Gobernación niega la deuda con la USCO

2 de octubre de 2013

Para los funcionarios, existe una polarización en torno a dos problemáticas que tienen que ver directamente con la Universidad. Por un lado, está la exigencia del pago de los recursos retroactivos, y por otro, la suspensión del cobro de la estampilla por-Usco.

No estamos obligados

Hernando Alvarado jefe jurídico indicó ante periodistas de la región, que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la USCO para hacer efectivo el pago de 22 mil millones fue apelado por la Gobernación, y se le solicitó a la sala plena del Consejo de Estado conocer de la situación. Por tanto, a la administración no se le puede pedir el giro de los recursos hasta tanto la alta corte no se pronuncie al respecto.

Y aunque el funcionario dijo que el ente acata lo dispuesto en derecho, se manifestó partidario que la Gobernación no le asiste responsabilidad alguna en los dineros reclamados. Tres son los argumentos jurídicos que refuerzan la negativa a reconocer la deuda: el primero se refiere a la caducidad de la sentencia, es decir, que el cobro contempla una vigencia de años extemporáneos a las pretensiones; el segundo, es la falta de idoneidad en el método para hacer efectivo el cobro, y por último, la naturaleza nacional de la Universidad Surcolombiana, situación por la que no sería sujeto de obligación por el ente territorial.

La sumatoria del corpus anterior, según el equipo de asesores, eximiría al departamento de la obligación financiera fijada en primera instancia por el tribunal.

“La Universidad dice que estamos obligados a pagar esos recursos, y nosotros como gobernación decimos que no; además a nadie se le obligar a responder sobre algo que no fallado judicialmente” indicó en tomo tajante Hernando Alvarado, jefe de la oficina jurídica.

Faltan a la verdad

Otra interpretación hace el también abogado Vladimir Salazar, jefe jurídico de la Universidad Surcolombiana. Para el jurista, más allá de lo legal está lo ético, lo moral, y en ese orden de ideas, recordó que el gobernador en periodos electorales se comprometió a pagar la obligación, y ahora dice que no. “La deuda es buena para sacar votos, pero mala para cumplir” indicó.

Frente al primer argumento de la gobernación, Salazar acotó que los recursos públicos no son objeto de prescripción y caducidad, tanto así que el departamento en la contestación de la demanda, nunca manifestó que eran deudas viejas y que no se podían pagar.

Ahora bien, frente a la falta de idoneidad del método esgrimido por Alvarado, dijo que es el último recurso que tiene la Universidad para evitar que los recursos se pierdan. Sobre la territorialidad y naturaleza de la USCO (tercer argumento expuesto por la defensa de la Gobernación) considera que es una postura ingenua pensar que las personas que se forman en el centro de estudios,no son de la región, toda vez que el 94 por ciento de sus estudiantes son huilenses.

A su turno, la dirigencia estudiantil también manifestó su voz de inconformidad con la postura asumida por el ejecutivo. “En rueda de prensa la Gobernación sigue sosteniendo la posición inconstitucional de que nada obliga a pagar los recursos por concepto de ley 30, repite Iriarte la versión de la ex gobernadora Cielo González Villa; además sigue en su negativa de suspender el acto administrativo que dejo a la USCO sin los recursos de Estampilla” expresó Edwin Sánchez Obando, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario.

Conciliación en veremos

Uno de los aspectos cuestionados por los delegados de la gobernación es la negativa de la USCO a conciliar el conflicto. Hernando Alvarado, expresó que en el primer momento se hizo un intento por dirimir el problema a través de un ofrecimiento económico por un valor de 8250 millones de pesos sumado a un sistema de pagos anuales de 1250 millones hasta cumplir el valor pactado. “Hemos querido concertar, pero conciliar no es aceptar” subrayó el funcionario.

La Universidad no aceptó la propuesta, centralmente por considerar que carece de seriedad, toda vez que están sobre la mesa recursos públicos necesarios para el desarrollo regional. Vladimir Salazar recordó que la USCO le ha ofrecido al gobernador un plazo justo, además de darle la posibilidad de no entregar dinero y si obras para la academia. “No es concebible que una deuda de 22 mil se intente trazar con 8 mil” manifestó.
El equipo de asesores de la gobernación recordó que sigue abierta la posibilidad de una nueva conciliación, pero aún no definen una propuesta concreta. Al margen de si se da o no este escenario, lo queda claro es que el fallo que profiera el Consejo de Estado, abrirá toda una tendencia en el país, porque dará luces sobre las verdaderas responsabilidades que tienen los gobiernos con las universidades de orden nacional, departamental y municipal.

Mientras se aclara el asunto, lo cierto es que el recaudo de la estampilla está suspendido por la resolución 418 emitida el 13 de junio de 2013. Para el gobierno, la disposición es un mecanismo de prevención, porque la ley 367 de 1997 fijó como tope máximo de cobro la suma de 30 mil millones de pesos; no obstante, para dirigentes estudiantiles como Edwin Sánchez Obando, la suma es equivocada por la fórmula en que se calculan los valores.

El jefe jurídico de la USCO vaticina que de confirmarse el fallo de primera instancia, se tiene que aumentar el monto de la condena que fijó el tribunal.

¿Compromiso Regional?

En el fondo del conflicto entre Universidad y Gobernación, surge una preocupación sobre el compromiso concreto con el principal centro de estudios de la región por parte del gobierno. Marta Medina Secretaria de Educación Departamental, defiende los aportes que el ejecutivo hace al margen de los recursos captados a través de la estampilla. Para la funcionaria, la administración hace múltiples convenios para asuntos sensibles de la población huilense, y la idea es darle continuidad.

Hernando Alvarado expresó que el gobernador es partidario de revivir el tributo para la USCO, pero que este debe ser un camino a recorrer de la mano de los parlamentarios regionales. Pero su colega de gabinete Luis Eduardo Serrano Secretario de Hacienda, considera que todo el sistema de estampilla debe ser revisado, en términos de rentabilidad y productividad para el Huila.

Vladimir Salazar cree que el problema es mucho más que jurídico, pues está en medio un patrimonio de todos los huilenses.

Como el tema sigue abierto a debate, desde ya la organización estudiantil está convocando a nuevas movilizaciones por defensa de la reforma alternativa de la Educación Superior, y el giro de los recursos de la Universidad Surcolombiana.

Foto principal: www.huilaturistica.com.co

Seguimiento de suregion a la temática:

Protestan estudiantes por proceso con Gobernación del Huila: http://www.suregion.com.co/actualidad/protestan-estudiantes-por-proceso-con-gobernacion-del-huila_270

¿Y la deuda de la gobernación con la USCO? http://www.suregion.com.co/region/y-la-deuda-de-la-gobernacion-con-la-usco_355

La Gobernación en el CSU a último debate: http://www.suregion.com.co/actualidad/la-gobernacion-en-el-csu-a-ultimo-debate_267

¿Por qué se movilizó la USCO el 29 de agosto?: http://www.suregion.com.co/actualidad/por-que-se-movilizo-la-usco-el-29-de-agosto_445

En la calle la USCO sigue exigiendo el pago de la deuda: http://www.suregion.com.co/universidad/en-la-calle-la-usco-sigue-exigiendo-el-pago-de-la-deuda_473