Por: Carolina Arroyo González

Llega a ser hipnotizante escucharla musitar con donaire su batalla, pues pude sentir en carne propia lo que pudo ser una Gaitana atravesando el Río Magdalena. Su cabello, sus ojos, su pantalón, sus labios y hasta sus joyas hablan de su historia y su batalla; su sonrisa enmarca todos sus logros. La magia que rodea sus palabras solo me deja en la memoria el reflejo de qué es ser mujer: Belleza, dignidad, elegancia y triunfo.

Al escucharla contar sobre sus primeros pasos se recrea la imagen de una chiquilla que quería un lugar en su familia, que soñaba con llenar su cuaderno, engrandecer su mente y demostrar que era ella tan merecedora de dicho privilegios como sus hermanos mayores. La imaginé astuta, ingenua pero valiente mientras hacía labores otorgados a los hombres, ¿qué es un hueso carnudo? ¿ Qué son unas vueltas exactas? ¿Qué era ser buen católico? ¿que era aprenderse el rosario y declamarlo con galanura y propiedad?; Estos fueron los primeros pasos para ganar liderazgo y respeto en su familia. Para superar y romper los límites de las mujeres de esta época, para poder estudiar Ana rompió con el principal argumento de su padre, "no educare a la guisa de otro". Comprendió que para merecer debía demostrar que podía, no solo con sus rendimiento sino aportando desde su corta edad para sus cuadernos y sus lápices.

Su espíritu guerrero lo lleva en la sangre y jamás fue un impedimento ser mujer, todo lo que se propuso lo logró, desde la creación del primer periódico de noticias y denuncia de su comunidad como defender las tierras de su pueblo por encima del párroco, del colegio, del estado y del ejército. Son historias y batallas que van más allá de las novelas rosa de las que acostumbramos ver y vivir.

Ana con esfuerzo, coraje y autonomía empezó a leer e investigar sobre los procesos indígenas que permitían recuperar las tierras y defender el territorio haciéndose de a poco amante de éste su nuevo camino. Es así como asume el rol de organizar el pueblo cumpliendo ya 26 años de ser gobernadora de la comunidad indígena Tama Pijao (descendientes del pueblo Pijao)u bicado hoy en la vereda El Vergel en el municipio de Santa María territorio conseguido con recursos propios.

Son gloriosas las anécdotas de esta MUJER, orgullo de nuestra tierra, rezará en su memoria la importancia del saber, del conocimiento para crecer, surgir, además de la necesidad de saber y difundir los derechos que tienen las mujeres para hacerlos respetar. Hoy Ana usa pantalones, no por elección sino por prevención, no quisiera caer nunca más después de un golpe, un empujón e inquietarse por mostrar su ropa interior a una brigada del ejército nuevamente.

Mostrando su sonrisa dice: "fui víctima de violencia intrafamiliar y si no tengo algunos dientes y no los he arreglado es porque serán símbolo y protesta contra mi esposo, serán el símbolo de la lucha para sacar a mis hijos adelante, el símbolo de nuestros derechos¨, además Ana comenta que su comunidad está progresando, "las mujeres tenemos autoridad, trabajamos, generamos ingresos y esto definitivamente nos da poder pues equilibra la balanza. Los hombres trabajan pero también cocinan, saben lavar, barrer y planchar".

Ana teresa Manjarres es abogada indígena , gobernadora de la comunidad Pijao el Vergel del municipio de Santa Maria Huila, presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas (APIO), comisionada de autoridades tradicionales indígenas de Colombia y miembro de Comité Ejecutivo de Autoridades Indígenas de Colombia ante el Gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Con sus hijos
 

 

Contexto

La violación a derechos humanos contra la mujer ubica al Huila en el puesto 13 entre los departamentos con mayores índices de violencia contra las mujeres, según PNUD en el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) de 2010, citado en el informe del PNUD, en Colombia el 11,6% de las mujeres ubicadas en zonas rurales expresó haber sido víctima de alguna manifestación de violencia física por parte de personas diferentes a su esposo o compañero. Además, el 28,9% de las encuestadas en zonas rurales, que alguna vez tuvieron pareja, reconocieron haber sido víctimas de alguna forma de violencia física por parte de su esposo o compañero. A esta manifestación de la violencia intrafamiliar suman la violencia sicológica. En este sentido, el 52,7% de las mujeres de zonas rurales señalaron haber sido víctimas de alguna forma de control por parte de su esposo o compañero y el 29,9% reconocieron haber sido amenazadas. Una situación que llevó a la Corte Constitucional a declarar en el 2008 que la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”
A nivel del departamento el Sistema de Vigilancia de las problemáticas de Salud (Sivigila) reveló que en el 2011, la mujer tiene las mayores cifras en condición de víctima, con el 89% de violencia sexual, el 31% de los suicidios, el 63% en intento de suicidio, el 93% en violencia conyugal, el 81% en violencia intrafamiliar, el 84% en abuso sexual, el 51% maltrato Infantil, el 20% por consumo de sustancias psicoactivas, el 31% por accidentes de tránsito, el 19% homicidios, el 13% muertes por lesiones no intencionales y el 13% de muertes por tránsito. Además el informe del PUND, con base en los cálculos del iINDH 2011, señala que la esperanza de vida de las mujeres en el 2002 era de 76, 3 y en el 2009 aumento al 77, 9. La tasa de analfabetismo en el 2002 era de 91.6 y en el 2009 aumento a 92.4. La tasa de escolarización en el 2002 era de 68.0 y en el 2009 aumento a 91.2

Normatividad para la mujer

Respecto a la normatividad, en Colombia cerca de 12 leyes velan por la mujer; entre las que se encuentran la Ley 1257 que sanciona la violencia contra la mujer, pero que las organizaciones en pro de la mujer consideran que se debe eliminar el Código de Procedimiento Penal para que la mujer no desista luego de la denuncia. “Los niveles de violencia física son muy altos pese a que las denuncias son muy pocas, sin embargo se puede encontrar que anualmente hay un aumento en las cifras de estas denuncias y esto es debido al trabajo de sensibilización de las mujeres donde se hace hincapié en que nunca será normal que sean maltratadas. Este mínimo porcentaje de denuncia con relación a las violaciones reales se debe a que muchas mujeres no denuncian por miedo, por amenazas y también porque quienes deciden hacerlo no encuentran eco en las instituciones”, comentó Isabela Quintero Ortiz integrante de la Corporación Casa de la memoria, quien además resaltó que “hoy no celebramos el día de la mujer, conmemoramos las luchas que las mujeres han debido asumir para la reivindicación de sus derechos¨.

Frente al tema de participación política hay leyes transitorias que el estado genera para fomentar la participación de las mujeres, la ley de cuotas 581 del años 2000 por ejemplo plantea que como mínimo la participación de la mujer debe ser del 30 % lo cual es positivo, sin embargo no se cumple y prueba de ellos es que de los 400 concejales en el Departamento del Huila, sólo el 6% son mujeres (24 mujeres) de 12 diputados 4 son mujeres, y de los 37 municipios solo hay 3 alcaldesas. Lo que demuestra que en Colombia hay una normatividad importante que se ha ganado frente al tema de la participación de las mujeres en cargos públicos, protección de las mujeres en relación con la violencia tanto en el conflicto como en su condición de mujer; pero lo que no se ha logrado es traducir dichas leyes a la práctica, pues ha sido difícil entender las transformaciones sociales que han surgido a partir de su participación histórica.

Las entidades de la mujer que existen en la ciudad: ONU Mujeres, el PENUT, Casa De La Memoria y actualmente la secretaria de la mujer trabajan en visibilizar la importancia de construir políticas para las mujeres. Desde esta intención han ido organizando las mujeres de la región para construir propuestas de desarrollo desde las necesidades de la mujer indígena, del campo y la ciudad con el fin de establecerlas como un marco legal para que sean incluidas en las políticas públicas del departamento y la ciudad sin importar el gobernante o alcalde de turno.