Para nadie es un secreto que más de cinco décadas de confrontación armada ha dejado múltiples e inmensas secuelas psicológicas en la población colombiana; el último Estudio Nacional de Salud Mental muestra que los trastornos de ansiedad alcanzan el 19.3% de la población general.
Según Médicos Sin Fronteras Colombia, (ver enlace) “a pesar del profundo impacto que la violencia tiene en la población colombiana, la salud mental sigue siendo un campo poco explorado, y la respuesta de los servicios sanitarios frente a trastornos mentales es generalmente limitada o inadecuada”, por lo que Javier Martínez Llorca, coordinador general, consideró “necesario que los servicios de atención psicoterapéutica estén asegurados en el primer nivel de atención, que acompañen a los equipos extramurales que se desplazan a las zonas rurales, y que el Estado garantice los protocolos y recursos adecuados para que los afectados puedan superar los hechos traumáticos que han vivido”.
Ante este panorama de la salud mental en el país, se concibió la “Esperanza”, una ley que el país empieza a celebrar porque llega en un momento clave de la historia de Colombia, y sin lugar a dudas representa un gran paso para la consolidación de la paz desde la verdad, justicia y reparación en un inminente posconflicto.
La Ley (ver enlace) fue reglamentada e implementada por los Ministerios de Educación Nacional, Trabajo y Justicia; la Academia Nacional de Medicina; las Asociaciones de Psiquiatría, Psicología y Terapia Ocupacional; la Organización Panamericana de la Salud; representantes de asociaciones de familias y personas con trastorno mental que hacen parte del nodo comunitario de la Red de Salud Mental y el Observatorio de Salud Mental de Medellín, entre otros.
Respecto a la importancia que tiene la normativa en el campo de la Psicología, el profesor de la Universidad Surcolombiana Fabio Salazar Piñeros comentó: (Ver video)
Sobresalen en la Ley 1616 de 2013 retos importantes para las instituciones Estatales colombianas en materia de: adecuación de los servicios en el marco del Plan Obligatorio de Salud (POS); el enfoque preferencial a niños, niñas y adolescentes; la implementación de acciones integrales para prevenir conductas como el acoso escolar, el estigma y la discriminación, violencias, y la conducta suicida; el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, involucrando de manera activa a los pacientes, cuidadores, familias y sus organizaciones, y a la misma academia, en las diferentes modalidades de atención en salud mental; la creación de un instancia especializada a nivel nacional denominada Consejo Nacional de Salud Mental, integrado por el Ministro de Salud y Protección Social o viceministro delegado, el Defensor del Pueblo, el Director de Promoción y Prevención, un representante por cada uno de los colegios o asociaciones profesionales que determina la Ley, dos representantes de los prestadores de servicios de salud, dos representantes de las asociaciones de pacientes, un representante de las facultades de ciencias de la salud, uno de las ciencias sociales y un representante de organizaciones sociales y comunitarias.

Al respecto Alba Luz Pinilla representante a la Cámara por Bogotá desde el Polo Democrático Alternativo, y autora de esta La Ley “Esperanza”, señaló que se trata de una apuesta política basada en los derechos, desde el campo de la prevención y el trabajo de lo comunitario, del territorio, del micro poder. “En este momento de diálogo es importante que Colombia haga una catarsis sobre verdad, justicia, reparación y sobre todo atención de víctimas, pues no puede haber ninguna víctima que no esté atendida desde el campo y la perspectiva psicológica para sanar todas estas heridas (…) no va haber ningún proceso de paz si el trabajo psicosocial no es considerado importante”, agregó la promotora de la Ley en el evento sobre salud mental organizado por estudiantes de décimo semestre de Pscología de la USCO.
Ahora sólo queda que el ministerio de Salud y Protección Social en dieciséis (16) meses a partir de la fecha de expedición de esta ley ajuste y expida la Política Nacional de Salud Mental, teniendo en cuenta los cambios normativos y el perfil epidemiológico del país.