Por Juan Guillermo Osorio
Dentro de las acciones que desarrollaran esta previsto presentar en marzo del presente año una acción de nulidad al Consejo de Estado de todo el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Igualmente están a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de respuesta a los recursos de medidas cautelares consistentes en la suspensión del proyecto Hidroeléctrico en su totalidad, la indemnización de todos los daños causados, el pago de compensaciones y la conformación de una zona de reserva campesina.
Los campesinos que desalojaron sin compensación regresarían a sus tierras a defender la sentencia de la corte constitucional.
Igualmente han solicitado a la Contraloría que vigile directamente el proceso que ordenó la Corte Constitucional como acción. Asoquimbo tiene una veeduría que va a vigilar el proceso para que no se pueda llevar a cabo ninguna incorporación ni decisión respecto al censo hasta tanto no intervenga el movimiento como elemento fundamental de la participación, puesto que la incorporación al censo y las compensaciones tienen que realizarse en común acuerdo con las comunidades y sus organizaciones.
“Para tal efecto Asoquimbo convoca el sábado primero de marzo a una asamblea de todos los afectados en el centro recreacional Manila de Garzón, en la cual se tomarán decisiones en torno a cómo se va a organizar y orientar la construcción del nuevo censo que ordena la Corte Constitucional, al igual se tiene pendiente realizar una movilización con todos los movimientos de represas hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá para hacer cumplir la sentencia de la corte, no solo en el Huila sino también en todos los demás municipios y regiones en donde se estén desarrollando proyectos minero- energéticos”, manifestó el profesor Miller Dussan.
Emgesa ha expresado que los avances de las obras físicas están en alrededor del 70% y manifiestan que han cumplido con todas las compensaciones ambientales y sociales que están establecidas en la licencia aspirando a iniciar con la inundación de la zona en diciembre próximo, y que a partir del próximo año habría generación de energía como está estipulado en el cronograma.
El problema central, según indicó Miller Dussan, radica en que a Emgesa solo les preocupa la generación de energía avanzando con las obras pero incumpliendo con programas como el de manutención y conservación de las especies.
“Para las compensaciones sociales Emgesa realizo un censo fraudulento, la Contraloría había realizado unos estudios demostrando que la metodología utilizada en ese censo conducía a distorsionar los resultados finales, disminuyendo el número de personas afectadas con el fin de que los montos de dinero para las indemnizaciones fueran menores”.
La corte constitucional tomo 7 casos que habían sido negados por el tribunal de familia en el Huila ordenando a Emgesa en un tiempo de 48 horas censar y pagar las compensaciones debidas a las personas que interpusieron las acciones y realizar un nuevo censo incluyendo a todos los afectados en un periodo de seis meses.
¿Quiénes tienen derecho a ser censados?
El fallo permite entre otras cuestiones reconocer y definir quién es afectado (todas aquella persona a la cual se le vulnera sus derechos constitucionales: Derecho al Trabajo, a una vida digna y al debido proceso) ordenándole a Emgesa incluir a las personas en el censo y pagarles las compensaciones. Igualmente el afectado no puede ser desalojado de una zona porque tiene derecho a ser compensado si se desaloja se estaría cometiendo un crimen y vulnerando los derechos constitucionales.
Respecto a los desalojos el fallo proferido deja claro que las normas internacionales hacen parte de la constitucionalidad del país, incorporando las normas al derecho constitucional, las líneas internacionales establecen en estos casos de desalojo, que personas que habitan el territorio no pueden ser desalojadas hasta no ser compensadas.
En el Quimbo a las comunidades se les desalojo violentamente sin ningún tipo de compensación y no se les reconocieron sus derechos fundamentales sostuvo el docente Miller Dussan.
El fallo de la corte constitucional establece por primera vez en el país una sentencia de obligatorio cumplimiento, en donde las políticas de represas para el futuro tiene que regirse por los parámetros de la política internacional, los estudios científicos, las conclusiones y recomendaciones que hacen los organismos internacionales es uno de los puntos que han resaltado movimientos en Colombia como Ríos Vivos, en Hidroituango y Hidrosogamoso.
La Sentencia permitió que en Colombia se incorporaran las recomendaciones internacionales que no han sido incorporadas en países como Brasil, Chile o Argentina en donde también se llevan a cabo proyectos minero- energéticos, esto permite que se den unos parámetros fundamentalmente de cómo deben manejarse las represas a nivel internacional. (Ver Sentencia Completa).
“A mi juicio la decisión del fallo permite ver que las grandes represas desplazan más personas que las guerras, destruyen los ecosistemas y no les garantizan compensaciones a las comunidades esa es la realidad de El Quimbo”, finalmente agregó Miller Dussan.
Luego de conocido la decisión de la Corte, se conoce de nuevos desalojos en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo. “El primer predio en donde se cumplió esta actividad fue La Vega, entre Majo y Jagualito, conformado por 140 hectáreas. En la diligencia de desalojo intervinieron: el inspector de la Policía de Garzón, Heriberto Rivera; la personera Sandra Natalia Fajardo, la secretaria General y de Convivencia, Yina Paola Lombana, y la Policía, entre otros organismos que hicieron el acompañamiento respectivo”, comunicó el diario La Nación de Neiva.
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