Luego que se acordará suspender el paro regional que duró 15 día en el Huila, esto bajo el acuerdo de desarrollar unas mesas de control. La comunidad manifestó reiniciar el paro, ya que a éstas nunca llegó el Ministerio de Ambiente. En la mesa final en la que se evaluó el resultado, tampoco hizo presencia la administración departamental.
El jornalero, Luis Hernando Ramos de Jagualito manifestó que la única alternativa que les dejaron es reactivar el paro, “porque nos mamaron gallo”. Así se calificó la ausencia del Gobierno Nacional y el incumplimiento de lo pactado. La Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica, Asoquimbo agregó que la comunidad honró su palabra y entregó un informe de las múltiples afectaciones que se viven en la zona.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la Gobernación del Huila, se alejaron de la participación de las mesas, siguiendo la acción del Ministerio de Ambiente, en la que no establecieron diálogo porque pescadores se encuentran al margen del río en zona de las obras en la vereda Domingo Arias. Sin embargo, Asoquimbo aclaró que los pescadores se encuentran en el lugar en su derecho al trabajo de pesca artesanal, donde legalmente una franja del lado del cauce del río es de bien público y la actividad pesquera es declarada como de utilidad pública. Por tal motivo Asociación rechazó que se les intente afectar su derecho desalojándolos del lugar.
Inconformismos
La comunidad como resultado de la mesas estableció un dato de 2.000 afectados que no se encuentra vinculados al censo de Emgesa. Poblaciones como pescadores y jornaleros que certificaron sus actividades productivas en el lugar. “Nos nos crean tan pendejos, no nos vamos a conformar con las migajas que nos dejan”, puntualizó el diputado, Raúl Rivera.
Lo que se vive en lugar evidencia para la población múltiples desplazamientos, se viene comprando fincas en producción para reasentar, afectando a otras poblaciones. Otro de los asuntos es una figura de comodato que bajo condiciones de aprovechamiento de la multinacional, no se le reactiva la actividad productiva a la población. Según el campesino de la Honda, Jorge Cárdenas, el Comodato no reactiva la producción por eso se están movilizando, resistiendo al desalojo que enfrentan.
Desalojo al que se ha tenido que enfrentar Luis Alberto Betancur de 70 años. A quien Emgesa le viene quitando la finca, “La Vega” en Garzón. Según denuncia, Emgesa lo ha venido acosando y amenazando de desalojo. Para Elsa Ardila, presidenta de Asoquimbo, él está reclamando sus derechos que quedaron en la licencia y Emgesa no le ha dado cumplimiento. “Emgesa envía documentos donde ordena la expropiación, ni llamó a la comunidad para contarles lo establecido en las compensaciones, simplemente está echando a la gente. Las comunidades han defendido sus derechos porque el gobierno no lo está garantizando, bajaron compensaciones a la multinacional para favorecer Emgesa y perjudicar a las comunidades. Allá el río magdalena no lo vamos a dejar desviar”, puntualizó Ardila.
Para el presidente de la Asamblea del Huila, Sergio Younes, hay mucho por reevaluar como los censos de las diferentes poblaciones y que se restablezcan actividad productiva de los afectados en el proyecto hidroeléctrico, “el centralismo del gobierno, hace que las prioridades que se construyen para el Huila no correspondan a las que se tienen aquí”.
Luz Miriam, pescadora de artesanal de Hobo, dice que se le está afectando los puntos de pesca, poniendo en riesgo su sustento, “con la presa no va haber nada, el río se va dañar y de la pesca hemos vivido por años”. La habitante de la zona, María Solema Ramos, manifiesta que la afectación laboral es grave, “la población de volqueteros y paleros está siendo desplazada de su trabajo”.
Por eso como una crisis humanitaria calificó la situación, el investigador, Miller Dussán. Para Dussán en un proyecto que ha estado lleno de incumplimientos, no reúne ninguna de las condiciones del estudio de vulnerabilidad y presenta múltiples aspectos de vulneración de todos los derechos. De igual forma, ve como una situación crítica las medidas de compensación que no se han cumplido, así como el mal manejo de los reasentamientos, ya que se presiona a la gente para vender y no se le reactiva la actividad productiva.
Exigencias de la población
Miller Dussán afirmó que se presenta un atentado contra el medio ambiente, y hay una clara omisión de la responsabilidad legal del Ministerio en medio una inoperancia crónica, “El Ministerio avala los informes de Emgesa, sin ninguna contrastación previa. No ha sido aprobado el estudio de vulnerabilidad que deja a la libre oferta del mercado a las comunidades, que una multinacional vaya a ofrecerles lo que quieren y con engaño en el tema de la compensación”.
La comunidad exige que por las múltiples afectaciones de los derechos a la población, se de la expedición de un acto administrativo para la protección y garantía de los derechos de los afectados y del medio ambiente. Tal como manifiestan haber acordado con el Ministerio de Ambiente, y que para la comunidad ha incumplido las funciones de seguimiento y control.
Otro de los asuntos que se vive en el Huila es la destrucción del Puente del paso del Colegio. Ya como había manifestado Asoquimbo, Invías reconoce que la Emgesa produjo la afectación al puente que paralizó el paso al suroccidente. Por eso la población exigió que Emgesa responda por todos los meses que afectó la economía de la región.
Es necesario que se establezcan las responsabilidades, así lo manifestó la diputada, Mildonía Patiño que exigió cuantificar los daños que para ella nunca se van a poder resarcir, “el Pital y los pescadores de Hobo también son afectados”. Asoquimbo pide la suspensión cautelar del proyecto hidroeléctrico, considerando la necesidad de realizar una audiencia pública ambiental y los estudios a profundidad de impactos económicos y ambientales. Por su parte el senador, Alexander López manifestó que no es natural desviar el río del que viven muchas personas, por eso agregó que es importante solicitar que se suspendan las obras.
En esta medida para la población, retornar al paro es la única acción legitima para la defensa de los derechos de más 3.500 personas que participaron de las mesas y no fueron atendidas, “el Gobierno Nacional no dejó otra opción a la comunidades que continuar con el paro regional”. El 5 de febrero se inicia una vez más el paro que denominaron, por la defensa del territorio y la protección de los derechos económicos, sociales ambientales y culturales de todas las poblaciones afectadas.
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