operativo se presentaron afectaciones materiales en la vivienda, herramientas propias de la finca cafetera, animales de granja, secadores de café, entre otros daños materiales; que un mes después, no han sido reparados.

Históricamente abandonados

Chapinero a 2600 msnm, Aipecito y San Luis son los tres corregimientos ubicados al occidente del municipio. Esta zona que ha sido históricamente olvidada por el Estado se encuentra a tan sólo 86 Km de Neiva, pero aproximadamente a cinco horas de trayecto por carretera destapada.

Mal llamada “la cuna de la guerrilla”, pues esta parte de la cordillera ha sido epicentro de disputas económicas y desde los tiempos de la Violencia Bipartidista, los campesinos han sido testigos de las masacres de la policía a campesinos liberales, quienes a su vez masacraron conservadores en Órganos (San Luis), junto a los comunistas.

La zona se convirtió en escenario de la guerra entre el Estado y la guerrilla. Posterior a la creación y destrucción de la república independiente Marquetalia, los campesinos rebeldes que se alzaron en armas no abandonaron este territorio de frontera, que vio surgir el Bloque Sur de las extintas FARC EP, en 1964.

De acuerdo con Luis Eduardo Rojas, representante de la Asociación Campesina y Sindical por el Desarrollo Comunitario del Huila – Asociación Primavera, “estas guerrillas se asentaron las regiones, donde la población campesina ha sido vulnerable y allí crecieron al lado de esta población, por una razón: la falta de asistencia social del Estado. Esto hizo que tuvieran gran acogimiento por parte del campesinado”.

Jóvenes para la guerra

El 4 de marzo del presente año, el grupo Anti Terrorismo GRATE e inteligencia policial SIPOL, Ejército Nacional y fuerza aeroespacial colombiana-CACOM 4, adelantaron un operativo en la vereda La Libertad, corregimiento San Luis. Este, con el fin de neutralizar a Freddy Galeano alias ‘May’, en ese entonces segundo cabecilla del Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC). Un militar y un disidente perdieron la vida, cinco más fueron capturados uno de los cuales era menor de edad.

Yeison Rondón Galvis de diecinueve años natural del corregimiento Aipecito, fue abatido. Durante la ejecución de esta operación militar, sus habitantes denunciaron que también se presentaron vulneraciones a los derechos humanos. El agricultor narró que su hijo menor de edad fue golpeado, al parecer siendo confundido con un disidente; además se presentaron múltiples daños a la vivienda.

Al respecto Luis Eduardo Loaiza señaló que, “todas esas acciones militares que hacen y van en contra la población civil, simplemente están haciendo que cada día la comunidad coja un rechazo hacia ellos, hacia el Estado como tal. Miramos cómo se está perdiendo la legitimidad del Estado en las regiones y de eso no se trata, somos un país donde todos somos un territorio, donde cabe el negro, el blanco, el indio, son las costumbres, es la cultura”.

Verdad a voces, testigos silenciosos

Un lúgubre altar a escasos metros del caserío de la vereda Pradera, le recuerda a quienes transitan hacia Tolima, la escena de octubre de 2024. “Los cogieron igual que ellos a la camioneta de los policías (atentado en San Luis)”. Según los pobladores, los disidentes del frente Ismael Ruiz al mando de Iván Mordisco se movilizaban en una camioneta, poco después el sonido de una fuerte detonación alertó a la comunidad. Iniciaron un operativo.  

Algunos testigos afirman que, posterior la estruendosa detonación, uniformados del Ejercito salieron de su refugio en la parte alta de la carretera. Alias ‘Julián’ ya herido habría trató de huir, pero presuntamente fue alcanzado por un uniformado. Según las versiones, el militar presuntamente habría descargado una ráfaga en contra de su humanidad y posteriormente, él mismo habría recogido el cadáver, llevándolo hacia la camioneta, en donde la posibilidad de una captura se habría desvanecido para siempre.

Temor, estigma y verdad a medias   

La población campesina se ha enfrentado históricamente al estigma de residir en una ‘zona roja’. Como lo mencionó Luis Fernando Rojas, presidente de la JAC vereda Horizonte “nos tienen que acá todos somos guerrilleros”.

Los jóvenes de este territorio han aprendido a guardar distancia de los militares, que rara vez aparecían por estas montañas. Los relatos familiares han transformado a los representantes del Estado en verdugos de la historia. Estas actuaciones han trascendido históricamente, incluso con el actual Gobierno que generó en ellos una fugaz esperanza de cambio.

El líder sindical campesino Luis Eduardo Loaiza, reiteró que las disidencias continúan ejerciendo un rol de ‘ejercito ilegal’.  Con el control territorial “queda la población campesina vulnerable… un campesino no le puede decir a un grupo armado: aquí no llegue porque me está vulnerando los derechos humanos. Ellos tienen las armas y llegan, el campesino no se va a enfrentar a ellos”.

Estos señalamientos, se incrementaron desde agosto del año 2024 cuando se presentó la ‘baja’ de Alias ‘Brayan’ en la vereda Horizonte del Corregimiento Chapinero. Las imágenes difundidas inicialmente en redes sociales fueron transmitidas por los principales medios de información regionales y nacionales.

En esta ocasión, algunos hombres y mujeres campesinos se resistieron al avance del helicóptero de las Fuerzas Militares. Algunos sostuvieron celulares registrando la escena, varios de ellos llevaban en su mano lo que parecía ser una camiseta de la Selección Colombiana de fútbol. Una prenda para cubrirse del sol durante las largas jornadas bajo el inclemente sol, o para simbolizar que, así como los militares, el disidente abatido y los campesinos que terminan siendo instrumentalizados, todos eran hermanos colombianos.    

Luis Fernando Rojas, cuestionó “lo que siempre suele pasar por esta zona, es lo que hacen los medios” haciendo referencia al discurso que se ha manejado en el cual se crea un estigma hacia la población de este territorio. Reitera que no son tenidos en cuenta como fuente principal de información.  

Del discurso a la seguridad

En marzo del presente año, la gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz presidió un consejo de seguridad en el que exigió a las autoridades intensificar las acciones para neutralizar a alias ‘May’ y ‘Fabián’.

‘May’ de veinticinco años, era el encargado del cobro de extorsiones a mineros, comerciantes y agricultores. Dirigía actos terroristas en contra de la población, ataques explosivos con drones y era señalado como el autor del atentado en el que resultan muertos siete policías en San Luis. Además, era el presunto responsable de múltiples homicidios selectivos en la región de Huila y Tolima, donde tenía injerencia.

Según los informes oficiales, durante el operativo del pasado 6 de abril, “en el cruce de disparos, los miembros del Gaula dieron de baja a estos sujetos”. Así lo señaló Juan Carlos Casallas Rivas, secretario de Gobierno del Huila, quien aseguró que los disidentes también habrían disparado en contra de los militares. El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, expresó un “reconocimiento al Gaula de la Policía por este golpe” y concluyó que “Seguimos dando resultados”.

La Gobernadora del Tolima adjudicó la operación a una exitosa política de seguridad regional. “Son los resultados de un trabajo profesional y amor por la patria”, afirmó la mandataria.  Por otro lado, el Alcalde de Neiva señaló que hay un “firme propósito de recuperar la seguridad de nuestra ciudad”. Aunque no mencionó en su discurso a la zona rural, reiteró que se pretendió “combatir la delincuencia para devolverle la tranquilidad a todos nuestros ciudadanos”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, Héctor Jairo Betancourt Rojas, dijo que “este resultado es producto del trabajo articulado de nuestros comandos especiales, quienes continúan comprometidos con la seguridad, con esta acción reafirmamos que no descansaremos hasta garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y desarticular estas organizaciones criminales que atentan contra la vida y la paz de nuestras comunidades”.

Fugaz esperanza de paz

En las elecciones presidenciales, Gustavo Petro obtuvo un 75% de la votación del corregimiento Chapinero. Ciudadanos que creyeron en el proyecto de cambio y en la posibilidad de paz.   

Luis Eduardo Loaiza manifestó que “los gobiernos locales, los municipales y la gobernación, simplemente reclaman la seguridad. Pero, la seguridad tiene que ser integral. Tiene que ser con vías, con ambulancias, colegios, universidades, buena conexión; todo eso apunta hacia un desarrollo social”.

El líder campesino mencionó que los jóvenes necesitan oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, pues “no encuentran alternativas. Vamos perdiendo el espacio de jóvenes en el sector rural y campesino”. Reiteró la importancia de trabajar con este grupo poblacional.  

Jhon Henry Narváez, líder social y comunitario del Corregimiento Aipecito, manifestó que “se nos están vulnerando nuestros derechos como campesinos, productores y trabajadores; en educación, salud, derecho al trabajo, vivienda y a la vida”. Reiteró “como campesinos estamos en medio de un conflicto que nosotros no pedimos y no tenemos por qué estar ahí”.

Narváez hizo un llamado a la población, “ahora nos toca como campesinos organizarnos entre nosotros mismos y crear una red de apoyo”. Mientras que Loaiza precisó, “el Estado debe respetar el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las bases fundamentales internacionales que lo rigen”.

Jhon Henry recalcó que, en medio de este conflicto, la comunidad ha evidenciado el exceso de fuerza por parte de las Instituciones del Estado. “Uno entiende cuando es una confrontación y cuando es un atentado y la otra parte no tiene como defenderse. Independientemente de quienes sean, son seres humanos y vidas. Son vidas que se ciegan”.

De acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el año 2024 se registraron 409 víctimas de reclutamiento forzado en el país. En el Huila, 13 casos de niños, niñas y adolescentes fueron reportados, y 8 más en el Tolima.

El líder campesino, adjudicó esta situación a una problemática estructural que ha sumido a los campesinos en el abandono. “Desafortunadamente por la negligencia y el abandono estatal, hace que otros actores lleguen a suplir los espacios que el Estado debería cumplir, estos llegan a llenar esos vacíos y cogen más fuerza en el territorio y así legitimidad”.  

Ha pasado un mes desde la madrugada del pasado 6 de abril. Las disidencias de ‘Iván mordisco’ se encuentran debilitadas. Los presidentes de la JAC, presuntamente ya fueron contactados por un nuevo grupo delincuencial. El lugar de alias ‘May’ en esta estructura criminal ya fue reemplazado.

Pero el techo de aquella finca aún refleja el paso de la violencia. Los ladrillos y la madera dan cuenta del paso de los disparos. Los cerdos no se recuperaron, tampoco las gallinas. Cinco cruces de madera cuelgan en las paredes, en memoria de cinco vidas. Símbolo del descanso ‘en paz’, de la vida y de la muerte.

Después de un mes, esta familia que se considera como víctima de la fuerza excesiva de las Fuerzas Armadas Colombianas, ha tenido que dignificar su vivienda con los remiendos de los caminos comunitarios de paz. Están la espera de que el lento trámite de la institucionalidad repare los daños causados por sus funcionarios. Aunque el caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Nación, al cierre de esta edición ninguna de estas entidades se ha pronunciado.