La multinacional Emgesa, luego de once años de otorgada la licencia ambiental , se ve en apuros por el incumplimiento a las consideraciones a las que se comprometió y que al son de hoy aún no ha dado respuesta. Entre los afectados están el departamento del Huila, las familias que se vieron afectadas y el medio ambiente regional.
El proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se localiza al sur del departamento del Huila, entre las cordilleras Central y Oriental sobre la cuenca alta del río Magdalena al sur del embalse de Betania entre el Macizo Colombiano y la desembocadura del río Páez en el Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Altamira, Tesalia y Paicol, en una distancia de 69 km al sur de Neiva.
Desde marzo de 2008 se empezó el trámite solicitud de licencia ambiental para la construcción y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica El Quimbo, esta fue aprobada en mayo de 2009 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en diciembre del año 2008 se creó una mesa de concertación por solicitud del entonces presidente de la república, producto de esta se suscribió el “Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia. El Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura (no firmó) y EMGESA S.A. E.S.P.” como hace constancia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Según este acuerdo se crean 48 compromisos y según el mismo “la competencia de la ANLA corresponde específicamente al seguimiento de las obligaciones que hacen parte de la licencia ambiental en su artículo décimo segundo.”
La Resolución No. 0899 del 15 de mayo de 2009 la cual otorga a EMGESA S. A. E. S. P. licencia ambiental para la elaboración del proyecto hidroeléctrico en mención, en su artículo decimo primero establece que: “La empresa EMGESA S.A. E.S.P. deberá reasentar toda la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto que resulte afectada por éste, para lo cual deberá implementar todas las medidas previstas en el Cuadro de Compensaciones por Reasentamiento, numeral 3.3.4 del artículo anterior, dentro del plazo de dos años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. En cumplimiento de lo anterior, EMGESA S.A. E.S.P. deberá ejecutar las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población afectada, y en especial, de los grupos poblacionales vulnerables en razón a su condición socio-económica, física o mental.”
Siendo así, la multinacional se comprometió a adecuar 5.200 hectáreas de tierra de las cuales 2.500 ha serían para las unidades familiares y 2.700 ha para la restitución a los municipios, según ANLA el proceso se llevó a cabo de la siguiente manera: En relación con el Reasentamiento de Población, 100% de familias reasentadas que corresponde a 151: -111 familias en Reasentamiento colectivo, 40 en Reasentamiento individual: 15 Gigante, 16 Llano de La Virgen, Altamira, 8 Garzón, y uno (1) El Agrado. 232 familias optaron por negociación directa. 35 familias a las que se entregó parcela. Cuatro (4) Distritos de Riego, 3 Culminados: Montea – Gigante, Santiago y Palacio – Garzón y San José de Belén – Agrado. 1 en construcción Llanos de la Virgen – Altamira.
Sin embargo, según el Movimiento Ríos vivos, hasta diciembre de 2018 esta sentencia no se había llevado a cabo, además se destaca que la ANLA supuestamente ha actuado a favor de la empresa por lo cual ha perdido legitimidad en el departamento del Huila entre otras cosas porque al parecer la licencia ambiental otorgada al proyecto no contó con el aval de la gobernación del departamento, por otro lado Miller Dussan Calderón docente de la Universidad Surcolombiana y presidente de ASOQUIMBO, en un artículo de noviembre de 2018 respecto a la adecuación de las 5.200 ha con adecuación de riego por gravedad manifiesta que “corresponden a 500 lotes, mínimo de cinco hectáreas a igual número de familias, inicialmente censadas como residentes en el área afectada, no se cumplió debido a que no restituyó la actividad productiva adquiriendo tierras baldías para los reasentamientos sino que optó por su reemplazo generando mayor desplazamiento.
En este mismo artículo también se menciona que “Para los reasentamientos inconclusos únicamente adquirió 750 hectáreas para 150 familias y bajo las órdenes judiciales de expropiación con entrega anticipada de predios obligó a 350 familias a recibir dinero negándoles el derecho a la restitución de sus actividades productivas para lo cual tenía que haber adquirido 1750 hectáreas adicionales. Tampoco se cumplió con lo estipulado en el “Documento de Cooperación” de adquirir por parte del Ministerio de Agricultura “aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2.700) hectáreas previa presentación del estudio por parte de EMGESA de los posibles predios sobre los cuales construirá la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de influencia del Proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros ), de acuerdo con lo previsto en el numeral tercero de las obligaciones de EMGESA.”
El pasado 2 de noviembre el gobierno departamental, por medio de Luis Alfonso España convocó a una reunión presencial en cual participaron los voceros de la Comisión de Seguimiento a los incumplimientos de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, así como alcaldes y funcionarios del gobierno departamental, esto con el objetivo de informar y concertar sobre las compensaciones en cuanto a las 2.700 has de tierra con riego por gravedad, así lo informó Miller Dussan Calderón fundador de Asoquimbo en el siguiente audio y en el cual también se rechaza la intención de modificar la sentencia supuestamente con el fin de favorecer la multinacional afectando a las víctimas. En la reunión los voceros de la comisión de seguimiento del PHEQ buscarían exigir el cumplimiento de la sentencia por parte de la multinacional EMGESA, también por las perdidas económicas que el incumplimiento le ha dejado al departamento que oscilan entre los 45.000 millones de pesos anuales, es decir 36 mil toneladas de alimentos al año.
Acerca del Autor
Tiempo de lectura
5 minuto(s)Alcance
Artículo visto 268 vecesArtículos Relacionados
