Las reuniones en La Habana han planteado en materia teórica una posible solución a los problemas de la tierra y los cultivos ilícitos en el país. Sin embargo, la voz de las comunidades y líderes sociales en la intención de avanzar hacia la construcción de Paz es tan importante y no menos que las mismas discusiones que surgen en la mesa negociadora entre los representantes del Gobierno Nacional y las FARC.
Aunque la violencia antecede a los cultivos de uso ilícito en Colombia, estos últimos han sido un componente fundamental para la guerra en el país; se consideran un factor subyacente y vinculante al conflicto armado y uno de los más influyentes en el fenómeno del desplazamiento interno, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El último informe del censo de Monitoreo de Drogas Ilícitas reportó que para el 2012 hubo 48 mil hectáreas como área neta de cultivo ilícito en el territorio nacional. De esa cifra, los primeros cinco departamentos con mayores áreas fueron Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare y Antioquia en su orden respectivo. El mismo informe también indicó que las cifras descienden cada año, teniendo en cuenta que para el 2011 la cifra fue de 64 mil hectáreas. (Ver gráfico de cifras de cultivo de coca en departamentos, desde 2006 a 2012. Fuente: UNODC).
Para entender el desarrollo de los cultivos ilícitos y los aspectos que lo rodean no es suficiente ubicarse en tiempos recientes, sino ahondar en las transiciones históricas que mucho han tenido que ver con el problema de la tierra, que es también el del campesino colombiano. Las fallidas reformas agrarias, los planes para erradicación, las inefectivas políticas públicas alternas para hacerle frente a los cultivadores, entre otros puntos, son algunos de los que conforman el hilo de la situación.
En su columna "Coca: Oro y Tierra", Alfredo Molano Bravo, sociólogo y periodista colombiano, manifiesta que "hay que buscar el origen de la tragedia, que tanta sangre ha costado, en la constante burla de la reforma agraria". Más no se puede referir frente a esto si se tienen en cuenta los diferentes procesos de transformación agraria en Colombia que datan de la tercera década del siglo pasado, y donde su primer referente se remonta a la propuesta de Ley sobre Tierras hecha por el ex presidente Alfonso López Pumarejo, que luego pasaría a ser la Ley 200 de 1936.
Hoy, los acuerdos en La Habana han establecido varios puntos, entre ellos el de la creación e implementación de una Reforma Rural Integral (RRI) que no es otra cosa que otra nueva reforma agraria. En este sentido, las partes reconocen que una "verdadera transformación del campo requiere medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, retribución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de los habitantes del campo y en particular a las mujeres y población más vulnerable". (Lea el borrador sobre la RRI).
Pero en el fondo de esas discusiones, las necesidades reales de un país mayoritariamente agrícola que urge tener una reforma agraria integral verdadera, al parecer no se han hecho visibles. Las percepciones que han surgido desde los líderes y voceros de diferentes organizaciones agrarias en el país han reflejado un rechazo profundo a las decisiones tomadas en La Habana acerca del tema.
El vocero de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas (ANZORC) y miembro del comité asesor del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), César Jerez, manifestó en diálogo con suregion.com.co que en este aspecto "el enfoque del gobierno en los diálogos es errado" y las propuestas van en contravía de las comunidades rurales. Para el vocero, “la Ley de Baldíos busca entregarle dichos terrenos a latifundistas y empresas multinacionales; aniquila la Unidad Agrícola Familiar que es una práctica fundamental contra la concentración de la tierra y el latifundio”. Jérez, quien fuera líder de las protestas en el Catatumbo a inicios del año pasado, también enfatizó que si dicha ley se aplica es imposible que haya un proceso de Reforma Agraria Integral como lo plantea el Gobierno. (Lea: Ley de Baldíos, negocio redondo tras la conquista de la última frontera agrícola)
En ese sentido, la solución al conflicto generado por las drogas ilícitas en el país podría ser posible si hay un cambio en las estructuras de acceso, uso y tenencia de las tierras en Colombia. “Para solucionar el problema de la coca, amapola y marihuana, hay que solucionar el problema de la tierra; formalización de fronteras, derechos territoriales para los campesinos como son las Zonas de Reserva Campesina y posibilidades de inversión social a través de Planes de Desarrollo”, añadió Jérez.
César Jérez, vocero de ANZORC y miembro de la OCDI (Foto: Blu Radio)
Cultivos de uso ilícito, un pulso frecuente en Colombia
La sustitución de la coca, amapola y marihuana se avizora como una alternativa a la solución de uno de los mayores conflictos que el uso y tenencia de la tierra cargan: drogas ilícitas. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) condensa esa alternativa y se convierte en un componente indispensable para la transformación rural en Colombia. Dicho programa "se constituye en un elemento clave de la Reforma Rural Integral que busca desarrollar el acuerdo", y señala que pondrá en marcha "un proceso de planeación participativa para garantizar la acción efectiva de las comunidades en el proceso de toma de decisiones y en la construcción conjunta de las soluciones".
Pero más allá de lo anterior, el PNIS no sólo se basa en planes participativos a favor de las comunidades, sino que también busca brindarle a los cultivadores oportunidades para que se desvinculen definitivamente de esta práctica. No obstante, para David Curtidor, representante de la empresa industrializadora de la hoja de coca, Coca Nasa, "lo que está pasando en La Habana es que se está hablando de un tema que es de propiedad de los pueblos indígenas. ¿Qué hacer con la coca que es de los pueblos?". Desde las comunidades indígenas, Curtidor reconoce que en estas no hay una concepción de cultivos ilícitos y recalca este aspecto como una distinción, la cual complementa con la premisa de que la coca es un patrimonio biológico y cultural. (Lea: Una iniciativa legal que lucha contra el estigma hacia la coca)
Y es que más allá de un conflicto derivado de las tierras, hay otro más profundo; una especie de retaliación de conceptos donde lo ancestral se confunde con lo ilegal. En un país donde aflora la multiculturalidad y las comunidades indígenas abogan por el respeto a sus territorios y prácticas milenarias, el tema abarca aristas que van más allá de una reforma agraria para ser un debate conjunto a los ámbitos de la cultura, producción agrícola, economía y sostenibilidad ambiental.
Henry Yalanda, miembro de la comunidad indígena Misak en el Cauca, no duda en admitir que la satanización de la coca producto de su mal uso ha opacado el significado que esta tiene para las comunidades indígenas. “Los que hemos sido mambeadores de la hoja hemos dicho que todo indígena convive, vive y practica la sabiduría y el acompañamiento ancestral con ella”, recalca Yalanda.
Producir cocaína no sólo en Colombia sino en el mundo ha hecho concebir esta planta como un mal mayor; una especie de obstáculo para cualquier tipo de desarrollo. “En el mundo la sagrada coca se está utilizando para otras cosas como la producción de alucinógenos, que no son nada agradables a la sociedad. Nosotros como pueblos indígenas seguimos luchando para que lo sagrado se respete”, enfatizó Yalanda.
La sustitución de cultivos de uso ilícito ha sido objeto de múltiples debates. Algunos, como el representante de Coca Nasa, David Curtidor, consideran que no se trata de un proceso de sustitución sino del cambio en su uso. “Siendo la coca un producto agrícola, mientras no se resuelva en Colombia qué hacer con éstos, ninguna oferta de industrialización va a ser tan buena como la producción de cocaína”. Y es que siendo el narcotráfico un peldaño en el proceso de producción y comercialización de droga, quienes cultivan no sólo coca sino otras plantas consideradas ilícitas, ven en esta actividad la única opción de supervivencia ante el abandono estatal y la ausencia de alternativas. “La coca en sí misma es una solución para el problema del narcotráfico. Puede convertirse en alimento y fuente de aprovechamiento industrial enorme”, resaltó Curtidor.
David Curtidor, representante de COCA NASA. (Foto: Confidencial Colombia)
Medio ambiente: las heridas del glifosato
Los planes de erradicación han sido muchos desde que el problema de la droga se instauró en todos sus niveles. La cooperación internacional, como el mismo Gobierno considera a las ayudas externas para contrarrestar la acción de los cultivos, se volvió un imperativo de la política antidroga alrededor de todo el mundo. En La Habana, las partes hablan de voluntad, una que conlleve la erradicación manual por parte de los cultivadores y la incursión de estos en alternativas que no les permita reincidir en la práctica.
Pedro Arenas, ex gobernador del Guaviare y miembro del OCDI, manifestó en una entrevista hecha por El Espectador que el Putumayo ha sido uno de los “escenarios más importantes del país en materia de la llamada ‘sustitución de cultivos’”. No obstante, ha sido también uno de los muchos procesos fallidos de erradicación por medio de la técnica de fumigación con Glifosato, que además de desplazamiento interno de comunidades, ha generado las peores afectaciones al medio ambiente.
Por otro lado, el Manifiesto del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos sobre las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia, es un documento que reúne el estado de dichas fumigaciones y expresa que aproximadamente hasta el año 2009 en que sale el informe de la UNODC, se han vertido aproximadamente 33.873.793,2 litros de glifosato sobre el territorio colombiano, “una cifra espeluznante en términos globales y que resulta uno de los atentados medioambientales más significativos en la historia del planeta”, menciona el aparte.
Ante esto, “se planteó tanto a las FARC como al Gobierno a través de los canales de participación sobre el tema, suspender inmediatamente las fumigaciones como un aporte a la situación crítica que dejaba a la salud de los seres humanos y el medio ambiente”, señaló César Jérez al respecto. A pesar que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado este herbicida -desarrollado por Monsanto- como poco riesgoso para la salud humana, estudios científicos han establecido lo contrario y además, lo han catalogado como un elemento altamente tóxico para los ecosistemas.
Y si el glifosato aniquila cualquier posibilidad de solución a los problemas de la droga, la erradicación manual, siendo uno de los ejes en la política de erradicación de cultivos, tampoco satisface las expectativas de las comunidades. Ellas sienten que hay pocas garantías de que esa “voluntad” por la cual aboga el Gobierno le ponga fin a los conflictos emanados por los cultivos ilícitos en Colombia. ¿Realmente existirán alternativas que les permita a los cultivadores alejarse de esa recurrente práctica y finalmente sobrevivir?
Cuando las comunidades están en juego
Henry Yalanda, indígena Misak
A Henry Yalanda sólo le interesa que haya un cambio cultural alrededor de la hoja de coca. “Nosotros no necesitamos ir a Cuba a decir ‘esta es nuestra agenda’ sino pedir respeto a nuestras plantas en Colombia y los diferentes territorios. Ha habido una violación a ese pedazo de vida que nos ha acompañado y además, nos han violado ese derecho a la asistencia del movimiento indígena. En esta sociedad toca seguir resistiendo y preservando lo que es nuestro”, expresó el indígena de la comunidad Misak. Que la coca no sea un objeto de análisis en dichos espacios es otro de los aspectos que reitera Yalanda, cuando hace énfasis en que “lo que se habla entre ellos es para ellos, y lo que nosotros hemos venido practicando y hablando es para nosotros”.
Mientras tanto, las ambigüedades por parte del gobierno le dan una falta de franqueza al proceso que se refleja también en escepticismo; una mirada de quienes han liderado arduos procesos en materia del agro en el país. “El punto tiene muchos elementos pendientes que se requieren abordar, de esta forma parcial no se solucionaría el problema y generaría mayor conflictividad de las tierras en el país”, mencionó César Jerez.
Los espacios de participación les han dado a las comunidades una oportunidad de presentar propuestas que rediman sus conflictos, como foros, principalmente. El conflicto armado seguramente se soluciona en la mesa negociadora, “pero el conflicto social no se resuelve sino se resuelven los problemas estructurales. Lo que se está haciendo en La Habana no es un acuerdo que implique a todos los sectores de la sociedad colombiana”, concluyó David Curtidor.
Mientras tanto, cocaleros y cultivadores de plantas consideradas de uso ilícito se han organizado no sólo para proponer alternativas, sino para emprender una cruzada que les permita ser reconocidos pero a la vez desligados de cualquier concepción de delito sobre el cual puedan incurrir. La Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), se constituyó a finales del año pasado y se nutre de organizaciones agrarias en el país conformadas por indígenas, campesinos y afrodescendientes, todos ellos productores de cultivos declarados ilícitos. A La Habana lanzaron propuestas, y continúan trabajando para fortalecer su posición, la misma que les permita darle una solución a sus problemas y la de todo un país. (Lea: Productores de cultivos declarados ilícitos constituyen su propia organización)
Las discusiones sobre las drogas ilícitas en Colombia continúan con vacíos e imperfectos. En la práctica todo puede cambiar si las reglas de juego no tocan otros temas esenciales, los que realmente se deben tener en cuenta para dar fin al problema, uno de los muchos que siguen andando de la mano con la violencia en el país.
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