En la historia del conflicto político, social y armado colombiano han existido diversas experiencias de procesos de paz entre grupos guerrillas y Estado, particularmente marcadas por el exterminio de líderes sociales.
Los primeros indicios de procesos de paz, datan del año 1982 durante el gobierno de Belisario Betancur. El Estado estableció conversaciones con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP), la Autodefensa Obrera (ADO), el EPL y el Movimiento 19 de abril (M-19).
Los diálogos darían frutos hacia 1984 con la concreción de los acuerdos de La Uribe (Meta) con las FARC-EP, que inmediatamente dio origen a la Unión Patriótica (UP), como colectividad política, y los Acuerdos de Corinto (Cauca) con el M-19. Ambos permitieron que se pactara un cese el fuego en 1984 y la desmovilización de varios miembros.
Ese mismo año, “en 1984 se presentaron los primeros asesinatos y desapariciones forzadas” de la UP, señala Iván Cepeda Castro en su documento Genocidio Político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia.
Los mismos familiares de las víctimas del genocidio de la U.P., narran que durante ese intento de paz “asesinaron a 2 candidatos a la presidencia de la república, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes, 69 concejales y más de 3.000 dirigentes y militantes de base más de 1.000 desaparecidos, más de 20 atentados a las sedes políticas, alrededor de 15 masacres, atentados a la libertad de prensa, miles de desplazados y torturados”.
Continuarían en el camino de los procesos de paz el presidente Virgilio Barco, con la desmovilización del Movimiento 19 (M19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Y Cesar Gaviria, con la firma del acuerdo de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que inició el gobierno Barco, el desmonte del Ejército Popular de Liberación (EPL), así como una fracción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la totalidad del Movimiento Indígena Armado «Quintín Lame».
Proceso de paz en el Caguán, un nuevo ocaso para los líderes sociales
Antes del actual proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP en La Habana, tuvo lugar en 1998 la mesa de conversaciones en San Vicente del Caguán (Caquetá) entre el presidente Andrés Pastrana y esta misma guerrilla. Acercamiento recordado por las zonas de distención, las cuales consistieron en despejar militarmente territorios de Meta y Caquetá.
Proyecto de Víctimas realizado por Semana.com evidencia el asesinato de 66 líderes sociales en el lapso de los diálogos del Caguán (1998-2002). Entre el 14 Enero 1998 y el 1 diciembre del 2001 62 masacres, según hallazgos de Verdad Abierta, provocó la arremetida de grupos armados ilegales de extrema derecha Autodefensas Armadas de Colombia (AUC) y Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), en complicidad con fuerzas del Estado.
Ver cifras de asesinatos y desaparecidos en la siguiente gráfica:
La Masacre de Yolombó (Antioquia) ocurrió el 31 de agosto de 1999, y demuestra el modo como sistemáticamente ocurrieron estos hechos. Hasta esta comunidad arribaron “miembros de la AUC asesinaron a 21 campesinos, entre ellos a una mujer de 19 años de edad, durante el recorrido realizado por varias veredas de la zona rural de éste municipio, entre la madrugada del martes 31 de agosto y la tarde del 1 de septiembre. Cerca de cien hombres armados llegaron a la vereda Altos del Café donde sacaron de sus viviendas a un anciano de 70 años a quien dieron muerte delante de su familia. Prosiguieron hacia la vereda Platanillo y ejecutaron a un hombre de 21 años de edad. Luego, arribaron a la vereda San Nicolás y sacaron a todos los habitantes de sus casas y asesinaron a cinco campesinos. Luego incursionaron a todos los habitantes de la vereda Rafael y se llevaron a varias personas hacia la escuela rural, donde les ataron las manos, les vendaron los ojos y les obligaron a tenderse en el piso, dándoles muerte. El grupo armado siguió su marcha por la carretera al municipio de Amalfi, donde asesinaron a los demás campesinos en varias veredas de este municipio”.
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Los departamentos más impactados por masacres de líderes sociales fueron Antioquia y Bolívar con 18 y 6 ejecuciones en diferentes momentos.
Mesa de diálogo en la Habana, nuevos asesinatos
Hacía 2012 iniciaron los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP con cinco puntos de discusión que prometen poner fin a la confrontación armada de más de cinco décadas.
En este periodo de negociación, según informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), se han potenciado los asesinatos selectivos de líderes sociales (ver gráfica). Según Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) tan solo en el 2015 fueron asesinados 32 defensores DDHH en Barrancabermeja. La agudización de la situación de seguridad es preocupante según la Fundación Paz y Reconciliación que indica que en lo que va corrido del año ya son 30 los casos reportados.
«Casi la mitad de estas personas están relacionadas con el Partido Comunista, la Marcha Patriótica y la Unión Patriótica», ha dicho Todd Howland, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; organismo que desde el año 2015 se ha mostrado alarmada por el asesinato de líderes sociales. Tan sólo el movimiento político Marcha Patriótica, desde su creación el 20 de julio del 2010, ha sufrido el asesinato de 118 de sus militantes, en el transcurso del año 2016 28 ejecuciones, según la ex senadora y fundadora Piedad Córdoba.
‘Ad portas’ de un acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, no existen cifras e investigaciones claras sobre el aumento de amenazas y asesinatos contra activistas políticos por grupos paramilitares. La siguiente fotografía es un panfleto firmado por Las Águilas Negras donde señalan sentencia de muerte contra organizaciones sociales, periodistas, docentes y más.
¿Por qué exterminar líderes sociales?
“De lo que se trata es de una voluntad perversa manifiesta en la idea de que el país no tiene por qué cambiar absolutamente nada y los moldes rígidos de la antidemocracia que tenemos sigan intactos, éste es el rechazo absoluto al cambio, a que se cedan privilegios, a que se instale la paz en el país”, explica el profesor de la Universidad Surcolombiana, cofundador de la U.P. en el Huila, Gustavo Briñez:
Organizaciones sociales y de derechos humanos señalan que el paramilitarismo es el responsable de gran parte de los homicidios de dirigentes políticos en el país: “esas acciones son agendadas con apoyo total de la extrema derecha, quienes tienen no sólo nexos con el paramilitarismo si no con algo mucho más complicado que es el narcoparamilitarismo”, agrega el profesor Gustavo Briñez.
Por su parte Ariel Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación, en diálogo con el Espectador considera que “no son banditas criminales, como lo quiere hacer parecer el Gobierno; el fenómeno es muy complejo”.
La preocupación se centra en que no existan garantías de seguridad en el momento en que se firme el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. “Lo que quieren es ponerle palos en la rueda al proceso de paz, causar miedo, terror, desestabilizar el país y eso hay que tenerlo en cuenta porque en el momento del posconflicto puede suceder lo que ocurrió con la U.P. en su momento”, agrega Briñez.
La preocupación expresada a la Agencia Colombia Informa por parte del Movimiento Político Marcha Patriótica en Norte de Santander, es generalizado en el movimiento social colombiano: “creemos firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio.”
Fotografía: Jesús Abad Colorado
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