El proyecto: “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”
El pasado 12 de septiembre el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó un proyecto de ley: “por medio de la cual se modifican el código penal, el código de procedimiento penal, la ley del procedimiento sancionatorio ambiental, el código nacional de tránsito y el código de infancia y adolescencia, con el fin de fortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo, y se dictan otras disposiciones”(ver proyecto); junto a otros dos proyectos de ley en materia del tratado del atlántico norte (ver proyecto) y la reestructuración de la justicia penal militar o policial (ver proyecto).
Vídeo Ministerio de Defensa
La iniciativa, está sustentada en el documento “en aras a garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social y con el fin de proteger los derechos de todos los colombianos en el territorio nacional, es necesario fortalecer las medidas penales para sancionar efectivamente a las personas que promueven los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos en distintas regiones del país”.
El proyecto de ley en su Artículo 11°, expone la modificación del artículo 353 A de la Ley 599 de 2000, Código Penal, indicando que “el que incite, dirija, participe, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la movilidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de treinta y seis (36) a sesenta meses (60) y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”, además aumentará en una tercera (1/3) parte la pena, si el manifestante hacen uso de elementos que cubran su rostro, “medios que impiden su plena identificación por parte de las autoridades o utilizando falsa identificación”.
El contexto: “es imposible dejar de hacer un parangón con lo que sucedió en 1977 cuando se dio el Paro Cívico Nacional”
Iniciativas que se muestran constantes en otros países latinoamericanos. En Chile el Presidente Sebastián Piñera ha anunciado la puesta en marcha de nuevos proyectos legislativos, especialmente dar “urgencia" a la ley Antiencapuchados y defender la aplicación de la Ley Antiterrorista en la región de la Araucanía, que atentaría contra los derechos de ciertas categorías de chilenos en momentos en que se mantienen las protestas estudiantiles, según dijo Félix Madariaga, activista y defensor de derechos humanos a RT (ver enlace).
Para tratar de comprender el caso colombiano es importante recordar y analizar la situación que vivió el país con el Estatuto de Seguridad que el Gobierno de Turbay Ayala instauró después del Paro Cívico Nacional de 1977. “Un estatuto que ponía a los civiles en juiciosos ante juzgados militares, prohibía expresamente reuniones abiertas para tocar temas de política y que provoco la mayor crisis de presos políticos de que se tenga conocimiento solo comparable con la que se tiene hoy en el país (140 mil presos, de los cuales de 12 a 15 mil son presos políticos, casi uno de cada 10 presos es un preso político, dirigentes sociales, miembros de la población víctimas de montajes judiciales). Turbay Ayala lo resumió en una frase: “aquí el único preso Político soy yo”, una frase que marca la lucha por los derechos humanos, por la libertad de los prisioneros políticos”, según resaltó Andrés Barona, Secretario Ejecutivo de la seccional Huila del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Similares situaciones se presentan en Argentina (ver detalles) y Ecuador (ver enlace).
¿Otro estatuto se seguridad?
En Colombia las movilizaciones son comunes durante todo el año, en los últimos meses, con mayor intensidad, el sector agrario, salud, minero y estudiantil han salido a las calles. El mes pasado se levantaron los bloqueos del Paro Nacional Agrario más importante en los últimos treinta años en el país. “Un paro agrario que logró prácticamente bloquear 17 departamentos, que rompió el cerco mediático que se tejía sobre él, es decir todos los medios, no solo los alternativos y los que siempre hacen cubrimiento a estas movilizaciones, sino también los medios de comunicación que de alguna manera han estado siempre en la intencionalidad de ocultar la trascendencia o la importancia de dichos procesos, se vieron obligados a referenciarlos desde el sumo de los procesos”, agregó Barona del CPDH.
Sumado a esto, los diálogos en la Habana han supeditado pulsos entre las partes en conflicto armado, dejando a la luz la presión del ala más militar más ultraderechista del Gobierno y los “bombardeos” constantes por parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
En este panorama es que se presenta por parte del Ministro Pinzón la propuesta de modificación del artículo 353 A de la Ley 599 de 2000, Código Penal. “Este ministro que lleva un discurso totalmente diferente al discurso que ha manejado santos en la Habana, que permanentemente muestra en las Naciones Unidas en la Asamblea General, en los Medios de Comunicación; le está diciendo necesitamos más garantías para reprimir”, aseveró el defensor de Derechos Humanos.
Las opiniones: “el poder militar debe estar supeditado al poder civil”
Varios sectores políticos y sociales a nivel nacional se han pronunciado al respecto señalando que el Gobierno Nacional tiene claras intenciones de criminalizar la protesta social. “La propuesta del ministro Juan Carlos Pinzón coloca en un mismo nivel a las manifestaciones legítimas frente a aquellas que incurren en la ilegalidad y para las cuales hay sanciones estipuladas por ley”, indicó a EL MUNDO Clara López, presidente del Polo Democrático.
Alrededor de la inconformidad han surgido campañas como “Campaña contra la criminalización de la protesta y la lucha popular” en Medellín (ver enlace), y a nivel de la red en el portal secure.avaaz.org,la iniciativa “La criminalización de la protesta social atenta contra los derechos humanos” (ver enlace)
Al respecto Fabian Mera dirigente de la guardia indígena del CRIHU (consejo Regional Indígena del Huila) hizo mención al tema, en momentos en que las comunidades indígenas inician jornada de movilización en todo el país reclamando el cumplimiento por parte del Gobiernos Nacional de los distintos acuerdos regionales y nacionales. Más de 1000 indígenas de los departamentos del Huila, Cauca y Caquetá marcharían hasta la ciudad de Neiva a partir del martes 15 de octubre. La movilización según indicó Leonardo Ome Quinayas es a tiempo indefinido, hasta que el Gobierno de reúna con la comisión nacional indígena alrededor de temas como: Territorial, Bioenergético, TLC- Referendo, Derechos Humanos, Conflicto y Paz, Autonomía – Gobierno y Sistemas.
Tambien la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se ha pronunciado sobre la que consideran inconcebible perpetuación de la criminalización de la protesta popular por el alto grado de represión que se ha ejercido contra la que consideran justa lucha del pueblo. “El militarismo siempre será contrario a la democracia, la idea de paz y la justicia social. Cuestión que se agrava con la implementación de nuevas plataformas tecnológicas y estrategias para favorecer el espionaje y la persecución al pensamiento crítico, como la plataforma PUMA, así como el fuero militar que perpetua la impunidad y declara "blancos legítimos" a quienes pensamos diferente al régimen”, expresó a través de su página oficial. También la organización en su VIII plenario nacional Mesa Amplia Nacional Estudiantil (ver enlace) consensuó la realización del gran paro estudiantil universitario los días 16 y 17 de octubre, exigiendo al Gobierno Nacional que empiece a inyectar presupuesto a las universidades para superar el déficit.
Vídeo realizado en la USCO para llamar a la movilización
“En el marco de la protesta social que se ha desarrollado en los últimos meses en el territorio nacional, se ha evidenciado que estos espacios democráticos han venido siendo utilizados por grupos delincuenciales y grupos armados al margen de la ley para promover la violencia, la utilización de vías de hecho y los bloqueos de las vías públicas, hechos que afectan gravemente los derechos de los ciudadanos e impactan el orden público”, argumenta el proyecto de ley que el Ministro de Defensa radicó en el Congreso de la República colombiana el pasado 12 de septiembre. En un país que protesta a diario, los sectores siguen movilizándose.
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