En la memoria de la sociedad colombiana aún está fresca la hazaña de los trabajadores del campo que durante el último semestre de 2013 y el primero de 2014 llenaron de indignación las vías del país. Con grandes caravanas de tractores, remesas y en general la idiosincrasia olvidada de Colombia, exigieron apoyos a la producción nacional (sectores de producción medianos y pequeños), disminución de las importaciones, distribución de los excedentes generados por los procesos económicos del agro, el reordenamiento equitativo de la tierra, las reservas campesinas, la promoción de los derechos humanos y sociales, el respeto del medio ambiente (la tierra) y los recursos naturales ampliamente impactados por la locomotora minero-energética, y la exigencia de una paz que dignifique los procesos del campo. (Ver: ¿Qué ha pasado después de los paros agrarios en Colombia).
La Cumbre Agraria y las Dignidades Agropecuarias, procesos que articulan las diversas organizaciones del sector, han estado sentadas con delegados del Gobierno hasta los días festivos de finales de año, pero el esfuerzo no arroja acuerdos promisorios para mejorar las condiciones de vida de este amplio sector
“El balance es negativo, del 0%”
Según Iván Manchola, miembro del equipo político del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y vocero de la Cumbre Agraria, “el Gobierno ha tenido una actitud arrogante, mentirosa y dilatoria”, que no ha permitido que las subcomisiones que negocian avancen en temas estructurales”.
A la fecha (mediados de 2015) el Fondo para el Fortalecimiento de la Economía Campesina acordado por las partes por valor de 250 mil millones de pesos no concreta los proyectos de la vigencia 2014, lo que muestra el incumplimiento. “El acuerdo dice que durante los cuatro años del actual periodo presidencial, cada año, se destinarían 250 mil millones, pero ahora el Gobierno ha salido a decir que no tiene el dinero para respaldar ese compromiso, prácticamente tendrá dinero para dos años”, sostiene Manchola vocero de la Cumbre.
Mientras tanto los otros puntos en la agenda de diálogo continúan sin ser abordados de manera contundente. En lo que tiene que ver con: tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales; relación campo-ciudad, y Paz, justicia social y solución política.
El balance se hace más agudo con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que según el vocero de la Cumbre Agraria, para nada tiene en cuenta las exigencias y peticiones que ha hecho el movimiento campesino, agrario, frente a protección de los territorios, frente a derechos y libertades para el movimiento social, frente al fortalecimiento de la economía campesina. Por el contrario lo que el Gobierno Santos ha venido planteando es eliminar la economía campesina a través de su modelo de agronegocio y agroexportación que ataca los territorios desplazando campesinado”. (Ver: pliego de condiciones Cumbre Agraria).
“El Gobierno sigue haciéndose el de los oídos sordos frente a esta problemática”
La Audiencia Pública desarrollada en el Senado de Colombia en meses pasados, redibujó “un escenario bastante oscuro para el sector agrario”. Aunque el Gobierno Nacional ha informado que en el año 2014 el presupuesto para el agro pasó de un billón a 5,2 billones, las deficiencias no parecen suplirse; “no hemos visto en qué se han invertido y están proyectando (para 2016) una inversión de 1.4 billones de pesos”, manifiesta Ricardo López delegado nacional de Dignidad Agropecuaria y Dignidad Cafetera, el otro movimiento que negocia con el Gobierno.
Entre los asuntos puntuales del pliego de exigencias de las Dignidades agropecuarias se encuentra la compra de cartera de deudores de menos de 20 millones que a la fecha solo “se ha cumplido en cerca de un 70%. Las deudas serían cobradas en cuatro años por FINAGRO, «lo que no sabemos es qué mecanismo va a utilizar”, dice López, vocero nacional de las Dignidades. Por otro lado la Ley 1731 que regula los medianos productores, es decir deudas de más de 20 millones, fue reglamentada el pasado 3 de julio y hasta el momento no se aplica, alparecer, según la organización agraria, porque el Banco no tiene políticas internas definidas para esta labor.
Los insumos, una de las arengas más sonadas de los paros, continúan sin regulación de precios, las organizaciones agrícolas denuncian un 40% de aumento en los costos. “El Ministro de Agricultura ha pregonado que ha traído 20 mil toneladas de insumos, pero tan solo representa el 1% de las necesidades de los agricultores colombianos. Además, es un abono Triple 15 que sirve básicamente para el frijol y la papa, de ahí que su logística y almacenamiento se haya hecho en la ciudad de Tunja. Nosotros decimos, un agricultor de Nariño que necesite el Triple 15 ¿cuánto se le va en costos de trasporte? Es una panacea que el Gobierno quiere aplicar pero que no se cumple”, enfatiza el líder gremial.
Por otro lado, la problemática del contrabando no deja de ser una realidad en todas las fronteras. A lo largo y ancho del país es posible adquirir productos como el plátano ecuatoriano a 300 pesos la unidad, mientras el plátano nacional llega a tener un costo de 900 pesos el kilo. Las condiciones de producción no permiten que la comercialización se realice a menor costo y por unidad.
En cuanto al café, el asunto álgido continúa siendo el Programa de Protección al Ingreso cafetero (PIC). Según la Diginidad Agropecuaria, “para el año 2014 se habían asignado 1.2 billones de pesos y solamente se gastaron cerca de 230 mil millones, había un excedente de 800 mil millones de pesos que nosotros exigíamos pasara a ser un fondo de estabilización cafetera, pero el Ministro de Hacienda en la época electoral diluyó el presupuesto”.
El otorgamiento de licencias ambientales en zonas de cultivo, es otro aspecto de la crisis del campo, “ahora ya se otorgan licencias express y hay una gran problemática frente al tema hídrico, no solo en el Huila, también en toda Colombia”, comenta Ricardo López, de las Dignidades.
El sinsabor en el sector agropecuario es que los grandes beneficiadas de las políticas gubernamentales han sido las multinacionales que “manejan a su antojo los precios mientras el Gobierno sigue haciéndose el de los oídos sordos frente a esta problemática”. Dicen que el Estado está yendo en contravía de su propio discurso que ubica al campo como el escenario donde se va a soportar todo el tema del posconflicto y “se va a hacer realidad el proceso de paz”. (Ver: Declaración Dignidad Agropecuaria).
Movilización: acción política por el agro
Una de las acciones política definidas por los procesos de convergencia que sostienen el pulso con el Gobierno en pro superar la crisis del campo, es la movilización. La dilatación de las negociaciones de los pliegos empieza a propiciar un nuevo ambiente para acciones de protesta en todo el territorio nacional con el interés de presionar y generar una mayor celeridad en los acuerdos.
La Cumbre Agraria cree importante que el movimiento social continúe consolidando sus procesos en los departamentos para seguir construyendo el pliego de exigencias:
Por su parte las Dignidades Agropecuaria y Cafetera hacen el llamado a la unidad. “Necesitamos urgente tener un solo discurso, un solo norte “desprovisto de cualquier protagonismo individual e ideología y con la mira en que esto es una cuestión meramente gremial. El campo en Latinoamericano tiende a desaparecer frente a estas políticas agresivas de TLCs y primacía de lógicas urbanas”.
Para el 16 de marzo del año 2016 el proceso de Dignidades tiene programado impulsar un acto legislativo respaldado con cuatro millones de firmas y una masiva movilización que conduzca a 100 mil agricultores de todo el país hasta el Congreso de la República.
La Habana, la paz y el agro
El Gobierno Nacional se ha referido a la posibilidad de que la agenda legislativa para las reformas en el sector agropecuario incluya tanto las discusiones sobre el sector que se dan en La Habana con las FARC-EP y las que ha posicionado la Cumbre y las Dignidades, al considerar que varios de los temas presentes en la negociación con las FARC- EP, son los mismos que están presentes en las mesas agricolas (como es el caso de la tierra y los cultivos de uso ilícito).
Pero el movimiento social y agrario ha sido enfático al mostrar el desacuerdo, argumentan que el movimiento popular tiene una agenda propia, y aun cuando reconozcan importantes avances en la negociación del Gobierno con las FARC- EP, no es suficiente para resolver los problemas históricos del campo colombiano.
«creemos que ese nuevo país y esa política de desarrollo y vida para el campo, en condiciones de dignidad, tiene que ser necesariamente discutida con los campesinos, con los indígenas, las comunidades afros, que permanecen en los territorios y que hoy sufrimos los embates y las consecuencias de la guerra”, explica finalmente Iván Manchola, miembro del equipo político del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y vocero de la Cumbre Agraria.
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