El pasado 8 de julio del presente año, las FARC- EP anunciaron el nuevo compromiso con el desescalamiento del conflicto armado en el marco de las negociaciones que adelanta con el Gobierno colombiano en La Habana, y los llamados que la sociedad civil, sobre todo rural, han hecho a las partes para que cese la confrontación en sus territorios. (Ver: Entre la guerra y la paz: reacciones por fin de cese al fuego unilateral en Colombia).
Fotografía tomada de la web
Luego de la reunión sostenida con los delegados guerrilleros en Cuba, el 18 de julio de 2015, el Frente Amplio por La Paz, las iglesias, la Constituyente por La Paz, la Red Universitaria por la paz y organizaciones de víctimas, manifestaron en comunicado la importancia que tiene el inicio de un nuevo cese al fuego unilateral en un día como El 20 de julio, “fecha emblemática para nuestro país”. (Ver: Jóvenes de Neiva exigen el cese al fuego bilateral en Colombia).
Consideran además que “los tres acuerdos preliminares a los que se han llegado, las declaraciones del alto al fuego unilateral, el comienzo del programa de descontaminación de los territorios de artefactos explosivos, el anuncio de la desvinculación y no reclutamiento de menores de edad, y los otros gestos unilaterales y bilaterales de carácter humanitario, han resultado de gran valor para el proceso de paz, que esperamos fructifique pronto en el cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades”. Creen, también, “que es el momento de orientar el proceso de paz por el camino irreversible del desescalamiento del conflicto armado, del cese definitivo y bilateral al fuego y las hostilidades, y los acuerdos que pongan la base de la paz estable y duradera”. Así como “pactar un acuerdo amplio con un concepto de justicia que tenga en su base la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”. (Ver documento comunicado completo en documento audiovisual de Telesur)
¿Recomendaciones para que no fracase el nuevo cese uniteral?
Durante los cinco meses del más reciente de los ceses bilaterales decretados por la guerrilla, iniciada el 20 de diciembre de 2014, el Frente Amplio por la Paz y demás organizaciones, realizaron a través de organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y ciudadanas la veeduría a este compromiso. En cinco informes demostraron a la opinión pública las ganancias y consensuaron recomendaciones, que son importante recordar en esta nueva etapa.
El llamado vinculante hecho al gobierno, los poderes públicos y la insurgencia, fue a “establecerse y detenerse los elementos de carácter militar, político y legal que han facilitado la persistencia de las acciones y hostilidades”.
• Se debe trabajar por la recuperación de un esfuerzo en entender las ventajas del cese bilateral, y por el desmonte de los factores que mantienen, en riesgo el Cese unilateral por parte de las FARC-EP, como los llamados Planes de Consolidación, Planes de Control Territorial, y desmonte de los teatros de guerra, que traen consigo aumentos inusitados de tropa y bombardeos, en los cuales la población civil, es la más afectada. (Ver: «El cese al fuego no está en un punto adecuado para ninguna de las dos partes»).
• Se debe evitar interpretaciones mediáticas por parte de Altas autoridades de investigación del Estado que desvirtúan la esencia y contenido del DIH. Son Combatientes, los miembros de las fuerzas en contienda que participan de manera directa en las hostilidades y por tal es un grave error transmitir la idea a la opinión pública, que los miembros de las fuerzas o fuerzas en contienda en contienda en el marco de operaciones militares son sujetos protegidos. El Gobierno y los poderes regionales y las autoridades públicas administrativas y militares de nuestro país, deben de manera real concretar las medidas políticas, legales y administrativas que materialicen no solo el cese, sino, el respeto al DIH, incluyendo efectivamente la persecución de las actividades delictivas y políticas del paramilitarismo, sus desplazamientos, sus socios, y su rearme incluidos los del gobierno y las FFMM mismas, estableciendo quienes ordenan los procedimientos contra la población y la oposición de los sectores alternativos; ordenando a quienes en el Estado estén en condiciones de impedirlo, que lo hagan; o juzgar a quienes desde su posición de autoridad públicas, militares o particulares son tolerantes frente a estos casos, o cuando ellos mismos han proferido la orden o la han materializado.
• Para abrir una nueva etapa de convivencia, el desescalamiento de las hostilidades debe ser real, y para ello llamamos a los veedores y a los diferentes sectores de la sociedad en todo el territorio nacional, asumir los aportes, conclusiones y recomendaciones de los informes.
• Al gobierno nacional a asumir las recomendaciones para la recuperación de la confianza de la sociedad para el respeto y reconocimiento de todos en el proceso de paz, incluyendo la fundamental defensa de la vida; para lo cual el gobierno colombiano, debe no solo suspender cualquier acción u hostilidad por parte del conjunto de la fuerza pública.
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