La responsabilidad que subyace en el mandatario de un país es la gobernar y ser la voz del pueblo, también la capacidad de solventar las problemáticas que emergen a diario en el contexto colombiano. El presidente Gustavo Petro le apuesta al cambio y a las reformas sociales de fondo.

Por Marlen Julitza Meneses Meneses, periodista de Suregión.

El presidente Gustavo Petro recibió el 7 de agosto del presente año la presidencia de la República de Colombia; se ha enfrentado a una economía de alta inflación, a la desaceleración económica mundial en el contexto de la guerra de Ucrania y Rusia. Por ello, es muy importante la aprobación por parte del Congreso de la República de la ley de Reforma Tributaria para la Igualdad y Justicia Social, la tiene el propósito de contribuir a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas que van dirigidas al fortalecimiento de la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, así como también, afianzar los ingresos fiscales del Estado, reforzar la lucha contra la evasión de impuestos y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Con ello, el gobierno esperaba recaudar US$ 5.200 millones con esas reformas, pero varios puntos, como el impuesto a las pensiones más altas, quedaron por fuera a causa de la reforma por los cuestionamientos de la oposición. Por lo tanto, se espera recaudar 20 billones de pesos anuales, el equivalente de 4.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Sin embargo, en la medida en que se conocen más detalles sobre la reforma tributaria, se pone en cuestión la progresividad de la misma, pues en un principio se hablaba de que esta iba exclusivamente a tocar el bolsillo de los 4 mil colombianos más ricos, pero al final no es del todo cierto, ya que de manera indirecta se afectará a los hogares de menores ingreso. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) indicó que los pobres y vulnerables son quienes más consumen productos procesados y bebidas azucaradas. El impuesto a estos productos inicialmente se decidió bajo la premisa de “cuidar la salud de los colombianos”, no obstante, que para muchas personas, un salchichón con pan y gaseosa podría ser su almuerzo, de forma que afectaría sus bolsillos. Por otro lado, no se decidió gravar las pensiones de ningún valor, ni siquiera las más altas.

Porcentaje estimado en la canasta de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados afectados por los nuevos impuestos, según nivel de ingresos del hogar

Fuente: Estimaciones a partir de las ponderaciones que el DANE realiza para el IPC (actualización de 2019) a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos de Hogares.


Otro aspecto importante es la ley de “Paz Total” que busca convertir la paz en una política de estado. Incluye diálogos con los diferentes grupos armados ilegales. Además de poner en el centro de las negociaciones a las comunidades que han padecido la confrontación, esta ley entrega facultades para negociar con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las disidencias de las FARC. También faculta al ejecutivo puede iniciar negociaciones de paz con bandas criminales como el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.

Sin lugar a dudas, un logro significativo del gobierno es el de crear condiciones propicias para iniciar un diálogo con dichos grupos, pues es necesario dilucidar las problemáticas que han estado presentes a lo largo de la historia de violencia del país, aun mas cuando los afectados son inocentes. Entre tanto, se busca aclimatar un ambiente político que desestime las manifestaciones de violencia. Por otro lado, la normalización de las relaciones con Venezuela y la consiguiente reapertura de la frontera, reactiva intercambios oportunos y necesarios para ambos países. Gustavo Petro ha mantenido una postura de distensión en lo que va corrido de su mandato, para lo que a mí respecta , puesto que acierta en su discurso dialogante con las partes que cuestionan sus posturas.


No obstante, la elección de su gabinete no siempre le deja bien parado. Parte de esos problemas se deben a las declaraciones de la Ministra de Minas, Irene Vélez, quien, si bien conoce el sector, no ha sido muy acertada para pronunciarse sobre temas relacionados con la explotación y exploración minera, el Fracking y la compleja teoría del decrecimiento. Además de los desplantes a los medios de comunicación y a la clase política. Se advierto por lo anterior que la nueva Ministra no es del todo experta en temas de petróleo e hidrocarburos, por lo que es necesario indudablemente saber cuál es su trabaj, y la forma en que se lleva a cabo, dado que la responsabilidad de sus declaraciones da lugar al nerviosismo dentro de uno de los sectores económicos de mayor generación e influencia del país.


Ahora se trabaja en preparar la propuesta de la reforma agraria, en la cual radica una reforma constitucional, con el fin de crear una justicia especial agraria y una más para considerar al campesino como sujeto de derechos. Así como también, se prepara el proyecto de reforma a la salud, a través del gobierno desea consolidar un sistema centralizado único, con una red pública hospitalaria financiada por el presupuesto nacional y que concentre sus esfuerzos en la prevención.


La Ministra de Salud, Carolina Corcho, buscará el 16 de febrero del 2023 presentar ante el congreso una reforma a la salud en la que las EPS se transformen en Redes de Prestación de Servicios de Salud, pues en medio de una entrevista para El País señalo que «Las EPS están en déficit y muchas están quebradas. En este momento, según las cifras oficiales, por lo menos 14 de estas empresas están en incumplimiento financiero. Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. Además de las deudas impagables con clínicas y hospitales. No hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma.»


El gobierno a su vez, debe enfrentar los fuertes problemas económicos que preocupan a la población, situación que se da a causa del nerviosismo de los mercados frente a la reforma tributaria, pero también por el contexto internacional de alta inflación en medio de la guerra en Ucrania.
Si bien solo han pasado cuatro meses de presidencia de Gustavo Petro, es cierto que es muy pronto para tener un balance integral de su gestión, y para ello aun debemos esperar hasta que haya pasado el primer año.