Por: Hernán Francisco Basto, periodista SuRegión.
Según el informe de la JEP a través del comunicado 019 del pasado mes de febrero, el 66% del total nacional de los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como «falsos positivos», se concentró en 10 departamentos, entre los cuales está el Huila, donde se reportan 274 víctimas, la mayoría localizadas en el sur y en el centro del departamento, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondientes al 26,9% del total de los muertos, seguido del municipio de Garzón, donde se registraron 19 víctimas, es decir, el 13,1% del total de asesinatos de civiles por parte de integrantes de la fuerza pública. Entre los años 2003 y 2005 se documentó un total de 19 víctimas de «falsos positivos» en el Huila, pero entre los años 2006 y 2008 se registró un total de 191 víctimas. Entre los años 2009 y 2012 se registraron 13 víctimas en el Departamento.
Según Aladino Ríos, sobreviviente de las ejecuciones extrajudiciales en agosto del 2007, quien intervino en el el programa “Plurales” del Consejo Estudiantil de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, las cifras recientemente reveladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), respecto a las horrorosos crímenes perpetrados por miembros de las fuerzas militares, durante los años 2002 a 2010, incluso podrían ser más elevadas.
Para Ríos, es “doloroso” ver cómo integrantes de fuerza pública se encargaron de cometer este tipo de asesinatos contra civiles indefensos. “Es triste, por una parte, porque nosotros entendemos que de grupos al margen de la ley, como lo fueron las FARC, se podía esperar cualquier cosa, pero que la misma fuerza pública haya sido la ejecutora de estos crímenes, eso ha sido muy duro para mí.»
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) está avanzando en las investigaciones para que se esclarezcan estos hechos y que se pueda saber la verdad sobre aquellas víctimas desaparecidas que, según Aladino, están en los cementerios como N.N. “Básicamente este modelo lo manejaban integrantes de la fuerza pública, retenían mediante engaños y falsas promesas de empleo a un civil, se lo llevaban de un pueblo para otro, lo asesinaban a mansalva, le ponían botas, uniforme y un arma, y lo entregaban como N.N. a un municipio. Por eso siguen desaparecidos”, afirmó Ríos. “Queremos verdad, reparación y no repetición, pero a nosotros las víctimas quién nos garantiza no repetición, si desafortunadamente muchos de los victimarios siguen sueltos”, finalizó Aladino.
La Sala de Reconocimiento de la JEP abrió el pasado mes de febrero el caso 03 que investiga las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, a partir del informe No.5 de la Fiscalía. La JEP estableció que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.” En el comunicado 019 del 18 de febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló que el departamento del Huila, hace parte de los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03, junto a los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
En el mencionado comunicado 019, la JEP precisó los hechos que la llevaron a dar apertura al Subcaso Huila: “la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado”.
El fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008. “Para nosotros como OBSURDH (Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio) el pronunciamiento de la JEP a través de la apertura del Caso No 03 del 2021, significa una ganancia para las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos”, expresó Andrea Jiménez, Directora del OBSORDH.
EL Observatorio Surcolombiano lleva más de diez años denunciando estos crímenes que – en el marco del Derecho Internacional Humanitario-, se convirtieron en crímenes de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado. Para ellos, el pronunciamiento de la JEP es una ventana de esperanza en la búsqueda de la verdad como un derecho fundamental, en la búsqueda de justicia y de la reparación integral de las familias de las víctimas; pero especialmente, el pronunciamiento de la JEP es de especial importancia para las miles de víctimas, quienes a la fecha siguen siendo tildadas como guerrilleros, como miembros de bandas extorsionistas, como delincuentes, porque así fueron presentados por los miembros de la fuerza pública cuando trataban de justificar los hechos cometidos.
Según el informe de la JEP, el 66% del total nacional de casos se concentró en 10 departamentos, uno de los cuales es el Huila, donde se reportaron 274 víctimas, la mayoría localizados en el sur y en el centro del departamento, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondientes al 26,9% del total de los muertos. Le sigue el municipio de Garzón, donde se registraron 19 víctimas, es decir, 13,1% del total de las víctimas del Huila. El pico de los hechos ocurrió entre los años 2006 y 2008. Entre los años 2003 y 2005 se documentó un total de 19 víctimas, pero entre los años 2006 y 2008 se registró un total de 191 víctimas y ,posteriormente, entre los años 2009 y 2012 se registraron 13 víctimas.
Defensores de los Derechos Humanos han denunciado que el General Mario Montoya, durante su periodo como Comandante del Ejército, promovió estrategias que privilegiaban el incremento en el número de bajas por parte de las distintas unidades como rasero para medir su desempeño operacional, y advierten que esta decisión habría favorecido la multiplicación de las ejecuciones extrajudiciales en todo el país entre 2006 y 2008. En ese periodo en el departamento del Huila se encontraban al mando de la Novena Brigada el Coronel Jaime Laspriega Villamizar y William Pérez, quienes posteriormente fueron ascendidos en su carrera militar. Estos oficiales, hasta el momento, no han sido vinculados a las investigaciones. En el departamento del Huila los batallones que presuntamente podrían estar vinculados en forma más destacada con estos hechos de violación del derecho a la vida de civiles son: el Batallón de Infantería N°27 del Magdalena y el Batallón Cacique Pigoanza, ubicados en el centro y en el sur del departamento del Huila, específicamente, en los municipios de Garzón y Pitalito.
El levantamiento de los cadáveres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a menudo no se realizaba bajo las condiciones legales. Algunos de los cuerpos eran levantados directamente por miembros de las tropas que cometían los crímenes. En otros casos, eran las funerarias cercanas al lugar las que realizaban el procedimiento de levantamiento sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo cual favorecía un escenario de impunidad y de justificación de estos hechos. Posterior al levantamiento de los cadáveres, se construía una estrategia comunicativa a través de los medios regionales, a través de comunicados oficiales emitidos por miembros de la Novena Brigada, se justificaban estos hechos como presuntos combates contra bandas delincuenciales, contra extorsionistas de la región o contra miembros de las FARC.
Acerca del Autor
Tiempo de lectura
6 minuto(s)Alcance
Artículo visto 500 vecesArtículos Relacionados
