El Movimiento que se constituyó el pasado 25 de septiembre en el marco del Foro Regional “Política Minero – Energética y Víctimas del Desarrollo” en la Universidad Surcolombiana, toma las bases del proceso “Ríos Vivos” a nivel mundial, pero ahondando en la defensa de los territorios y las expresiones vitales.

Puntos Comunes en la Agenda del Movimiento regional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo durante el Foro Regional “Política Minero – Energética y Víctimas del Desarrollo” en la Universidad Surcolombiana

Durante más de ocho horas de trabajo, los asistentes discutieron y reflexionaron sobre el contexto actual, caracterizado por la imposición de un modelo de desarrollo basado en la extracción de los recursos naturales por parte de empresas y corporaciones transnacionales, quienes a través de sus proyectos han venido ejerciendo control sobre los territorios y despojando a los actores que históricamente han vivido en ellos.

En el caso del departamento del Huila encontraron que todos los proyectos minero – energéticos que están en fase de estudio o ejecución, se basan en la explotación del recurso hídrico del territorio para su desarrollo. Es por eso, que el proceso de articulación se suscribe en el marco de una agenda común de movilización que tiene como eje central la defensa de todos los recursos naturales y en particular del agua como bienes de interés público, para que no sean objeto de privatización y destrucción.

Las comunidades y organizaciones asistentes reconocieron a través de sus intervenciones que la defensa del territorio implica presentar alternativas desde la resistencia y la movilización social. Dentro de esas alternativas se están pensando nuevas formas de generación de energías, partiendo de sus necesidades reales y que no impliquen el uso de grandes redes de interconexión que generen afectaciones ambientales. Por ello las preguntas de los procesos de defensa del territorio son: ¿Energía para qué, para Quién y a qué costo?

Al respecto Miller Dussán Calderón, docente e investigador de la Universidad Surcolombiana y líder de ASOQUIMBO, planteó que uno de los principales puntos del naciente movimiento departamental es avanzar en la lucha contra el inaceptable uso privado del agua con el fin de generar energía utilizada en minería y agro negocios. “El agua tiene como primer uso el consumo humano, segundo para las actividades agrícolas y si se requiere para otro tipo de actividades, como la generación de energía, será totalmente secundaria. Es decir, en estos momentos no es la prioridad ese tipo de uso”, precisó el profesor Dussán.

Desde esta perspectiva, garantizar la permanencia de las comunidades en el territorio y el impulso de acciones para ejercer la soberanía alimentaria, se convierten en temas claves dentro de la agenda. “La constitución de zonas de reserva campesina, zonas interétnicas e interculturales por parte de las comunidades que habitan estos territorios es fundamental para plantear alternativas de desarrollo soberanas y autónomas; para que ellos mismos garanticen sus proyectos de mejoramiento para el buen vivir”, fueron las reflexiones finales de la jornada.

Todos por la Defensa del Territorio

El Movimiento se constituyó con las organizaciones y comunidades asistentes al foro, pero está abierto para que todos los afectados por la política minero energética que se sienten identificados con la agenda puedan vincularse en cualquier momento.

Entre ellos están el Comité Defensores del Macizo Colombiano de San Agustín, el Comité de Defensores del Río Magdalena de Oporapa, el Comité de Defensa del Territorio de Isnos, ASONARE, el Comité Intersectorial Amigos del Páramo de Miraflores, el Colectivo Jaguos por el Territorio y su proyecto Geocoreografías de la Jagua, el Comité por la Defensa del Río Baché, la organización Somos Río Aipe, el Comité Cívico de Defensa del Río las Ceibas de la ciudad de Neiva, ASORÍOS del municipio de Algeciras y ASOQUIMBO.

El acompañamiento de la Universidad Surcolombiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Coordinador del Proyecto. 

La iniciativa de articulación cuenta con el respaldo de la Universidad Surcolombiana, quien a través del Macroproyecto de proyección social denominado “Acompañamiento al Proceso Organizativo de Defensa de la Cuenca del Rio Magdalena para la Garantía y Restablecimiento de los Derechos Humanos y Los DESCA de los Afectados por la Política Minero Energética en la Zona Centro y Sur del Departamento del Huila” viene impulsando acciones jurídicas, psicosociales, organizativas y comunicativas que permitan el fortalecimiento y cualificación de las comunidades que defienden el territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención del Rector Universidad Surcolombiana en Foro

Es por ello, que en la apertura del foro, el nuevo rector de la institución, Pedro Reyes Gaspar, señaló los compromisos de la Universidad Pública en defensa del territorio. Aseguró que “el Estado debe recuperar el control sobre la exploración y explotación de los recursos no renovables, la participación ciudadana, recuperar la soberanía nacional y auto-determinación de los pueblos, condición necesaria para replantear la política minero –energética, para la permanecía de las comunidades en el territorio y el reconocimiento de sus formas organizativas. Este foro contribuirá significativamente en la definición, compresión y creación de nuevos imaginarios de la política minero-energética, a la construcción de alternativas que propenden por un desarrollo sensato y más natural”.

Respondiendo a la pregunta, “¿Cuál es el papel de la universidad pública de cara a los desafíos que están plateando los proyectos minero – energéticos?”, Juan Carlos Acebedo Restrepo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y Coordinador del Proyecto reconoció que durante mucho tiempo la Universidad guardó silencio frente a lo que está pasando en la región. Dijo que “se parte del recomiendo franco y sincero, de que la universidad no ha venido cumpliendo a cabalidad la función de pensar su lugar en la sociedad de una manera mucho más comprometida con el bien público, con la sociedad, y particularmente con los sectores de la sociedad que están sufriendo directamente en el territorio. Pero hemos querido desde este Macroproyecto recuperar ese compromiso real no sólo a través del diplomado en Territorio y Conflictos Socioambientales dirigido a las comunidades afectadas, sino de poner a disposición de ellas a un grupo de docentes, estudiantes y profesionales de nuestra institución para el acompañamiento jurídico, psicosocial, organizativo y de visibilización de sus afectaciones e iniciativas”