Por: Katherine Cruz, periodista Suregión
La primera audiencia pública del proyecto de reforma a la Ley 30 tuvo lugar en las Ágoras de la Universidad Surcolombiana, en horas de la mañana del lunes 19 de septiembre. La mesa contó con la participación del congresista Gabriel Becerra como moderador; el delegado del Ministerio de Educación, Ricardo Moreno; el rector de la Universidad Pedagógica e integrante del Sistema Universitario Estatal (SUE), Alejandro Álvarez; Alfonso Manrique, Vicerrector de Investigación de la Universidad Surcolombiana; Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y el docente Hernando Gutiérrez, vocero de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Aspu. Como lo mencionó Gabriel Becerra, se trata de una apuesta por construir las reformas con la gente y en los territorios.
En el espacio de participación, desde la vocería de los estudiantes se aludíó a la esperanza de la educación superior como un derecho fundamental. Katherine Diaz agregó que las barreras de acceso que se han impuesto serán el objetivo de la lucha de los y las estudiantes, además hizo una reflexión sobre la educación anti patriarcal y anti capitalista, pensada en el cambio para la construcción de poder popular y la defensa de los territorios. El profesor de la Usco Hernando Gutiérrez, por su parte, resaltó que los miembros de la Mesa de la audiencia pública han estado vinculados con los procesos de los movimientos sociales y estudiantiles, e invitó a la comunidad universitaria a hacer parte de la construcción de un nuevo país.
El proyecto de ley que tuvo su primera discusión en las ágoras de la Usco, es la primera propuesta con la cual se abre el debate en el congreso, como explicó el joven senador Ariel Ávila. Con este proyecto se busca saldar la deuda histórica que tiene el gobierno Nacional con las instituciones de Educación Superior, ya que se busca cambiar la metodología de financiación de las IES oficiales del país. Cabe aclarar, puntualizó Ávila, que este proyecto no implica la reforma integral de la Ley 30 ni profundiza en temas de calidad; sin embargo, tampoco excluye estas iniciativas. Se trata de solventar en primera medida la principal problemática que enfrentan hoy las universidades públicas, relacionada con la grave desfinanciación que han padecido en los últimos lustros, como lo precisó Leyla Rincón, representante huilense por el Pacto Histórico. “Como la tarea es tan grande, hay que empezar de a poco”, explicó Rincón.
Gabriel Becerra señaló que no todos los jóvenes tienen acceso a la Educación Superior, hay financiamiento a la oferta y no a la demanda, es decir, se ofrecen créditos educativos a altos costos en lugar de financiamiento a las instituciones públicas, e invitó al estamento docente a realizar aportes a la mesa, pues “aquí hay una lucha de muchas generaciones”. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza, encargada de exponer el proyecto de ley, manifestó que el espacio que se dio es un reconocimiento a las luchas del movimiento estudiantil y docente durante los cuatro años del anterior gobierno, en las que ella tuvo una destacada participación como líder estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá.
El proyecto de ley surge a partir de insumos aportados por el movimiento estudiantil, el Sistema Universitario Estatal, el Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Pedraza agregó que el desfinanciamiento es la principal problemática, cuando se pretende implementar iniciativas que solventen las diferentes necesidades de las Instituciones, las cuales se han triplicado, mientras que los recursos destinados a solventarlas se mantienen casi congelados. En resumen, los componentes del proyecto de Ley se basan, en primer lugar, en la reforma del artículo 86 de la Ley 30, de modo que se ajusten los de costos reales de acuerdo con el índice de costos re la educación superior publica, el cual calcula el DANE, 2. se contemple la ampliación de planta docente y trabajadores, 3. bienestar universitario, 4 incremento de cobertura, pero garantizando la calidad
Los puntos clave del proyecto, se refieren a garantizar que los recursos presupuestales que otorga el gobierno central a las Universidades se incremente según el ritmo de aumento de los costos e inversiones de las instituciones; el pago de la deuda histórica con las IES por parte del gobierno nacional que asciende a 18.3 billones de pesos; y la articulación de esfuerzos para superar el el abandono en el que se encuentran las Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en los territorios (ITTU) , las cuales se financian con recursos locales y no reciben aportes del Gobierno Nacional.
Ricardo Moreno, representante del Ministerio de Educación, hizo un llamado a que los estamentos universitarios se conviertan en referentes para la construcción de la Paz Total desde el aporte social en la formación de profesionales, resaltó la necesidad de reformar el ICETEX, cambiar la lógica bancaria con la que se maneja esta entidad y humanizar sus formas de organización; Moreno, hará parte del Consejo Superior Universitario de la Usco, como representante del Ministerio. Por su parte, Alejandro Álvarez, miembro del SUE y rector de la Universidad Pedagógica Nacional, resaltó que “las grandes universidades públicas estatales del país trabajan con las uñas… esto es indigno y no lo podemos seguir tolerando”, pues la deuda del gobierno central con ellas asciende a más de 18 billones, lo cual no solo afecta a las instituciones estatales que se encuentran en las diferentes regiones sino también a universidades como la Pedagógica y la Universidad Nacional.
En el espacio de participación de la comunidad universitaria, la profesora Dolly Arias manifiestó que la crisis actual pone en riesgo el acceso a la Educación Superior, lo que conlleva a la exclusión geográfica, política y cultural. Además, hizo un llamado a que se destinen más recursos a la investigación y la proyección social. Alejandro Sepúlveda, líder estudiantil de la Usco afirmó que se debe dar una reforma integral a la Ley 30, y fortalecer la autonomía universitario de tal modo que se impida a los clanes politiqueros que se inserten en las instituciones y utilicen la universidad como “fortín burocrático» al servicio de sus afanes electoreros y de poder. Finalmente, Sepúlveda recalcó la necesidad de que se esclarezca lo relacionado con la meta de ampliación de cobertura de las Universidades, pues debe acompañar de garantías presupuestales y de condiciones básicas y estructurales que afiancen el proyecto universitario
Al final de la audiencia, voceros de los diversos colectivos y representantes de la comunidad universitaria hicieron uso del micrófono para expresarse ante los congresistas y asistentes. El profesor Carlos Javier Martínez, integrante de la Mesa Amplia de Profesores, sostuvo que “es desde los márgenes que se construye el pensamiento, el desarrollo y el conocimiento”. Asuntos como el restaurante La Venada, las Violencias basadas en género, la escasa cobertura, la precariedad de las condiciones de contratación de buena parte del personal docente, la desfinanciación que afronta la Usco por cerca de diez mil millones de pesos para lo que resta del año 2022, fueron algunos de los puntos que se trataron en las intervenciones de la comunidad universitaria.
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