La participación política y ciudadana es el segundo punto en la agenda que reúne nuevamente a los delegados del Gobierno y las FARC en La Habana en busca de la consolidación de acuerdos en materia de tratamiento jurídico al accionar delictivo de la insurgencia (violaciones a Derechos Humanos, Derecho internacional Humanitario, etc.), los derechos y garantías para el ejercicio Político desde los mecanismos democráticos de participación ciudadana de sus futuros movimientos; un punto sensible del Proceso de Paz ante hechos pasados que marcaron la historia del conflicto en Colombia, el primero, el asesinato de 4.000 miembros de la Unión Patriótica, movimiento impulsado por la guerrilla en los primeros intentos de paz con el Gobierno a mediados de los años 80; y en segundo lugar la responsabilidad presente de la mesa de proteger los integrantes del Movimiento Marcha Patriótica ante ataques de la extrema derecha.

Para Miller Andrade, profesor de Derecho de la Universidad Surcolombiana, el aspecto en el cual se adentra la mesa de negociación es uno de los más importantes del proceso, en cuanto permitirá la convivencia del ciudadano y de todos los ciudadanos, como lo establece la Constitución Política, propendiendo por la paz del país; “precisamente la vinculación de esos actores armados a la convivencia pacífica del colombiano.”, señaló el maestro, considerando además que Para no cometer los errores del pasado “al país le falta mucha pedagogía, sobre todo pedagogía constitucional, pedagogía por marco de la paz, como elemento central donde participen toda la comunidad, todos los ciudadanos; y entender que esta negociación tiene un consto político que es la vinculación de estas personas precisamente a la actividad política del país, al juego democrático que se tiene”.

Una agenda en la que además se hacen presentes, por parte de las FARC, temas como: la segunda instancia para los congresistas, la eliminación de inhabilidades por única vez para políticos que deseen participar en la política, la desvinculación del Ministerio Público de los procesos de la jurisdicción penal, el reordenamiento territorial de la Nación que permita la descentralización administrativa y fiscal, a partir de la creación de nuevas regiones. Puntos que han venido siendo tratados por el Congreso de la República, pero que tendrán discusiones amplias entre las partes.

Luego de este ciclo las negociaciones continuarán en temas como: la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación de las víctimas y la aplicación de los acuerdos en el post conflicto.
 

*Foto voxpopuli.net 

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