El fenómeno de los falsos positivos conocidos por la comunidad nacional e internacional a mediados del año 2008, fue narrado por las victimas del sur colombiano ante más de 200 personas en la Cámara de Comercio del municipio Laboyano.

La historia de joselo, Fanny, Ferney, Carlos, Aldecio, Claudia, Daniel, entre otros, protagonizaron el espacio coordinado el día 24 del mes de enero del presente año (2014), por El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (Obsurdh), La Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive y El MOVICE capitulo Huila y Caquetá, con el apoyo de La organización Para la Reconciliación (FOR), El CPDH (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos), OACNUDH, El PNUD, entre otras organizaciones que se hicieron participes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esta es la oportunidad en que las personas, las víctimas y la ciudadanía en general, hace un reclamo de una manera muy pacífica ante las mismas entidades del estado para que los escuchen, y de esta misma manera las organizaciones del estado ayuden en el fortalecimiento y la resolución de sus problemas de una manera pronta y efectiva para ellos”, señaló Fredy Cuenca, miembro de la Defensoría del Pueblo desde el área de víctimas y quien participó en la Audiencia Pública por la Verdad.

Por su parte Oscar Prieto, miembro del Obsurdh, consideró que el encuentro de diálogo fue la oportunidad para traer nuevamente a la memoria pública, a la opinión regional y nacional, a las víctimas de ejecuciones extra judiciales especialmente del sur de Colombia, alrededor de un fenómeno que se ha centrado en las victimas cercanas a la capital colombiana, sin que se visibilicen casos como los del Huila que a nivel nacional ocupa el tercer lugar, con 396 casos reportados. El Huila figura entre los departamentos con más ejecuciones extra judiciales (251) junto al vecino Departamento del Caquetá.

“Demostrar cómo no se ha garantizado los derechos a justicia y verdad de las víctimas de ejecuciones extra judiciales: los procesos penales y administrativos están prácticamente archivados en los estrados judiciales y no avanzan para garantizar los derechos a las víctimas de reparación no solo pecuniaria sino también de los nombres, del buen nombre. Es algo completamente significativo y complejo, y que demuestra el nivel de vulnerabilidad de la situación de derechos humanos de la población civil en el departamento del Huila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones de derechos humanos, destacaron que los casos de asesinatos extrajudiciales en el Departamento del Huila y la región sur de Colombia, se caracterizaron por presuntamente ser perpetrados a manos de miembros del Batallón Magdalena y Cacique Pigoanza; quienes presentaban a las víctimas como parte de grupos armado ilegales o grupos delincuenciales.

Para el sacerdote Samuel Chávarro Collazos, actual director de la Pastoral Social de la Diócesis de Garzón, se trató de un espacio importante que les permitió a las familias de las victimas contar su dolor, su drama y también descubrir que hay una cierta impotencia porque las estructuras del Estado no son ágiles a la hora de aclarar estos hechos que son dolorosos para las familias.

“En la medida que la sociedad vaya tomando conciencia de su papel preponderante en la transformación social vamos a encontrar caminos; una sociedad que sepa pensar, que no come callado, que no solo es receptora del problema sino que es capaz de hacer propuestas de sana convivencia que permita que estos hechos no sigan sucediendo”, agregó el sacerdote.

Un proceso con las Víctimas

La Audiencia Pública por la Verdad, Falsos positivos en el sur de Colombia “en el Camino de la Impunidad”, hace parte de los procesos de organizaciones de derechos humanos, que además de crear diálogos y movilización desde las víctimas, busca emprender acciones jurídicas y comunicativas tendientes a esclarecer los casos reportados. Una vez que las vías internas se hayan agotado o que por el tiempo se lleguen a perder la vigencia de las pruebas, las organizaciones llevarán los casos ante organismos internacionales de protección de derechos: La Corte Interamericana, El Sistema Regional de Protección de Derechos, y finalmente donde corresponda.

La nueva modalidad de los falsos positivos, la nueva estrategia gubernamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en el último año los organismos no tienen casos documentados que puedan ser vinculados a actores o agencias por parte del Estado como ejecuciones extra judiciales, reportan que las detenciones masivas demuestran los nuevos planes gubernamentales contra insurgentes.

“En este momento las exigencias que tiene el Gobierno o los planes contra insurgentes que viene presentando el Gobierno Nacional están más orientados a atacar las redes de apoyo al terrorismo y con eso han traído conceptos como: El civil Hostil o el blanco legítimo. Lo que ha llevado a capturas masivas. O inclusive en los últimos meses han sido asesinados tres líderes comunitarios, sociales, campesinos del departamento del Huila y sin ningún tipo de acción o presunción sobre los actores de ese tipo de muertes. Sigue un contexto generalizado de violación de derechos humanos en el departamento del Huila”, finalmente dijo Oscar Prieto, miembro del Obsurdh (Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos).

La historia de Joselo, narrada por su hermana

“El 14 de septiembre de 2007 fue ejecutado Joselo por tropas del Batallón Magdalena. La víctima que se desempeñaba como conductor fue muerta en la vereda Yarumal de Pitalito Huila. Según su madre a las 8 de la mañana salió de su casa a trabajar y su hijo Joselo se comprometió a llevarle el desayuno.

Llegada la una de la tarde, él no había llegado. Ella se dirigió a la casa donde encontró la puerta y la ventana abierta, sonó el teléfono y un hombre preguntaba por su hijo: se contestaron seis llamadas donde se preguntaba si ya había llegado a la casa y se burlaba.

En la última llamada manifestaron que si quería verlo tenía que ir a la Morgue, en efecto allá se encontraba. Cuando estaban en reconocimiento llegaron dos agentes de la SIJIN y le tomaron fotos a ella y a su otro hijo.

Al otro día se dirigieron al lugar de los hechos y la comunidad de la zona manifestó que fueron miembros del ejército quienes habían cometido el asesinato, de igual forma, se encontraron tres vainillas de armamento de porte de las fuerzas militares. Manifestaron que habían dado de baja a un delincuente que portaba un arma de largo alcance, arma que nunca apareció”.