El pasado 9 de abril se llevó a cabo la conmemoración en el ‘Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas’ en el Centro Ferial La Vorágine de la ciudad de Neiva. Víctimas del conflicto armado, y delegados de los gobiernos locales y departamental, así como voceros de diversas organizaciones del campo de la justicia y los derechos humanos, se reunieron en torno a este día para llevar a cabo actos simbólicos de memoria, reconciliación y perdón.

Por: Juan Camilo Ortiz, periodista Suregión

En el acto conmemorativo, hicieron presencia 37 coordinadores de Mesas Municipales de Víctimas del Departamento, líderes, defensores y delegados de la Justicia Especial para la Paz.

Rául Sánchez, Magistrado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), recibió varios informes por parte de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Huila, autoridades locales y diversas ONG. También recibió un informe por parte de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Huila, el cual reúne 120 casos de hechos victimizantes ocurridos en el departamento durante el conflicto armado.

Por su parte, para Víctor Vladimir Vallecilla, víctima del conflicto residente en el Huila, la conmemoración es significativa porque reconoce que en el departamento existen víctimas que requieren ser atendidas. “Buscamos saber la verdad y la no repetición de esos hechos que tuvieron lugar en nuestro departamento”.

Y es que el departamento del Huila no fue ajeno a los estragos provocados por el conflicto armado interno. El pasado mes de agosto del 2018, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Obsurdh) entregó un detallado informe a la JEP acerca de 219 personas presentadas como ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘Falsos Positivos’, en 142 hechos documentados, de los cuales 28 casos con un saldo de 50 víctimas fueron llevadas ante la Sala de Reconocimiento y Verdad del Tribunal Especial de Paz.

El siguiente recuadro es un paneo de medios y redes sociales sobre la jornada conmemorativa del día de las víctimas en Colombia.

Ley de víctimas

La Ley 1448 del 2011 más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue expedida durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos. La ley facultó al Estado para adelantar programas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, reconociendo los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido,no solo por la vía de la indemnización económica sino también mediante la rehabilitación física y sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras. La ley se inscribe en los esfuerzos del Estado, consignados posteriormente en el Acuerdo de Paz con las Farc, orientados a garantizar la verdad, la justicia y la no repetición en los casos de victimización de la población civil colombiana en desarrollo del cruel conflicto armado interno.

Para los efectos de la Ley 1448, la noción de Víctima abarca a «aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno».

Esto quiere decir que los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad de la víctima directa, también son cobijadas con las medidas de protección que establece la ley, que a la letra dice: » Son víctimas el esposo o la esposa, el compañero permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos) de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Si estos familiares no están, se considerarán víctimas a los abuelos» .

Al hacer reconocimiento oficial de la existencia del conflicto armado interno en Colombia, el cual fue sistemáticamente negado por el gobierno de Uribe Vélez, esta ley constituye un hito en la defensa y garantía de los derechos humanos, y es la expresión de la voluntad colectiva de una sociedad que se congregó para debatir y concertar una ley incluyente, viable y responsable, que junto a los Acuerdos del Teatro Colón, constituyen un claro horizonte para el logro de la reconciliación nacional.