En 1992 Myriam Jimeno Santoyo hablaba en su trabajo “Los indígenas colombianos, hoy: su situación real, problemas y alternativas”, de la crítica situación en que se encontraban algunos pueblos indígenas por “los efectos de la tensión y violencia generada por la presencia de grupos armados cerca o dentro de sus territorios”. Paralelo a esta realidad resaltaba los avances en materia de reconocimiento de derechos particulares: la aceptación de la existencia de formas específicas socio-culturales y de territorios indígenas por parte del estado colombiano; recalcando que era aún poco lo que las políticas oficiales indigenistas habían logrado, apenas un paso en un largo camino. Pues “algunas normas sobre circunscripción política y administrativa, territorialidades y enseñanza bilingüe quedaron en la nueva Constitución sujetas a volverse realidad mediante leyes particulares, todavía sin concretarse”, indicaba Santoyo (ver enlace).
Han pasado más de 20 años desde entonces. La población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas según el DANE, de ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes. Por su parte el censo de Acnur, contrastado con cifras presentadas por las organizaciones que representan a estas comunidades, indica que hay 87 pueblos ancestrales en Colombia, 102 pueblos indígenas, 18 de ellos en peligro de extinguirse.
De los cuales aproximadamente 70,000 han sido desplazados por el conflicto armado interno colombiano. “De acuerdo con las cifras oficiales, entre el 2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a pueblos indígenas (aproximadamente el 70% del total de desplazamiento indígena registrado)”, dicen las cifras de Acnur. Por su parte la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC) en informe presentado el 14 de marzo de 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señala que sólo en 2012 se registraron 44 casos de desplazamiento masivo de comunidades indígenas con un total de 12.304 personas (ver enlace). Calcula que las cifras pueden ser mayores teniendo en cuenta que muchos indígenas no tienen acceso al registro, debido a la lejanía de sus tierras o porque no manejar el idioma español o no conocer el sistema nacional de registro (ver enlace).
Entre los motivos de desplazamiento de los indígenas se encuentran las confrontaciones armadas, amenazas, masacres, minas anti persona, reclutamiento forzado de menores y jóvenes; el padecimiento de fenómenos como la prostitución, abuso sexual y la ocupación de sus territorios por parte de multinacionales extractoras de recursos naturales.
En el periodo entre 1998 y 2008, la ONIC reportó el asesinato de 1,980 indígenas, para los primero cuatro meses del año 2013, según el monitoreo realizado por el Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas (Observatorio ADPI), 24 indígenas fueron asesinados (ver enlace). Situación que para la ONIC se agrava por el abandono institucional por parte del Estado que no sólo ignora las necesidades básicas de las comunidades indígenas y no tiene en cuenta el desarrollo económico de estas, sino que además los deja aislados sin acceso a carreteras, con el peligro de los grupos armados y las grandes industrias extractivas presentes en sus territorios ricos en biocombustibles, petróleo, minerales, agua (Hidroeléctricas) y madera.
Panorama que James Anaya, relator especial de la ONU para los Pueblos Indígenas en su informe de 2010 consideró grave, crítica y preocupante, y ante la cual las Naciones Unidas han considerado oportuno que se fortalezca la protección a líderes indígenas, solicitando medidas cautelares (ver enlace).
“Los políticos sólo acuden al indígena en elecciones, después responden ante los empresarios”, señaló Jesús Javier Chávez, consejero mayor del Consejo Regional indígena del Cauca (CRIC), en su visita a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) en España. Una visión que comparten los pueblos indígenas en Colombia. Argumentando que históricamente lo económico ha estado mal distribuido, pero que el estado les recrimina su oposición al desarrollo económico del país. Lo que según informe de UNICEF se debe a que existen diferencias frente a los patrones de manejo del medio ambiente: “La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no sólo la superficie sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc. – que hay en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual, propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas”. A diferencia de la visión antropocéntrica occidental, en las sociedades indígenas los hombres formamos parte de la naturaleza, junto a otros seres, y ésta no puede ser objeto de uso desmedido ni menos aún de explotación. A la tierra se le debe la propia existencia y por eso hay que cuidarla. Tal vez a ello se debe el carácter de propiedad colectiva. Esta relación tan estrecha con la tierra y la naturaleza hace que hasta hoy las demandas principales de los indígenas y sus organizaciones tengan que ver con la tierra y con el territorio” (ver enlace).
Por otro lado, el informe de UNICEF en 2003 resalta que los principales problemas en el sector salud que aún siguen presentes en las comunidades indígenas son la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, el desconocimiento de su cultura médica y la dificultad para que se cubra a toda la población indígena con los servicios de salud que les son necesarios.
Aunque los pueblos indígenas reconocen los avances en políticas desde la constitución del 91, tienen presente, como lo enuncia el informe de UNICEF, que su realidad como pueblos indígenas está marcada por los despojos y abusos, es la realidad del hambre y la miseria material, la del saqueo colonial y la explotación de las poblaciones nativas. “Por ello, postular los derechos de los pueblos indígenas a la distintividad, a la igualdad y a lo propio no es suficiente. Es preciso el derecho al mejoramiento económico y social, derecho que remite a un extenso número derechos: al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y a la justicia económica, derechos que hacen parte de los derechos a la igualdad de estos pueblos. Hay que establecer, a partir del reconocimiento, que los pueblos indígenas requieren políticas aplicadas y efectivas, orientadas a mejorar sus estándares de vida”, señala el estudio.
Situaciones que marcan la realidad de los pueblos indígenas en Colombia y que en las últimas décadas han suscitado frecuentes manifestaciones de protesta. Que son entendidas en el ensayo de Elizabeth del Socorro Ruano Ibarra aprovechando la argumentación de la investigadora Rappaport “actividades dirigidas a la legitimación del territorio, como caminar o desplazarse a lo largo de sus límites” (ver enlace), para exigir al Gobierno Nacional la resolución y acompañamiento de las problemáticas que afrontan.
Video: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
Así, desde este panorama y otras situaciones que se nos escapan en este trabajo, el día lunes 14 de octubre los indígenas colombianos volvieron a “caminar la palabra”, en resistencia. La MINGA SOCIAL, INDIGENA Y POPULAR, por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía, se extiende por todo el territorio nacional. Con la participación de todos los Pueblos y las 44 organizaciones indígenas que hacen parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC. Buscan entablar diálogos con el Gobierno para exigirle el cumplimiento de acuerdos pasados y la puesta en marcha de salidas integrales a las problemáticas que los aquejan (ver enlace).
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