Treinta años no es nada….

Después de instaurar la demanda por genocidio contra el Estado colombiano ante la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la UNIÓN PATRIÓTICA,  surgida de los Acuerdos de Cese al fuego, Tregua y Paz, firmados entre el gobierno de Belisario Betancur Cuartas y las FARC-EP, el 28 de marzo de 1984 en la Uribe (Meta), debió esperar treinta años para que un Juez dijera lo que todos los upeistas veníamos gritando desde que iniciaron a perseguirnos y matarnos. Esto es, que cada atentado, asesinato, desaparecido o amenazado, formaba parte de un operativo sistemático dirigido a exterminar a la organización política, y que tras esa criminal campaña ejecutada por miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y sicarios contratados por encargo de los autores intelectuales y financiadores, el Estado colombiano era responsable por la acción de miembros de sus instituciones y por omisión cómplice al desconocer su deber de garantizar la seguridad, y muy especialmente la vida, de todos los colombianos.

Por: Pablo Emilio Escobar Polanía, sobreviviente al exterminio de la Unión Patriótica

En el Huila, los upeistas tuvimos claro el verdadero propósito de la oleada criminal desde antes de realizar el primer acto público de presentación de la organización, el domingo 19 de mayo de 1985 en Algeciras, cuando el Segundo Frente de las FARC-EP, por intermedio del comandante Javier, expresaría la decisión  fariana de transformarse en partido político como contribución al proceso de paz pactado. 

Aquella vez, los compañeros Arsenio Parra y, luego, Humberto Perdomo Sánchez, civiles que por orientación de la Coordinación Departamental cumplían trabajos preparatorios al acto de presentación, fueron asesinados en un retén militar ubicado a la entrada Sur del poblado, y presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

Después, el 10 de junio de 1985 realizamos el acto de lanzamiento de la UP en la neivana inspección de San Luis. Allí hizo fraternal presencia como invitado el senador liberal Guillermo Plazas Alcid, acompañado, entre otros, del cronista Jonatán de la Sierra, quien días más tarde escribiría para el periódico EL SURCOLOMBIANO^[1], el siguiente testimonio: “(…) El aludido, que no participaba en la plática, dijo “yo soy Guillermo Plazas Alcid”. El soldado sonrió contento. Roto el hielo, los uniformados nos tomaron confianza y cuando alguien tocó el tema de la tregua de paz, uno de ellos manifestó: “Aquí entre nos, para nosotros la tregua no existe, y las instrucciones son de buscar a los guerrilleros donde se encuentren”. Algo similar había manifestado días antes un oficial en la localidad de Santa Rita, en la misma zona, cuando alguien le preguntó su opinión sobre el proceso de paz y él respondió: “¡Que paz, ni qué hijueputa!! ¡Al guerrillero que se nos atraviese lo bajamos!!” Y, para ellos, guerrillero era todo el que expresara simpatías hacia el nuevo movimiento político.

También en 1985, es decir, a solo cuatro meses de actividad y antes de participar en un debate electoral como UNIÓN PATRIÓTICA, el 11 de octubre de 1985, en la vereda El Tabor, municipio de Palestina, área militarizada por unidades del Batallón Magdalena del ejército nacional, fueron masacrados Jaime Loaiza Gómez, Yesid Loaiza Tunjo, Martín Humberto Coy y Jesús María Galindo. Jaime Loaiza Gómez, de origen liberal, ejercía como presidente del Concejo Municipal y había ingresado a la UP como vocero de la bancada del Frente Democrático, organización que se incorporó desde el principio a la naciente organización.

La de El Tabor fue sólo el bautizo de fuego para la UNIÓN PATRIÓTICA. Después, el 2 de febrero de 1986, en el casco urbano del municipio de Timaná, fueron masacrados Fabiola Rojas de Castro, Flor Castro Rojas y Dagoberto Castro Rojas, los dos últimos hijos de Fabiola. Allí mismo quedaron heridos Marta Cecilia Castro Rojas y el profesor César Tulio Zambrano, quien semanas después moriría a causa de las heridas sufridas. La sobreviviente Marta Cecilia, de dieciséis años, dijo el DIARIO DEL HUILA^[2] que “De pronto sentimos que golpeaban la puerta, yo me asomé por la rendija y vi al sargento comandante del puesto de policía, y al cabo Simón Medina, apodado “cabo machete”. También estaba el hijo de “la tamalera” y otro policía al que le dicen “Gafufo”. Todos iban vestidos de civil”. 

Vendría luego la masacre de La Plata, vereda El Retiro, finca Los Medios, donde, el 16 de noviembre de 1988, fueron asesinados María Inés Quina de Suns, Rafael Suns Medina y María Oliva Suns Medina, de 50, 18 y 22 años, miembros de la misma familia. Rafael Suns, esposo de María y destacado dirigente upeista, sobrevivió porque advirtió a tiempo la presencia de los asaltantes y puso a salvo a sus tres pequeños hijos. Un niño de brazos, hijo de María Oliva, se salvó porque la madre lo protegió lanzándolo bajo la cama. Unidades militares disfrazadas de paramilitares fueron vistos previamente en la zona y señalados como autores materiales del crimen.

Y cerrando el año 1988, tal vez el más fatídico de los primeros cinco años de la UP en el Huila, vino el asalto al bazar con el que vecinos de la vereda La Urraca, municipio de Tello, celebraban  la navidad el 24 de diciembre. Allí, unidades de policía que desde las primeras horas de ese día fueron vistos en una camioneta 350, parqueada frente el comando de policía en la inspección de San Andrés, llegaron a la fiesta en la misma camioneta y abrieron fuego contra los asistentes, asesinando a Miguel Suache Palomá y a Chávez Cerdera Perdomo, reconocidos upeistas de Tello, cuyos cuerpos, cargados en la camioneta por los mismos asaltantes, fueron desaparecidos. Entre el vecindario quedaron dos heridos.

De esta manera para la UP en el Huila terminaba un año en el que fueron detenidos y desaparecidos los universitarios Tarcisio Medina Charry -caso por el que fue condenado un oficial de la policía- y Carlos José Manchola Silva. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación^[3], Regional Huila, informa la existencia de cincuenta y un desaparecidos en el departamento, y buen número de ellos eran militantes de la UP, presuntamente capturados por hombres del DAS durante 1987: Campoelias Ávila, José Nitor Medina Borja y Paulino Chacón, desaparecidos en Neiva, y Marco Elcias Lizcano Ramírez en Algeciras.

Pero también 1988 fue el año en que nos asesinaron al concejal de Rivera Humberto Santana Tovar, y de Isnos, Narcés Peralta. En 1987 habían asesinado al concejal de Acevedo Reynaldo Alzate, y en 1986 asesinado al concejal de Campoalegre Tiberio Díaz, y amenazado de muerte el concejal de Neiva Ramón Tovar Andrade.

En relación con esta oleada de crímenes, y otros más que estando documentados resulta prolijo relacionar en esta nota, siempre existió alguna fuente muy próxima a los asesinos que nos advirtió de los riesgos de atentado o nos ayudó a identificar a los criminales. Y entre los señalados y, en algunos casos, probados autores de los crímenes, siempre estuvo comprometido al menos un miembro de los organismos de seguridad del Estado.

Por esta razones, los organismos de dirección del partido político elevaron denuncias ante la Procuraduría General de la Nación o ante las autoridades civiles y militares, y siempre la respuesta fue la misma: ¡demuestren! Al respecto, Aida Abella^[4], presidente de la UP, nos recuerda: “Habíamos visitado varias veces al flamante ministro de Defensa del presidente César Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para denunciar estos planes. En su despacho estuvimos con Álvaro Vásquez, Manuel Cepeda y Hernán Motta, entre otros. Jamás se inmutaba ante las gravísimas denuncias y parecía que los muros del despacho eran más susceptibles frente a lo que le decíamos. Su frase preferida, al menos en nuestras reuniones, era “no les creo, pruebas, pruebas”.

Por eso, en 1993, la Corporación REINICIAR, actuando en nombre de la UNIÓN PATRIÓTICA, demandó al Estado colombiano ante la CIDH y, tras movilizar al partido y a las víctimas, documentó caso a caso la sistemática operación exterminio, y pudo probar lo que las autoridades civiles, de justicia, ministerio público y mandos militares, confabulándose con los asesinos, pedían que se probara porque creían que para nosotros era un imposible.

Hoy, cuando el alto tribunal de justicia ha condenado al Estado por el exterminio de la UNIÓN PATRIÓTICA, pensando en nuestros muertos, afirmamos que luchamos incansablemente en todos los escenarios para que triunfara la verdad  y de esta manera honrar la memoria de nuestros miles de víctimas. 

Satisfechos del deber cumplido, creo que valió la pena esperar. Al fin y al cabo, si se trata de aportar a la construcción de la paz total, ¡treinta años no es nada!

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^[1] DE LA SIERRA, Jonatán. En San Luis nos convencimos de que si se puede hacer la paz. En el periódico EL SURCOLOMBIANO, No. 39, Neiva. Junio de 1985. Páginas 6 y 7

^[2] Acusan a la policía por la matanza de Timaná. En DIARIO DEL HUILA, Neiva, sábado 8 de febrero de 1986, página 8.

^[3] POLANIA A, Maritza Un total de 51 personas desaparecidas en el Huila. El el periódico DIARIO DEL HUILA, Neiva, 25 de marzo de 1988.Paginas 1 y 12.

^[4] ROMERO OSPINA, Roberto. Unión Patriótica Expedientes contra el olvido. Bogotá. Pág. 321