Por: Laura Marcela Perdomo
Detrás de la controversia causada por la posible incursión de Alange Energy Corp en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, los interrogantes que han surgido son múltiples. Luego de socializado el proyecto de exploración a la comunidad de la vereda Los Cauchos en mayo del año pasado y la negativa de ésta frente a la propuesta, la participación de la multinacional ha sido casi nula en los espacios de encuentro y debate donde se han involucrado comunidades, líderes sociales, administración municipal y departamental, como también organizaciones ambientales y defensoras del río. “Después de eso no volvieron a aparecer, de hecho quitaron a la vereda Los Cauchos del polígono donde pretenden explorar, para no tener ningún tipo de contacto con los habitantes de allí", afirmó Hilde Vidal, representante de las comunidades afectadas.
En el imaginario común, poco o nada se sabe de las firmas extranjeras que llegan a Colombia a explotar recursos naturales, especialmente en el ámbito de la minería; menos la situación que afrontan los ecosistemas estratégicos del país donde buscan incursionar. Muchas de ellas se nombran en los medios, las posturas ideológicas y políticas frente a éstas vienen y van, y su arribo al país a través de la famosa locomotora minero energética sucumbe en los conceptos de desarrollo, sostenibilidad, progreso, crecimiento económico o confianza inversionista.
De Canadá a Colombia
Desde Toronto, Canadá, Alange Energy Corp llegó a Colombia para invertir desde la explotación de crudo por medio de 18 bloques exploratorios distribuidos en cuatro de las siete cuencas productoras del país. En el 2009, adquirió por 20 millones de dólares 19.27% del bloque Cubiro, localizado en el departamento de Casanare en la cuenca Llanos Orientales y uno de los mayores yacimientos productores de crudo en el territorio nacional, considerado por la empresa como un “mega hallazgo”. Dicha región ha sido escenario de fuertes protestas por parte de las comunidades que han obligado a la compañía a suspender labores de explotación allí.
Tiempo después, en el año 2011, la multinacional fue demandada ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Canadá, por la firma de abogados Sutts & Strosberg, alegando que en agosto de 2010 había inflado y tergiversado las cifras de producción diaria de petróleo para atraer inversionistas.
Según Correo del Orinoco, medio de comunicación venezolano, a raíz de esto la empresa se sometió a nuevas estructuraciones internas, comenzando con la renuncia de su director en ese entonces, Luis Giusti, quien fuera el último en dirigir Petróleos de Venezuela (Pdvsa) antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de ese país.
Ese mismo año, Alange Energy Corp cambió su denominación a PetroMagdalena Energy Corp como parte de una estrategia que obedeció a tácticas de inversión. Luego, a través de un comunicado de prensa emitido el 27 de julio de 2012, la compañía Pacific Rubiales anunció la compra definitiva de Alange por un valor de US$225 millones.
Suregion.com.co elaboró un mapa de las mayores operaciones de Petromagdalena Energy Corp, donde se ubican cuenca, bloque y pozo de explotación.
(Ubique el cursor sobre los puntos del mapa interactivo para ampliar la información).
La efectividad de los mecanismos jurídicos
Luego de las políticas ambientales y minero energéticas impulsadas con mayor fuerza desde los dos últimos gobiernos en Colombia, los vacíos que éstas dejan en torno a la preservación del medio ambiente y la autonomía de los territorios, han suscitado rechazo general hacia las compañías extranjeras que no desaprovechan oportunidades ni escatiman esfuerzos para intervenir en el país.
Para el caso de Neiva, a la fecha los sectores activos que defienden la macro cuenca del río Las Ceibas, en cabeza de la administración municipal y departamental, se han apoyado en algunas vías jurídicas para impedir la exploración y explotación petrolífera en dicho ecosistema, como la Audiencia Pública y la Consulta Popular.
El alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, ya ha dado el visto bueno a ambas y afirmó en el pasado foro del 27 de marzo que la solicitud de la primera será posible en el transcurso de esta semana ante el gobierno nacional. No obstante, cada instrumento tiene sus alcances. Por un lado, el Decreto 330 de 2007 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que las Audiencias Públicas no son instancias de debate ni participación, lo que deja sin fuerza su eficacia frente al interés colectivo de defender el río. Según Jhon Jairo Trujillo Quintero, representante de los estudiantes de la Universidad Cooperativa y conocedor del tema en legislación ambiental, “en estos espacios no se va a definir la aprobación de una propuesta como la de exploración o explotación, sino que a través de la participación de la comunidad se definen estrategias de mitigación y compensación de impactos generados por los proyectos creados”.
Ante esto, el mecanismo en cuestión surtiría un efecto de carácter informativo, en la medida que las compañías dan a conocer a las comunidades detalles de los propósitos que quieren emprender.
La consulta popular, por su parte, conlleva otra dinámica. En esta medida, Trujillo Quintero manifestó que “éstas no van a tener un efecto jurídico pero sí político. El hecho que se convoque a la gente va a permitir un debate amplio frente a lo que pasa en Las Ceibas”. Por último recalcó su argumento, el mismo que dio a conocer en el pasado foro del 27 de marzo y que el mandatario municipal acogió como estrategia jurídica a utilizar frente a instancias nacionales. Dicho argumento se basa en una Acción Popular “el cual manifieste que no se permiten las actividades de exploración y explotación en el río Las Ceibas entre tanto el congreso no legisle en esta medida”, afirmó.
“Hay toda una maniobra para despojar el territorio desde la locomotora minero energética (…) las acciones jurídicas van a perder valía si no hay estrategias de movilización fuerte”, puntualizó Trujillo.
Seguimiento del caso por los organismos de control
Pese a que las funciones de la Procuraduría General de la Nación en Asuntos Agrarios y Ambientales contempla el carácter preventivo y de control en la gestión del área ambiental, parece ser que el desempeño de éstas en el Huila no es evidente, según declaraciones de este mismo organismo que opera en el departamento.
“A nosotros no nos compete el seguimiento a este tema, sólo realizamos el acompañamiento a las comunidades y asistimos a los espacios de socialización de este tipo de proyectos”, expresó Diego Vivas Tafur, Procurador en Asuntos Agrarios y Ambientales en el Huila. De otra parte, funcionarios de ese mismo organismo manifestaron que a la fecha no hay denuncias hechas por afectaciones directas a las comunidades de la cuenca.
Así mismo, Jesús Ignacio Herrera, de la oficina de Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Huila, puntualizó sus funciones en relación a este tema y afirmó que “ellos sólo hacen vigilancia a los recursos que se invierten en el departamento, que para este caso son sólo del tema ambiental”.
El próximo 10 de abril se tiene prevista una gran movilización cívica en defensa de la cuenca, donde se espera la participación de toda la sociedad huilense.
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