La Ley 30 que regula la educación superior en Colombia, sería reformada en los artículos 86 y 87, según lo establece un proyecto de ley que lideran algunos congresistas de la coalición de gobierno, el SUE y los movimientos estudiantiles y de profesores universitarios a escala nacional. La primera audiencia pública sobre el proyecto de ley 084 se adelantó en las Agoras de la Universidad Surcolombiana de Neiva, en pasado 19 de Abril, con amplia participación de la comunidad universitaria y de un grupo de parlamentarios.
La Ley 30 de 1992 que organiza la educación superior como un servicio público. “La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”, dictamina el artículo primero de dicha ley. El proyecto 084 de reforma a la Ley 30, que lidera un grupo de congresistas, se encamina a la reforma de los artículos 86 y 87 de dicha norma, los cuales tienen directa relación con el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior en el país.
Gabriel Becerra, Leyla Rincón, Ariel Ávila y Jennifer Pedraza son algunos de los congresistas encargadas de la construcción de esta iniciativa legislativa. Los artículos 86 y 87 de la Ley 30, según Gabriel Becerra, en rueda de prensa realizada en Neiva el 19 de Septiembre, no han permitido cubrir la financiación integral de las Instituciones de Educación Superior públicas. El congresista también destacó la importancia de la realización de las audiencias públicas en los territorios sobre el proyecto de ley en curso, ya que estas reformas deben ser construidas con los protagonistas, los cuales deben movilizarse y luchar si la necesitan, no es solo una tarea del congreso y el nuevo gobierno. Los congresistas destacaron las necesidades que afrontan las Instituciones de Educación Superior, que abarcan múltiples factores, entre ellos la notable desfinanciación, el abandono de las aulas, las limitaciones de acceso de muchos jóvenes que no llegan a cursar estudios profesionales, las debilidades del bienestar universitario, la insuficiencia de profesores de tiempo completo y de la planta docente, entre otros factores que justifican la urgencia de tramitar con éxito la iniciativa parlamentaria.
Con el proyecto de reforma a la Ley 30 se pretende atacar “el corazón” del problema, pues se prevé saldar la deuda histórica con las universidades públicas, que se estima en 18.3 billones de pesos, así como priorizar la financiación de las Universidades públicas, descongelar los recursos que se asignan cada año para la educación superior, ya que estos aumentan anualmente de acuerdo con la inflación y no en respuesta a los los costos y la demandas reales de presupuesto de las Universidades, que se relacionan con el aumento de la cobertura, las necesidades de incremento de la planta docente en condiciones dignas y estables, entre otros factores que no se contemplan en la actualidad. Otro aspecto de la reforma es la creación de un fondo con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones regionales de educación superior, y mejorar los servicios de bienestar universitario, que incluyan la garantía para una alimentación digna para los estudiantes que lo requieran.
El nuevo delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Superior de la USCO, Ricardo Moreno, entregó un balance positivo con respecto a la política de construcción de una paz total desde los territorios y a través del diálogo. La universidad juega un papel determinante en estos procesos como centro de conocimiento, según Moreno, quien destacó la importancia de trabajar en una propuesta concertada entre universidades públicas, ministerio, congresistas, Instituciones Técnicas Tecnológicas y Universitarias regionales, estudiantes y docentes.
En el espacio se resaltó la necesidad de aportar a la construcción de un mejor país por parte de las universidades, la emergencia en la que se encuentran todas universidades estatales, el reto que ha significado luchar por la educación pública, pertinente y soñada. El líder estudiantil de la Usco Napoleón Gómez, hizo un llamado a la democratización del acceso a la educación, a saldar las deudas y a mirar hacia los territorios. El espacio se prestó asimismo para visibilizar también la crisis de desfinanciación en cerca de 10 mil millones de pesos en la que se encuentra la Universidad Surcolombiana, la cual es tan solo un ejemplo de la crisis que también afrontan las universidades públicas de todo el país, y se reclamaron soluciones a este faltante a través de la gestión de la administración de la Usco ante el gobierno Nacional y la movilización universitaria, con el fin inmediato de obtener los recursos necesarios para finalizar el semestre académico en el mes de diciembre del año en curso.
Es de resaltar que la audiencia que se realizó en la Universidad Surcolombiana, en su sede central en Neiva, es la primera de una serie de audiencias que se llevarán a cabo en los diferentes territorios y universidades públicas, como la Universidad Distrital y la Universidad Francisco de Paula Santander. El proyecto de Ley 084 fue radicado en el parlamento y se trabajará en forma consistente para lograr su aprobación en un plazo prudente, teniendo en cuanta que en el congreso hay una congestionada agenda de las diferentes reformas que plantea el nuevo gobierno. Los congresistas que lo promueven esperan que se articulen las mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, para que la educación pública sea una prioridad en la agenda legislativa del nuevo gobierno. Por otro lado, la congresista Jeniffer Pedraza del partido Dignidad le recordó al gobierno la promesa que se hizo en campaña de destinar 14 billones de pesos para la finananciación de la educación pública superior.
Respecto al panorama de la Universidad Surcolombiana, el delegado del MEN afirmó que desde este ministerio se solicitó recientemente una transferencia adicional de 1900 millones a la Universidad Surcolombiana, correspondientes al diferencial IPC, y se espera que el Ministerio de Hacienda proceda a destinar de los recursos; por su parte, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Napoleón Gómez, destacó la comunicación entre representantes de la Universidad Surcolombiana, el MEN y los congresistas, y resaltó la conformación y el trabajo articulado con las diferentes comisiones, cabildos, agrupaciones sociales y diferentes sectores que conforman la USCO.
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