A finales de mayo del año 2013, el país conoció el acuerdo "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral", el primer acuerdo alcanzado por las partes en La Habana. En el mes de noviembre alcanzarían el segundo acuerdo. Participación política y ciudadana. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle afirmaba entonces que era la primera vez que se estaba tan cerca de poner fin a la historia del conflicto colombiano.
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Días después, en el mes de noviembre de 2013, arrancarían las discusiones en torno al tercer punto de la agenda. Drogas ilícitas y narcotráfico. Que se extendió y fue retomado el 3 de febrero del presente año (2014).
Según Naciones Unidas, Colombia tiene 48 mil hectáreas de coca que producen alrededor de 309 toneladas de cocaína pura al año. Además Bo Mathiasen, Representante en Colombia de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, ha señalado que en 23 departamentos colombianos hay presencia de cultivos ilícitos; siendo Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Norte de Santander los más afectados. Entre 135.000 a 200.000 familias en 200 municipios obtienen ingresos de estos cultivos. (Ver Colombia monitore de cultivos ilícitos).
En el país un kilo de Cocaína vale alrededor de 2.500 dólares y en Estados Unidos 35.000 dólares. En países Europeos como Holanda puede valer 60.000 dólares.
En el año de mayor reducción de cultivos de coca en el país, 2012, según el ministro de defensa, se erradicaron 34.000 hectáreas.
Senadores colombianos han señalado que es importante erradicar el problema de la droga y el narcotráfico porque si no, así haya paz, la van a heredar otros grupos armados ilegales diferentes a las Farc. Por lo cual han pedido acompañamiento internacional para prevenir el narcotráfico de la mano de una buena inversión social en las regiones afectadas por este fenómeno.
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El Fiscal General de la Nación ha considerado inviables la propuesta de las Farc de despenalizar la droga, al considerar que Colombia necesitará un aval del conjunto de naciones que luchan contra la producción y consumo de drogas ilícitas. Además cree que las fumigaciones deben continuar siempre y cuando se hagan con sumo cuidado tratando de defender el impacto sobre el medio ambiente. Ha pedido la creación de la Unidad de Extinción de Dominio en la Fiscalía para atacar todas las cadenas del narcotráfico.
“La propuesta de las FARC -una de las únicas concretas y ligeramente viables- es algo que muchas personas de sectores como las ONG y la academia venimos proponiendo desde hace tiempo”, le dijo a La Silla el economista Daniel Mejía Londoño, uno de los investigadores que más ha trabajado en el tema de cultivos ilícitos. “La guerra contra las drogas, enfocada primordialmente en Colombia en la aspersión y erradicación de cultivos ilícitos, no ha funcionado y está ampliamente documentado que los efectos de éstas son muy pequeños o nulos sobre la producción potencial de cocaína”, manifestó La Silla Vacía. (Ver Seis razones por las que la propuesta de drogas de las FARC tiene sentido).
El pasado viernes 29 de noviembre de 2013, La ONU entregó en La Habana a los negociadores del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) las propuestas del foro sobre drogas ilícitas celebrado en Colombia, para que se incluyeran en el debate sobre narcotráfico de la mesa de paz. El encuentro solicitado por las partes en la mesa, y desarrollado por la ONU y la Universidad Nacional, reunió a más de 1.300 personas de más de 550 organizaciones sociales del país.
La guerrilla ha manifestado que, uno de los aspectos en los que están de acuerdo con las propuestas recibidas por parte de diferentes sectores es en el “reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola”.
Recientemente el 04 de febrero del presente año (2014) han señalado que “los planes alternativos, para la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, deben ser en concertación y participación directa de las comunidades productoras, basados en los principios de la gradualidad, la voluntariedad, la concertación y la participación directa de las comunidades productoras”, a través de Asambleas y Consejos Comunitarios locales, municipales, territoriales y un Consejo Nacional. Cuyo fondo de financiación provenga del Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, del presupuesto general de la Nación, de la comunidad internacional, de empresas transnacionales, del Sistema General de Regalías, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de los bienes expropiados al narcotráfico y de ahorros generados por la desmilitarización, la suspensión de las fumigaciones y de la erradicación forzada.
Han reiterado la importancia de una veeduría internacional especialmente que estaría conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur y de la comunidad académica.
Y como ya es frecuente, a través de su último comunicado, publicado en su página web, la delegación de paz de las Farc admitió en el mes de marzo (2014) su responsabilidad en la proliferación de cultivos de uso ilícito en el país, aclarando que ha sido desde la “intermediación” y el “cobro de impuestos”.(Ver comunicado).
Carlos Salgado Director de Planeta Paz, cree que el cambio de los cultivos sagrados de los pueblos indígenas y algunas comunidades campesinas a un negocio asociado con drogas ha modificado sustancialmente el uso de los recursos y las prácticas comunitarias en el país. Considera que se ven además interrumpidas por unos actores ajenos a los territorios y a las prácticas culturales que potencian el negocio a nivel mundial y generan unos flujos de recursos financieros de insumos, agroquímicos y armas para controlar las comunidades, por lo cual "llegar a un acuerdo sobre cultivos de uso ilícito es clave para la paz de Colombia".
“En el caso de los países que están involucrados en estos cultivos, han generado desequilibrios culturales muy fuertes porque se convierten en la mejor opción mediante mecanismos expeditos y coercitivos para las poblaciones que se ven involucradas en estos negocios (…) y en el caso colombiano se han vuelto más agresivos porque han alimentado las dinámicas del conflicto y se han convertido en sí, en un conflicto muy particular, por eso es vital resolver este problema”, ha asegurado el Director de Planeta Paz durante su paso por la capital del Huila.
Las opciones que se han venido dibujando durante los diálogos en la Habana sobre este punto, son varias. Hacer una erradicación forzada, acordada o legalizar el consumo de estas sustancias para evitar la presión que se ejerce sobre las poblaciones y bajar el perfil financiero al negocio.
Hay necesidad de un cambio en los enfoques sobre los asuntos rurales… (Escuchar audio)
La legalización del consumo puede ayudar pero no termina siendo suficientes…(Escuchar audio)
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