Hoy se ha tornado habitual que en Colombia, el país que se hace llamar en su Constitución Política un ‘Estado social de derecho’, las personas sientan la necesidad de organizarse en gremios y/o asociaciones y acudir a acciones para hacer valer sus derechos. En esa situación se encuentran actualmente integrantes de la Asociación de Trabajadores Discapacitados y Enfermos por la Industria Minero Energética de Colombia, ASOTRADEIMENE.
La mencionada, es una asociación de extrabajadores de la industria petrolera, personas que sufrieron accidentes laborales en repetidas ocasiones, y que hoy se encuentran en precarias situaciones debido a que fueron despedidos sin explicación ni argumentación alguna, señalan los manifestantes.
“Como ya estamos enfermos no les servimos para nada, entonces nos tiran a la basura” comenta con la mirada al suelo y la voz entrecortada Urbano Casilima, quien es residente del municipio de Baraya y lleva más de cuatro años a la espera de que la justicia colombiana actúe.
Cada uno desde su posición de sujeto directamente afectado ha llevado una lucha individual contra la violación de sus derechos laborales por parte de las industrias petroleras, algunos desde hace tres años y otros desde hace más de doce, pero en el año 2014, después de pleitos perdidos y disputas frustradas, los extrabajadores decidieron unir fuerzas y conformar la mencionada asociación, la cual hasta el momento no concreta soluciones.
Constanza Arias, Defensora del Pueblo Regional en diálogos con Suregión mencionó que han realizado acompañamiento a dicha situación, “hace dos años fuimos al Congreso con ellos para que expusieran la problemática, les ofrecimos asesoría jurídica, eso se hizo a nivel central, a nivel regional hace un tiempo los citamos a una reunión para hacer seguimiento”, a lo que los protestantes señalan que aquello es una ‘burla’ porque los citan a encuentros donde jamás se puntualiza nada.
Hace más de 15 días, un grupo de doce integrantes de la agremiación dijeron no más violación de derechos laborales y se tomaron las afueras del Palacio de Justicia en la capital huilense. Hombres y mujeres se encuentran encadenados día y noche en aquel lugar y tres de ellos, en su afán de que los entes de control pongan los ojos en la difícil situación, han tomado la decisión de coserse la boca con alambre.
“Ya vamos para veinte días y hasta ésta semana se acercó la Secretaría de Salud únicamente a tomarnos los datos y a ver en qué condiciones nos encontrábamos, es indignante que ni el alcalde ni el gobernador se aparezca por estos lados”, menciona John Carlos Ninco Bonilla, presidente de la Asociación seccional Huila. Suregión acudió a la Secretaría de Salud municipal pero no fue posible obtener un pronunciamiento de la dependencia.
A continuación el protestante da desarrollo a sus planteamientos:
A los trabajadores discapacitados los acobija el artículo 26 de la ley 361 de 1997, ¿qué señala la normatividad y qué procedimiento se debe llevar acabo cuando se pasa por alto dicho reglamento?, el Jefe de Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, Gabriel Realpe, explica en el siguiente audio:
La situación de aquellas personas es crítica, ellos afirman que han dado pleitos jurídicos que terminan en nada argumentando que en numerosas ocasiones a sus abogados los ‘compran las empresas petroleras’ lo que hace que los jueces terminen fallando en su contra.
La Defensoría del Pueblo Regional, señaló que las acciones a realizar por su parte serían las de informar de la problemática a la Fiscalía y la Procuraduría y requerir al Ministerio para que las ARL hagan sus respectivas valoraciones.
Hoy más de doce familias del departamento del Huila esperan que la justicia llegue a sus hogares.
Fotografía por: Laura Medina
Acerca del Autor
Tiempo de lectura
3 minuto(s)Alcance
Artículo visto 147 vecesArtículos Relacionados
