El tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Neiva es un imperativo ambiental impostergable, en una ciudad con 400.000 habitantes que generan un promedio de 1000 litros por segundo, es decir 51.800 metros cúbicos por día. Se estima que en el año 2.050 el volumen de agua servida será de 1.150 litros por segundo, 110.720 metros cúbicos al día. Por Ley el costo administrativo y operativo debe asumirlo el usuario.

Desde 1998 el municipio comenzó a plantear la posibilidad del tratamiento de aguas residuales mediante el estudio “Higienización de la Margen derecha del Río Magdalena. Quince años después de la obtención del plan maestro de alcantarillado.

 

Neiva aguas residuales

Fotografía: olemidiario.com

 

Pero fue en el año 2005, cuando el Tribunal Administrativo del Huila falló una Acción Popular interpuesta por la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos del Huila, contra el Departamento, el municipio de Neiva, las Empresas Públicas de Neiva (EPN), la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y Cormagdalena, que se ordenó la construcción de la primera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad.

El interrogante que surgió en la comunidad fue “¿y en dónde se va a hacer?” Debido al inminente impacto ambiental, económico y social (salud pública) que significa la adecuación de dicha obra. Ahora la inconformidad de la ciudadanía por el lugar dispuesto en el norte de la ciudad y las cuestionadas actuaciones de entidades como las Empresas Públicas, hacen que la solución al manejo de aguas residuales no sea real y en cambio se haya convertido en una nueva problemática social.

Las comunidades se muestran en desacuerdo con la forma como la EPN ha tratado de ocultar e invisibilizar los impactos reales que traería ubicar la PTAR en inmediaciones de los barrios Camilo Torres, California y Santa Inés. Que se traducirían en problemas de salud pública por los malos olores, la desvalorización de las 237 viviendas cercanas donde residen desde hace 30 años. “Mi esposo, mis hijos y yo tenemos ahí depositado todo. Nuestros sueños. Mi esposo tiene 22 años de trabajo (…) y todo lo que tenemos es la casa”, ha manifestado la líder y habitante del barrio Camilo Torres, Yohana Toledo Rojas.

El sistema electromecánico que tendría para su funcionamiento la PTAR, según el veedor ciudadano Humberto Castro Mujica, traería implicaciones económicas para los suscriptores del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad de Neiva. Las facturas de los usuarios ascenderían a los 70 mil pesos, puesto que Neiva es una ciudad pequeña.

La Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), a través de su director General Carlos Alberto Cuellar Medina ha dicho que el predio para la construcción de la PTAR se encuentra estipulado en el plan de desarrollo del municipio, y tendrá en cuenta un marco normativo.

 

 

Las falencias en el estudio y diseño de la PTAR

Han pasado cuatro años desde que el Tribunal Administrativo del Huila falló la Acción Popular que comprometía a entes municipales ha construir la primera PTAR en 2011, pero los estudios no han sido terminados. Actualmente por incumplimiento se encuentra en trámite un incidente de desacato.
Para el Comité de Veeduría Ciudadana a las Empresas Públicas de Neiva (EPN), los estudios y diseños contratados en abril de 2.011 con el Consorcio Neiva 2.009, por un valor de $2.250 millones (más IVA), por el término de siete meses. “no se han elaborado conforme lo establece los requisitos legales y el Consultor trata de imponer un Sistema de tratamiento “tipo compacto de manejo electromecánico”, exageradamente costoso en su construcción, mantenimiento, reposición y operación; además, el lote adquirido por la Administración Municipal, está ubicado en zona inundable, fangosa a orillas del Rio Magdalena, con un área inferior al área requerida, a la entrada a la ciudad de Neiva, frente al Bario Camilo Torres, comuna uno, rodeado de instituciones educativas, de salud y urbanizaciones.

PTAR Neiva

Según los términos de Ley pactados con el Consorcio, los estudios y diseños debían realizarse bajo un análisis multicriterio, en el que se demuestre que han evaluado tres sistemas de tratamiento integrales, con factibilidad técnica, socio-económica, legal, ambiental e interinstitucional; analizando entre otros indicadores: costos de inversión, operación y mantenimiento, confiabilidad del sistema y facilidad de operación, emisión de gases, manejo integral de subproductos, plan de gestión de lodos, etc.

Además, los estudios y diseños no se rigen ante la Resolución Nº 1096 de 2.000. reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. (Normas RAS 2.000), que dice que el análisis económico del sistema de tratamiento seleccionado debe hacerse por el método de Costo Mínimo, en busca de favorecer las tarifas a los usuarios.

“El costo estimado de la PTAR recomendado por el Consorcio Neiva 2.009 es de $135 mil millones y los diseños solo contemplan el tratamiento primario. Quedaría pendiente el tratamiento secundario y terciario a nivel de diseño, construcción y dotación”, manifiesta el veedor ciudadano Humberto Castro Mujica.

Dadas las denuncias de la Veeduría a las EPN, de las deficiencias y el precario rigor técnico y legal del Estudio, el Alcalde, Gobernador, Directores de la CAM, Cormagdalena y EPN y el Personero, enviaron un oficio en octubre de 2.013 al Magistrado, quien tiene a cargo la Acción Popular, con el objeto de solicitarle autorizar extender el plazo de cumplimiento para poder terminar la elaboración de los estudios y diseños, ajustados a las Normas del RAS 2.000.

 

Las verdades acalladas de la PTAR

En Junio de 2.013 el Procurador Ambiental y Agrario del Huila, emitió requerimiento preventivo y control de advertencia al Alcalde, Gobernador y otros, para que los estudios y diseños del Sistema de tratamiento, se deben acoger a las Normas del RAS 2.000, entre otras la localización, los aspectos técnicos, ambientales, económicos, institucionales y legales.

Un mes después, el Director Ejecutivo de Cormagdalena emite serios reparos a los avances del estudio, al decir: “La propuesta actual que está en discusión para el vertimiento en Puente Santander consiste en un sistema preliminar en la primera etapa, que no cumpliría la remoción de la carga contaminante por disposiciones legales. Recomienda un sistema de tratamiento completo preliminar, primario y secundario incluyendo tratamiento de lodos que se podría construir en un vertimiento que trate menor caudal pero que cumpla con el requerimiento legal de remover el 80% de la carga contaminante. Termina afirmando que con una inversión similar a la propuesta, hoy en día la remoción de carga contaminante al Rio Magdalena seria mayor”.

Para el Comité de Veeduría Ciudadana y la comunidad, resulta sospechosa la postura del Gerente de las EPN y del Alcalde Municipal de querer construir el sistema de tratamiento más costoso de “Lodos Activados” recomendado por el consultor, para ser construido al lado del Barrio Camilo Torres, en un lote ubicado en zona inundable, fangosa y que no cumple los requisitos por razones ambientales (artículos 172 y 174 de la Resolución Nº 1096 de 2.000), ni podría disponer de área para las imprescindibles ampliaciones, por crecimiento del volumen de agua servida y los crecimientos de población.

“Porque el Alcalde y EPN no han liquidado el contrato cuando el Consorcio Neiva 2.009 no ha dado cumplimiento a la presentación de los estudios y diseños de acuerdo a los términos de referencia ni a las normas del RAS 2.000, después de 51 meses de haberse firmado el contrato”, es otro interrogante que plantea Castro Mujica desde el Comité.

En febrero de 2.014, EPN hizo entrega a la Veeduría del último informe elaborado por el Consorcio, el cual fue revisado por los miembros de la Mesa Técnica, quienes concluyen nuevamente que “el estudio fue elaborado nuevamente sin tener en cuenta los términos convenidos en el contrato, ni se rige por las Normas del RAS 2.000. Lo más grave es que la alternativa de incluir las Lagunas de Oxidación o Facultativas para ser construidas en un área periférica, fue sobrevaluada en $140.5 mil millones su construcción, cuando la realidad no supera los $60 mil millones; tampoco se evaluaron costos comparados de operación, mantenimiento y reposición”.

 

Consideraciones para una PTAR efectiva para Neiva

El tratamiento de aguas residuales es más costoso que el de potabilización, y directamente proporcional a la complejidad del sistema escogido. A nivel de Colombia desde mediados del siglo XX se reconoce que el tratamiento menos costoso es el de lagunas de estabilización.

Desde el Comité de Veeduría Ciudadana, low ingenierow Marcos Silva, William López, Jesús Antonio Medina, Alfonso Olaya, y los arquitectos Jaime Salazar Díaz y Manuel Jaramillo, cuestionan que la PTAR anunciada para Neiva y que estaría ubicada en inmediaciones del puente Santander, no podrá tratar todas las aguas residuales de Neiva. Además, por la disponibilidad de área, deberá ser compacta o en su defecto semi-compacta, lo que representa un costo de administración y operación entre 50 mil y 70 mil pesos por usuario mensual, mientras con la implementación de Lagunas de Estabilización el costo aproximado sería entre 1 y 2 dólares por persona al año (es decir 800 y 1.600 pesos mensuales).

Un sistema de lagunas anaerobia – facultativa de maduración en la ciudad de Neiva requeriría 105 hectáreas y su costo de construcción aproximado ascendería a los 13.500 millones de pesos. 20 mil millones aproximadamente costaría el colector- conducción, entre puente Santander y el sitio de emplazamiento. 6 mil millones de pesos las 120 hectáreas requeridas. Y el costo aproximado de infraestructura del sistema de tratamiento, primario, secundario y terciario ascendería de 45 a 60 mil millones. Frente a los 135 mil millones estimado por el Consorcio Neiva 2009 para el sistema electromecánico.

La Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR) se encuentra a la espera de la Licencia Ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la administración municipal tiene prevista construirla en la zona norte de la ciudad en el año 2016. Las comunidades y veedores mantienen su postura en desacuerdo para no permitir su construcción en el área urbana de Neiva.

 

Fotografía principa: unimedicos.com