Por: Fernando Iván Ruiz Perdomo
Abogado Litigante en Corporación de Abogados y Profesionales Surcolombianos CAPS
El común denominador de las mismas, es la crisis económica y social por la que atraviesan la gran mayoría de los colombianos y colombianas, quienes han venido padeciendo un encarecimiento de la vida que les ha imposibilitado cubrir todas sus necesidades, situación que contrasta con las cifras gubernamentales donde el país va por buen camino.
No obstante lo anterior, la nueva característica del proceso, que a nuestro juicio explica la contundente fuerza que ha venido tomando el paro, que en sus inicios era esencialmente agrario, pero que ahora suma varios sectores: transporte, salud, mineros, indígenas, estudiantes, barriadas, entre otros, ha sido un rechazo enérgico a la barbarie policial. La indignación generada por la constante denuncia de las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por la fuerza pública, como respuesta oficial profundamente represiva del Estado a las justas protestas de los campesinos, provoco en la ciudadanía un rechazo rotundo. Gracias a las redes sociales, el canal capital, cable noticias, entre otros medios regionales, se ha podido conocer de los excesos y abusos de la fuerza pública en el control de la movilización social, de la que en el discurso dicen respetar, pero que en la práctica no lo hacen.
Las constantes, reiterativas y variadas imágenes que evidencian la barbarie nos permiten inferir que no se trata de las acciones de algunas “manzanas podridas” al interior de la institución, sino de una instrucción previa y una práctica promovida al interior de la fuerza pública. No de otra manera se puede entender que en Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, entre otros, se presenten las mismas formas sistemáticas en que opera la Policía y el Ejército. Pues ya es casi común encontrar en las redes los vídeos de las golpizas, las detenciones arbitrarias, las heridas causadas por balas, las infiltraciones a la movilización para inculpar a los manifestantes, la destrucción de los bienes, el lanzamiento de piedras, entre otras acciones, que no están dentro de las facultades otorgadas a estos cuerpos armados para el control de multitudes.
Por tales razones, no puede seguir haciendo carrera en el Estado Colombiano el tratamiento estigmatizador, represivo y de criminalización de cualquier proceso de movilización social que exija sus derechos, pues no es propio de las democracias que las instituciones tengan carta abierta, bajo el trillado discurso de la defensa del orden público, para violar los derechos humanos y amedrantar e infundir terror en la población. Se hace necesario entonces una purga institucional, la definición de nuevas competencias que delimiten muy bien los alcances de la fuerza pública y que castiguen severamente y en la práctica, las conductas de los funcionarios que abusen de las mismas. Lo anterior, solo será posible en la medida que la ciudadanía exija de las autoridades, los cambios que se requieren.
Por otra parte, está claro que el Gobierno Nacional no comparte la lectura de los hechos como lo hemos planteado en este escrito, pues hoy amanecimos con la sorpresiva respuesta del presidente Santos de levantarse de la mesa de negociación creada con los campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño y de ordenar una mayor presencia militar para reforzar la represión, cuando lo que se esperaba era la ampliación de la mesa de negociación para incluir los diferentes sectores que se están movilizando.
Sea lo oportunidad para recordar e invitar al Gobierno, que además dicho sea de paso, de acuerdo con la Constitución Política se trata de un Gobierno en un Estado democrático, participativo y pluralista, a que rectifique sus decisiones, que mantenga el dialogo como vía para brindar respuesta a las demandas sociales mediante la expedición de políticas públicas que garanticen el goce efectivo de derechos, y a que impida el abuso en el uso de la fuerza, y con ello, el acrecentamiento de la indignación ciudadana.
*Foto: Vanguardia.com
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