En el departamento de Córdoba, uno de los diez puntos donde según cifras oficiales se concentran los mal llamados “narcocultivos”, inicia la historia de don Miguel Pérez. Su relato hace parte de los argumentos invisibilizados por la represiva actuación del Gobierno nacional frente a los cultivos de coca, marihuana y amapola que se expanden en el país desde las décadas de los sesenta y setenta. (Ver: Aumenta el cultivo de coca y producción de cocaína en Colombia, alerta la ONU).
Conoció la planta de coca en el año 2003 en el Bajo Cauca Antioqueño, más precisamente en el municipio de Tarazá, luego de que tuviera que desplazarse de su región por falta de oportunidades para trabajar y sostener su familia. El cultivo de coca fue la única puerta que se le abrió después de que el Estado le cerrara todas:
“Si crío un marrano a precio de yuca, maíz y cosas que yo cultivo en la finca, cuando lo voy a vender me lo quita la policía porque dice que es ilegal, no viene de una granja certificada. Una gallinita criolla, la compra un campesino, pero si uno sale con una carga de gallinas es delito ya que no son certificadas. Dure cinco años barequeando pero me quitaban los gramos de oro por ser ilegal. No nos permiten el corte de madera porque es delito, eso nosotros lo sabemos pero lo hacemos por necesidad. Al atarnos las manos nos toca acudir a la coca pues no tenemos ninguna capacitación para trabajar como el Gobierno quiere, legalmente. Nos cierran muchas puertas”, explica entre expresiones de sorpresa y frustración el hombre de cabello corto y piel oscura, con la esperanza de que la situación cambie.
Lejos de la concepción de José Evaristo Garcés Cunda, líder indígena del departamento del Putumayo que reivindica la coca como parte de una tradición cultural milenaria de los pueblos de América, este campesino del norte de Colombia se sometió a cultivar plantas de coca bajo el control paramilitar que se imponía en Tarazá. Se ubicaría entonces por más de cinco años en la primera escala de una problemática que se queda corta en la comprensión de las autoridades judicales y humanitarias. Junto a cientos de colombianos vieron en medio de la crisis económica que cultivarla “era lo que daba plata”. (Ver: Una iniciativa legal que lucha contra el estigma hacía la Coca).
“Ahora le tenemos miedo al ejército”
Con la desmovilización de los paramilitares, llegó el Estado con la presencia militar y empezaron las fumigaciones y erradicación manual sin ofrecer alternativa a personas como Don Miguel que tras una incesante búsqueda de empleo había arribado a la zona. Su situación llegó a ser más desafortunada con una deuda de tres millones de pesos y la persecución del Estado que lo señala como delincuente y colaborador de la guerrilla. “No se podía dejar la casa sola porque el Ejército pasaba y se comía lo que encontrara (las gallinas y marranos)”, cuenta el señor Pérez.
La criminalización de los cultivadores de coca, marihuana y amapola se extiende por diferentes regiones del país con judicializaciones, fumigaciones y erradicaciones sin previas alternativas. Trasgrediendo incluso territorios indígenas que reivindican los cultivos de coca, marihuana y amapola en sus territorios por las diversas bondades que tienen para la salud, la alimentación, la espiritualidad, más allá de la producción de drogas. “La planta no es las ilícita sino el uso que se le está dando”, recalca el líder Nasa José Evaristo Garcés Cunda, quien cree en la necesidad de continuar efectuando procesos de resistencia frente a la política antidrogas que “ha pretendido desarraigar a los pueblos indígenas y campesinos de plantas como la coca”, infringiendo daños contundentes sobre el medio ambiente y la salud de las personas.
La resistencia y propuestas de diversas voces
En ejercicio de construcción colectiva los cultivadores de coca, marihuana y amapola de Colombia manifiesta en Mocoa la necesidad de reconfigurar la visión de la actual política antidroga promovida por el Gobierno Nacional que no ha logrado descomponer las cadenas del narcotráfico, y en cambio viola los derechos humanos, ambientales y culturales de las comunidades. (Ver: Mandato nacional de los cultivadores de coca, amapola y marihuana).
Exigen “un ejercicio alternativo, integral y soberano con lineamientos claros del quehacer político y social», que posibilite una sustitución estructural, gradual, voluntaria y concertada con las comunidades campesinas, étnicas y populares, del ingreso derivado de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola; representada en la garantías de los derechos fundamentales a la salud, educación, vivienda, servicios públicos, recreación, deporte, cultura e infraestructura vial.
En 1996 comunidades suscitaron un proceso masivo desde las regiones de la Amazonía, la Orinoquía: San José de Guaviare, Miraflores, Caquetá, Putumayo y Florencia, para dar una voz de allerta frente a los resultados del programa de sustitución de cultivos, y exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con el Estado e inversión estatal en infraestructura de servicios, según reseña la antropóloga María Clemencia Ramírez, en su trabajo “Las marchas de los cocaleros en el Amazonas. Reflexiones teóricas sobre la marginalidad, construcción de identidades y movimientos sociales
Los mandatos actuales, que conservan y parten de los procesos históricos de los pueblos cocaleros, se constituyen en un nuevo hito que cuestiona la política estatal y promueve la defensa de los derechos colectivos de las comunidades. Pero la deslegitimación de estas iniciativas populares continua siendo una constante ligada a activas dinámicas de conflicto en los territorios. Por ello el llamado también va a La Habana y confluye con las reivindicación a nivel de Latimoamérica. (Ver: Cultivos denominados «ilícitos» se reconfiguran en un foro nacional en Mocoa).
Mientras las construcciones populares siguen su marcha, don Miguel Pérez continuará sobreviviendo de las plantas de coca y demás cultivos en su parcela. Ha acudido hasta instancias municipales en Tarazá para gestionar ayudas económicas que le permitan junto a su comunidad consolidar una alternativa viable a la hoja de coca, pero la no titulación de los territorios por constituir zona roja (alta conflictividad armada) y la falta de vida crediticia son obstáculos contundentes. Aun así, aunque en Córdoba seguro nunca se acostumbren a mambear coca, la interacción de líderes como Pérez con sus iguales indígenas les ha permitido conocer que la coca no es una droga, es una medicina y se puede convertir en un producto alimenticio consumible.
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