El “fracking” o fracturamiento hidráulico es el método empleado para extraer hidrocarburos (petróleo y gas) que yacen en rocas poco permeables (yacimientos no convencionales) y que dadas estas condiciones geológicas, no permite el movimiento de fluido. Para la ejecución de esta técnica se inyectan grandes cantidades de agua a alta presión mezclada con cierto tipo de componentes químicos que facilitan la salida de dichos hidrocarburos a la superficie.
Recientemente en la Ronda Colombia 2014, llevada a cabo por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se ofreció un total de 98 bloques para explotación de hidrocarburos, de los cuales, 18 fueron ofrecidos para realizar fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas. Aun cuando hace casi dos años la Contraloría General de la República ya había advertido sobre los riesgos que acarrea la implementación de la técnica, los directivos de estas entidades, ministros y demás representantes del gobierno se hacen los de la vista gorda ante las consecuencias de este procedimiento.
Columnistas de opinión, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, comunidades, activistas y organizaciones ambientales, no cesan en anunciar lo que puede ser el fin de los ecosistemas, el declive del agua como único líquido vital y el inicio de daños irreversibles a la salud humana.
Mientras en países europeos y algunos estados de Norteamérica la técnica está prohibida, en Colombia ya fue aprobada su implementación. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energías en Colombia, firmó la resolución 90341 del 27 de marzo de 2014, aduciendo que Colombia ya está preparada para asumir el reto de explotar yacimientos no convencionales de manera sostenible y responsable, además añadió que “permitirá un progreso en la industria y un mayor aporte del sector al desarrollo económico y social del país”. A su vez, basó su argumento en ejemplos remotos de Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama respaldó la continuación de esta modalidad debido al crecimiento económico y energético que conlleva.
No obstante, vuelven y juegan los debates en materia de medio ambiente y costos sociales. Las maneras sostenibles implican restablecer los daños que actividades como éstas pueden generar. Los numerosos proyectos de extractivismo minero energético han podido dar grandes resultados en materia económica y de productividad, pero también perjuicios a poblaciones y ecosistemas que el gobierno y las multinacionales implicadas poco o nada han hecho para reparar.
En entrevista concedida a RCN el viceministro de Minas Orlando Cabrales, aseguró que los riesgos están debidamente establecidos para la adaptación de esta técnica. Así mismo, justificó la llegada del fracturamiento hidráulico como una alternativa ante el poco suministro de gas que hoy existe en el país.
En el Huila no habrá Fracking pero las comunidades siguen alertas
El bloque VSM 16 hacía parte de los 6 contratos para explotación no convencional adjudicados en el reciente proceso de la Ronda 2014. En entrevista al medio local La Nación de Neiva, Nicolás Mejía Mejía, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, confirmó que dicho bloque fue excluido del total que se quiere ejecutar el próximo. La decisión se tomó debido a las manifestaciones ocurridas en rechazo a la posible exploración petrolera en la cuenca hidrográfica del Río Las Ceibas, la cual se pretendía realizar en el mencionado bloque.
El funcionario dio por sentado que aunque en estos momentos no se contempla la explotación por “fracking” en el departamento, no descarta la posibilidad de que en un futuro haya solicitudes de áreas al respecto, siempre y cuando se cumpla con el reglamento y los procedimientos técnicos y ambientales que se requieran.
Entre tanto, líderes del Huila reciben con beneplácito la noticia, pero continúan rechazando los proyectos mineros y energéticos no solo en esta región sino en todo el país. Jesús Quintero, líder campesino y miembro del Asociación Intersectorial de Gigante y Garzón es uno de ellos. Según él, la decisión se debió a cuatro aspectos que él considera cruciales: vulnerabilidad de la zona y antecedentes de más proyectos como represas y explotaciones petroleras; presión de la clase dirigente del Huila para no permitir más acciones de este tipo; posición firme de grupos ambientalistas en las áreas de influencia y conciencia ambiental de las comunidades; y finalmente, las condiciones geológicas del departamento y su localización en territorio nacional (se encuentra en medio de dos cordilleras). También destacó los niveles de concientización en el tema ambiental que desde hace tres años vienen desarrollando para defender la zona, en especial el Cerro Páramo de Miraflores.
Si bien las declaraciones del vicepresidente de la ANH no son una verdad absoluta, el Huila ha sido objeto de blindajes ambientales por parte de altos funcionarios como el mismo presidente Juan Manuel Santos que en tiempos pasados afirmó que no habría más represas. No obstante, la afirmación es contradictoria frente al más reciente caso del Plan Maestro de Hydrochina, que desde las políticas mineras y energéticas busca un aprovechamiento del río Magdalena a través de un número elevado de represas que se instalarían en todo el trayecto, desde el nacimiento hasta la desembocadura. Sumado a esto, la contemplación de microcentrales eléctricas en afluentes como el Río Baché y Las Ceibas.
Por su parte, Alfredo Muñoz, ambientalista y defensor del Cerro Páramo de Miraflores, expresó que “así el gobierno haya tomado la decisión, el Huila está unido para decirle no a la explotación petrolera bajo ninguna modalidad y está preparado para asumir la defensa de los ecosistemas y el territorio”. Además recordó la importancia del Huila en materia agrícola e hídrica y la necesidad de ser conscientes de estas potencialidades para no permitir más intervenciones que conlleven afectaciones directas a los ecosistemas y en especial a las reservas acuíferas de la región.
La locomotora minero energética sigue andando sin frenos. La técnica del fracking empezará a regir a partir del próximo año en cinco bloques del país que comprenden los departamentos de Tolima, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caldas y Norte de Santander. En el Huila, a pesar de haberse descartado, las comunidades continuarán levantando su voz de protesta y realizando más actividades que hagan frente a la problemática ocasionada por este tipo de intervenciones.
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