Ya está comprobado que en Colombia son necesarias las vías de hecho para que el Gobierno cumpla con obligaciones que tiene con la ciudadanía. En Neiva, habitantes de sector vulnerable lograron solucionar problemática con aguas residuales con instrumentos como la tutela.
Los derechos de petición y tutelas fueron las únicas alternativas que tuvo la comunidad del barrio San Martín bajo de la capital huilense, para dejar de soportaban malos olores en época de verano e inundaciones en temporada de invierno debido a falencias en la red de alcantarillado. De esta manera consiguieron que Empresas Públicas (EPN)construyera una obra que hasta el momento soluciona una problemática que padecieron por cerca de nueve años.
Según los pobladores, desde que EPN construyó en el 2006 la red de alcantarillado que culmina en el barrio San Martí, iniciaron los dolores de cabeza; hubo desde presiones hasta amenazas, manifiesta Campo Elías Trujillo, quien al tener su vivienda ubicada al costado de la tubería, sufrió directamente agresiones. Los funcionarios de la entidad de esa época argumentaban la necesidad de realizar la obra como la tenían planeada para reducir costos.
En el siguiente video la experiencia del habitante:
La red de alcantarillado, indica la comunidad viene desde la Calle octava con Carrera 33, recoge las aguas negras del barrio Panorama y llega a San Martín, donde desemboca en el río del Oro. El costo de esta red ascendió a 3.308 millones de pesos.
“Nosotros teníamos el problema del alcantarillado que no da abasto por el alto flujo de agua residual que recibe. En temporada de verano el olor era nauseabundo y en época de invierno el líquido residual se devolvía y salía por lavamanos, sifones, generando problemas de salud”, así cuenta Adriana Buendía, habitante del sector.
A raíz de las afectaciones, Manuel José Medina, líder de la comunidad se dio a la dura y fatigante batalla legal contra la Administración Municipal. Con una carpeta donde consignaba derechos de petición y tutelas pasó cuatro años de oficina en oficina para hacer valer los derechos de población que representa. “El pobre tiene que padecer afectaciones por culpa de las malas decisiones de los funcionarios del gobierno”, explica al recordar las diversas citas en la Procuraduría Provincial de Neiva, Empresas Públicas y Alcaldía, no le dieron respuesta.
“Hasta ahora ha funcionado”
En cuanto al aliviadero, estructura hecha para erradicar la problemática que afectaba a esta comunidad, Oscar Guillermo Castañeda, profesional especializado en alcantarillado de Empresas Públicas de Neiva, manifiesta que la obra tiene un costo de 430 millones y el objetivo es optimizar la red de alcantarillado existente que pertenece al mayor colector de aguas residuales paralelo a la margen derecha del rio del Oro; obra que según el funcionario hasta ahora ha funcionado desde su construcción a finales del 2015. “No hemos vuelto a recibir llamadas telefónicas sobre la afectación que sufría la comunidad”, agrega Casteñeda.
¿Por qué los derechos en Colombia se exigen con acciones de hecho?
Son diversos los casos en que la movilización y las demandas ante instituciones son las únicas herramientas que tiene la ciudadanía para hacer valer derechos fundamentales. Según el docente Germán Alfonso López, director de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, esto se debe a la incapacidad que tiene el Estado para solucionar de manera pronta las problemáticas que tiene la ciudadanía. Escuchemos su postura a continuación:
Mientras los canales de comunicación entre la población y la institucionalidad continúen fallando, serán elementos como la tutela los que permitan que los derechos fundamentales sean una realidad en Colombia, un estado social de derecho.
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