La acción de nulidad radicada el 19 de Junio de 2012 contra el Departamento desde una directriz del Consejo Superior Universitario ante el Tribunal Administrativo del Huila, era la demanda más grande que afrontaba el departamento en cabeza del gobernador electo Carlos Mauricio Iriarte.

El decisión se da al reconocer que es una obligación originada por la entrada en vigencia de la ley 30 de 1992, donde de forma clara genera una obligación de carácter recurrente a la Nación y entes territoriales de realizar aportes a las Universidades de orden nacional, departamental, municipal y distrital; esto lo define el artículo 86 de la ley 30. (Ver comunicado completo)

La deuda según el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, y el Tribunal Administrativo del Huila suma 22.720.000.000.00 al considerar que estos recursos se convierten en aportes periódicos que deben conservar el poder adquisitivo y deben incrementarse según el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

“Este fallo es el resultado de un proceso de gestión realizado desde la actual Administración de la Universidad y representa un gran logro institucional en el marco del reconocimiento de la autonomía presupuestal que la Constitución y la ley consagraron para las Universidades públicas; en este caso particular para la Universidad Surcolombiana, que como ente autónomo universitario, creado como institución de Educación Superior de orden nacional, a formado en el transcurso de sus 40 años a más de 26 mil profesionales al servicio del Departamento”, consideró la Administración de la USCO en cabeza del Rector Eduardo Pastrana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto principal http://www.facebook.com/universidadsurcolombianaoficial