En un informe conciso acompañado de diversos lenguajes (gráfico, audiovisual y escrito), el CICR demuestra que a finales de 2014 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 6.2 millones de desplazados internos. El CICR reportó 875 infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La violencia sexual continuó siendo causa de desplazamiento. “Cuando no pueden desplazarse, las víctimas se ven obligadas a seguir viviendo cerca de sus perpetradores. A menudo, cuando deciden buscar ayuda, son discriminadas y reciben una atención precaria por el personal encargado. La gran mayoría de víctimas son mujeres, pero también hay hombres. Para ellos, hablar de su caso no es siquiera una opción”, dice el informe del CICR.
En relación a la desaparición de personas, “a diciembre de 2014, el Estado había registrado cien mil casos, un aumento de 12% en tan solo un año. De estas personas, casi 73.000 continúan desaparecidas”, niveles descomunales según el Comité. (Ver Colombia: un mural por los desaparecidos).
En cuando a la contaminación de armas, por minas antipersonales o municiones sin explotar, la Cruz Roja Internacional sostiene que los registros de personas muertas o heridas han disminuido pero no deja de ser una preocupación. “Muchas comunidades tienen que suspender su vida cotidiana y perder sus fuentes de ingreso debido a la presencia de artefactos explosivos improvisados, restos explosivos de guerra y minas antipersonal en sus terrenos”. Según la Dirección Contra Minas del Gobierno Nacional, en el periodo comprendido entre 1990 y enero de 2015 se registraron un total de 11.043 víctimas por minas antipersonales y municiones sin explotar. De estas, el 38 % (4.226) son civiles y el 62 % (6.817) miembros de la Fuerza Pública.
Buenaventura, Tumaco y Medellín siguieron siendo el año anterior las tres ciudades más afectadas por la violencia en zonas urbanas. En reportaje audiovisual el CICR presenta las brigadas educativas, como alternativa a la violencia. (Ver video).
El Comité internacional además concluye que el “impacto de las confrontaciones no se ve solo en muertes, heridas y destrucción de bienes. También se refleja en la falta de los recursos mínimos para subsistir, las limitaciones al acceso a la salud o la falta de servicios básicos como agua, saneamiento básico, electricidad o educación, situación que profundizó vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por la violencia”.
En cuanto a la afectación del conflicto y la violencia armada en las mujeres y la niñez, el CICR encuentra que más de la tercera parte de los casos de presuntas infracciones al DIH y otras normas básicas documentadas en 2014 tuvieron como víctimas a mujeres (322 de 875 casos). (Ver: Colombia: Carmelina vuelve a caminar).
El recinto escolar sigue siendo el entorno menos respetado por las partes en conflicto y otros actores armados. “Una de cada cuatro presuntas infracciones a las normas humanitarias tuvo como víctima a un menor (231 de 875 casos)”, dice el CICR.
La actuación del CICR. (Ver infografía)
Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, habla sobre el momento histórico que atraviesa el país. (Ver: Colombia: cinco décadas de guerra y una esperanza de paz).
Fotografía y gráficas tomadas de informe CICR
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