En las conversaciones de paz en La Habana se ha dicho que las victimas serán el centro del posconflicto en Colombia. Actualmente gobierno nacional y Farc – EP buscan pedagogía para concretar la reparación.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es el acuerdo sobre víctimas logrado el pasado 15 de diciembre de 2015 en la mesa de diálogos de paz que adelanta el Gobierno y la Farc – EP, con el objetivo de satisfacer con reivindicaciones a las personas que resultaron afectadas en el conflicto político, social y armado.
Cifras recabadas por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (SNARIV) a través de estudios acerca a las personas afectadas por el conflicto armado a los 7.028.776 después del año 2013:
Aunque diversas han sido las situaciones víctimizantes en el conflicto político, social y armado en Colombia, la Corte Constitucional ha hecho especial énfasis en los factores de vulnerabilidad de género:
• Violencia sexual.
• Explotación o esclavización para ejercer labores domésticas.
• Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley.
• Relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales o fuerza pública.
• Pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres.
• Persecución y asesinato por las estrategias de un control coercitivo.
• Asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social.
• Despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales.
• Condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.
• Pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.
¿Qué está ocurriendo en el cumplimiento de la normativa?
La República de Colombia consagra a las víctimas de la violencia el Decreto 4800 del año 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1148 del mismo año o Ley de Víctimas, que establece el procedimiento de inscripción en el Registro Único de Víctimas, la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas, las medidas de estabilización socioeconómica y cesación de la condición de vulnerabilidad manifiesta, gastos judiciales, medidas de asistencia y atención, reparación integral, las instancias de coordinación del Sistema de Atención y Reparación Integral a las víctimas, participación de las víctimas y de los bienes y la articulación con el proceso de justicia y paz.
Así lo precisa el abogado Jhon Edwin Charry Lozano, especialista en Víctimas de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional:
También en materia normativa las víctimas cuentan con los decretos 4829, 4633, 4634, 4635 de 2011 y el 0599 de 2012; con este alentador panorama a nivel teórico sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado, es inevitable que surja la pregunta sobre ¿qué está ocurriendo con el cumplimiento de la normatividad? La realidad genera cuestionamientos desde las mismas víctimas y defensores. A continuación ahonda al respecto el experto de la especialista en Víctimas de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional:
Para efectos de la Ley 1148 son consideradas victimas las personas que individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del año 1985; como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, con ocasión del conflicto armado interno
El Huila piensa sus víctimas para el posconflicto
La región del sur de Colombia abruptamente golpeada por el conflicto político, social y armado desde los últimos 50 años, se prepara desde departamentos como el Huila para acoger procesos de reconciliación. “Hoy entendemos el reto y el desafío de ser una región que ha tenido una importancia lamentable en la historia nacional de este conflicto que ha causado tanto dolor a nuestros ciudadanos», ha dicho Carlos Julio Gonzales Villa gobernador del departamento.
El municipio de Baraya, ubicado al norte del departamento del Huila, es uno de los territorios característicos de los impactos del conflicto colombiano. Las consecuencias se miden en el nivel de miseria, pobreza y desplazamiento forzado del campesinado; de los 9.600 habitantes, 2.600 son víctimas del conflicto, una cifra muy elevada ha dicho el alcalde Luis Ernesto Cardoso.
Según documentos del gobierno municipal, Baraya se convirtió en el laboratorio de la lucha de clases del país finalizando la década de 1920 y ha sido escenario de masacres y asesinatos políticos.
En este casco urbano las FARC-EP inició la práctica del secuestro durante la década del 70, también fue uno de los primeros municipios donde su población fue víctimas de la extorción.
Precisamente son líderes del pueblo barayuno los que a continuación exponen el panorama del municipio ante un inminente posacuerdo en La Habana.
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Las voces hicieron parte de la Audiencia Pública «Paz, Víctimas y Pos-conflicto» desarrollada por el gobierno nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Senado el pasado 11 de febrero en Baraya.
Hoy el departamento del Huila y el municipio de Baraya piden ser declarados como territorios pilotos para el posconflicto; están expectantes de ser reparados en educación, salud, vivienda, redes terciarias, pero fundamentalmente a la espera de que las víctimas sean reconocidas y reparadas conforme lo dispone la Ley .
El Gobernador Carlos Julio González Villa ha expuesto la iniciativa de Empresarios del Campo que articularía el desarrollo agropecuario en el departamento y ofrecería ayudas a las víctimas. Programa que esperan sea vinculado al proyecto Colombia Siembra para ahondar en salidas a la crisis de la producción agrícola en el país.
Fotografía tomada de la web
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