A veces cuando las personas piensan en DH (derechos humanos) se refieren sólo al conflicto armado, más no a los conflictos sociales que se encuentran inmersos en cada departamento y municipio, además de las múltiples violaciones a DH por civiles, entidades privadas y públicas que no están ligadas directamente con el conflicto armado; a pesar de algunas campañas institucionales que se han desarrollado en el país y específicamente en el departamento del Huila en materia de DH, el desconocimiento de la población en general sigue siendo considerable. Por otro lado, el tema de los DH no entra en la agenda mediática y sólo figuran algunos casos que no reciben seguimiento por parte de las cadenas masivas de comunicación.
En Colombia en el periodo comprendido de enero a octubre del año 2011 se registraron 32 casos de masacres y 12.159 homicidios. Nuestro país está en la lista de la CIDH como uno de los 4 naciones de América Latina que más viola los DH; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que entre enero y noviembre del año pasado fueron asesinados 111 miembros de sus comunidades; en lo corrido de este año van 23 sindicalistas asesinados según registros de la CUT; y en el Huila en tan sólo el primer semestre del año pasado, se denunciaron 45 casos de violaciones a los DH por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en nueve municipios del departamento. Entre sus responsables se encuentran con mayor número la Polícia Nacional, seguido de paramilitares, Gaula, FARC, Ejercito Nacional y por último el desaperecido DAS, una cifra mayúscula teniendo en cuenta que muchas de la violaciones no son denunciadas por la víctimas, según el Observatorio surcolombiano de derechos Humanos, Obsurdh.
A pesar del gran número de violaciones a los derechos humanos en el marco de un país en conflicto político armado, no surge la necesidad de sistematizar los casos y su naturaleza por parte de los gobiernos municipales, además existe un problema a la hora de visibilizar el número de vulneraciones por parte de quienes se toman el trabajo de sistematizarlo, en gran parte porque los medios de comunicación no muestran un real compromiso con estos tópicos fundamentales. De otro lado, es muy difícil encontrar un registro público, actualizado y de fácil acceso sobre las cifras de las violaciones a DH del país por parte de entidades estatales, además se han denunciado casos de acosos y amenazas a defensores a DH en Colombia por parte del DAS.
Huila
El departamento es un área estratégica en la guerra en Colombia recogiendo la presencia de tres actores del conflicto armado (paramilitares, guerrilla y fuerza pública) en medio de la población civil, lo que lo convierte en uno de los departamentos más afectados por la guerra. Huila está compuesto por 37 municipios, cuenta con aproximadamente 1.097.618 habitantes de los cuales el 59.5% está localizado en zonas urbanas y el resto en rurales, según DANE.
“Este año nuestro análisis es que la situación en DH en el departamento ni empeora ni mejora, se mantiene en un dinámica cíclica aumentando en ciertas regiones mientras disminuyen en otras o vuelven a crecer. Notamos una aparente reestructuración de los grupos armados ilegales que advierten riesgos tanto para la población urbana como las rurales; las confrontaciones armadas y minas antipersonas continúan constantes en zonas rurales arrojando victimas militares y civiles, el tema de reclutamiento es probable que continúe a pesar de las novedades legales del hecho” afirma un vocero del Observatorio Surcolombiano de derechos humanos.
Entre los temas más preocupantes en materia de DH se encuentra el desplazamiento; los homicidios (181 en el primer semestre de 2010); ejecuciones extrajudiciales; amenazas y estigmatización a poblaciones; Minas antipersona y municiones sin explotar (11 víctimas primer semestre de 2010) y reclutamiento forzado, entre otros. Las cifras de desplazamiento del Huila a otras regiones son en 2010 de 1.599 y de recepción de desplazamiento de otras regiones al Huila de 1.303 en el año 2010 según el Sistema Único de Registro (SUR) de la Agencia Presidencial para la Acción Social.
En cuanto a Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Huila registró 37 casos entre enero y junio del 2011, según datos del Obsurdh, siendo los campesinos, de nuevo, las principales víctimas. Baraya es uno de los municpios que más recibe amenazas y Algeciras, el que tiene mayor número de homicidios intencionales a personas protegidas,
Ahora bien, ¿en cuanto a violencia de género y violencia intrafamiliar, en el 2010 se registraron 285 homicidios, 2123 reportes de violencia intrafamiliar y 415 casos de violencia sexual, dato revelado por el instituto de medicina legal.
Neiva es la ciudad con más homicidios en todo el departamento según el informe de Medicina Legal, además es la ciudad con mayor número de casos registrados de violencia político social por persecución e intolerancia social en el departamento en lo corrido del año 2011 según datos del Obsurdh. (En caso de violación a sus derechos humanos como ciudadano dentro de la ciudad puede recurrir a la Defensoría o a la Personería del pueblo que están encargadas de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, sino confía o no sabe cómo tramitar en estas instituciones puede acudir a organizaciones como Obsurdh que servirán de canal y veedor para la exigencia y defensa de sus derechos).
A quién recurrir
Si usted es víctima del conflicto armado se puede asistir al Centro Regional de Atención y Reparación a víctimas de Neiva ubicado en el tercer piso de los comuneros, a este lugar pueden llegar las víctimas del conflicto armado, encontrar apoyo social, psicológico y la atención del ministerio público donde sus funcionarios toman la declaración para poder pasarlos al registro único de población víctima. En este momento en el Plan de Desarrollo del Huila quedó inmerso el subcomité de los derechos humanos dentro del comité de justicia transicional, para ello se van a citar entidades relacionadas con derechos humanos y entre ellas se realizaran actividades que permitan prestar una mejor atención no sólo a las víctimas del conflicto armado sino a toda la población. “Aproximadamente en un mes o dos ya estamos mandando las invitaciones a todas las entidades para que se organicen. En la actualidad en el registro contamos con 42.000 personas y 10.500 familias victimas, estos datos se encuentran en el departamento de la prosperidad social” Afirma Olga Lucia Ibarros, Directora del Centro.

En cuanto el derecho a la salud el incremento de tutelas, según Diana Losada, funcionaria encargada de los derechos Humanos en la Personeria Municipal, es cada vez mayor, la salud es el derecho más vulnerado (85%),“definitivamente el tema de salud no se en qué va a terminar, las garantias son menores, las excusas administrativas son mayores”. Un total de 1.959 Acciones de tutela fueron realizadas por la defensoría delegada para los Derechos Humanos, durante el periodo comprendido por los años 2008 – 2011; 1662 favorables y 297 desfavorables, según el informe de rendición de cuentas 2008 – 2012 de esta entidad.
En su labor de garante la personería adelanta desde varias instancias, el acompañamiento a los usuarios, en primera medida se da el acercamiento con los responsables en busca de las garantías para que la violación a los derechos humanos sea reparada y consensuada, “llamamos porque hemos tratado de canalizar cada petición con el puente, tratamos de hacer conexión con todos, como personería municipal buscamos solucionar todo, si no soluciona lo tutelamos”. El Derecho, de petición, la Acción de tutela, el desacato, son constantes en el actuar de la Personería Municipal al velar por los Derechos Humanos, aunque es tan compleja la situación de los derechos Humanos, no sólo en el Municipio y Departamento, también en el país, que ya ni la tutela vale “llegamos al punto que una autoridad judicial no capta el acatamiento, ni eso sucede, la medida que estamos tomando ya que ni las herramientas judiciales valen, es la denuncia a los jueces por omisión, si no se agilizan los tramites, acudiendo al consejo superior de la judicatura” dice la delegada para los Derechos Humanos.
Aunque los Derechos Humanos fundamentales siguen siendo los más afectados, la educación no es muy vulnerada en la ciudad de Neiva, las víctimas del conflicto tienen más garantías y no hay denuncias sobre el libre desarrollo de la personalidad. Las capacitaciones en las comunidades se dan por parte de la entidad aunque su labor de atender y no prevenir sea constante, esto ha llevado a posicionar la Personería “aquí el trabajo no para, además es gratificante, la gente ya sabe a dónde acudir, no discriminamos”. En los últimos dos meses, la construcción de alianzas con personas y entidades que puedan aportar en el tema de los Derechos Humanos ha sido importante: Club Rotario (proyecto embarazo en adolecentes), ACNUR (DIH), USCO, OPSUR (víctimas del conflicto armado), Secretaria de Salud Departamental (salud), entre otros.
El reclutamiento
En Neiva, otra de las grandes preocupaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre esas el Obsurdh y el colectivo de Objeción de Conciencia, es el reclutamiento militar arbitrario; por lo que el colectivo de Objeción de Conciencia está realizando la sistematización de los últimos casos ocurridos a finales del 2011, en donde a pasar del fallo de la corte constitucional en el que se prohíben las conocidas batidas se siguen realizando e incluso como una especie de control social, como sucedió con jóvenes integrantes de las barras del atlético Huila que fueron reclutados contra su voluntad y enviados al Cauca en menos de una semana.
“Nosotros estábamos viviendo en San Agustín, él se vino para Neiva y en el terminal a eso de las 10 de la noche, hace más o menos un mes, lo reclutaron, no lo dejaron bajar ni del bus. Él apenas había cumplido los 18 años, no había terminado el grado once y además tenía una operación en la clavícula. Los militares que lo abordaron le pidieron la libreta y él dijo que no tenía, Villa es un artista por lo tanto el sólo traía sus juguetes (artículos malabares); entonces de una vez se lo trajeron en un camión para la Novena Brigada, pasaron alrededor de cinco días sin que nadie supiera nada de él. Después de una semana nosotros regresamos de San Agustín y nos preguntábamos donde estaría, no conocíamos su paradero, luego supimos que se lo había llevado el ejercito hace más de una semana, sólo le dejaron hacer una llamada a la familia. El caso de Villa es como un secuestro legal, mucha negligencia, porque no le dan ninguna opción simplemente ser recluta. Cuando nos enteramos fuimos a la novena Brigada y averiguamos que él estaba allá junto con otros 25 jóvenes y además según nos conto un militar en la portería, la idea era mandar una tropa de 90 para el Cauca.
Cuando preguntamos sobre cuál era la posibilidad para sacar la libreta militar nos dijeron que ninguna, que solo eran dos años prestando servicio militar a la patria; a los tres días se lo llevaron a las tres de la mañana.
Tuvimos contacto con él gracias a un amigo que nos dio el número de celular. Él nos contaba como los trataban: no había agua potable, la comida era muy mala, estaba enfermo, además sentía miedo, no era capaz de empuñar un arma contra nadie porque sabía que sería incapaz de asesinar a un ser humano. La familia estaba haciendo el certificado de la operación de él (clavícula) para demostrar que él no puede cargar nada pesado, que no es apto; no le dieron mucha respuesta y el proceso se paró, además también por él mismo que se resigno. Desde la personería y la defensoría no se ha hecho nada, el apoyo es del proceso de objetores de conciencia que asesoró a la familia en el trámite legal. Hasta la fecha no hemos vuelto a comunicarnos con él, porque le robaron el celular” comenta Ángela Bernal, amiga de el joven reclutado (por seguridad no mencionamos su nombre).
Y el tema de brutalidad policiaca no se queda atrás, siendo más frecuente en jóvenes con apariencias afines a sus gustos musicales, indigentes, estudiantes y vendedores ambulantes. Muchos de ellos no denunciados por desconocimiento al conducto regular o porque no se confía en las garantías y la justicia que puedan ejercer las instituciones.
“Estaba en el parque Sevilla una noche, pasó un policía y se acercó, yo dejé mis manos visibles para que él las notara, sin embargo llegó con una actitud agresiva imponiendo su autoridad. De ese modo me dijo que me fuera, yo le dije que no lo haría porque era un espacio público. Molesto me requisó a fondo buscando marihuana, seguramente por mi cabello largo y mi ropa negra, me hizo quitar los zapatos y revisó mi billetera, por segunda vez me requiso cuando llegó su compañero. Al no encontrar nada quedó furioso y cuando me colocaba los zapatos sacó la pistola eléctrica y la accionó en mi rodilla, sin motivo real. Sentí impotencia, es una descarga eléctrica que hace que te sientas sin fuerza, te tiembla todo el cuerpo; fue tanta la impotencia y la rabia que en ese momento el dolor físico fue menos que la indignación que me dio al ser agraviado sin motivo justo. Hasta ahora me enteré que este policía tiene un historial de agresión a la gente.
Uno no denuncia porque uno que va a ir a perder el tiempo allá si eso es una complicidad entre los policías corruptos y algunos funcionarios de la rama judicial… sin embargo, más allá de eso, ese tipo de denuncias se tienen que hacer en la URI y este es un sitio de acopio de los policías civiles.” Dice Enrique Ramírez, uno de los muchos jóvenes víctimas de violencia policiaca y que deciden no denunciar por desconocimiento o desconfianza a las instituciones.
Dentro de la ciudad, el Obsurdh desarrolló un trabajo en compañía de los Objetores de Conciencia, con el propósito de difundir y atender algunos casos de vulneración a DH. esta organización trabaja de la mano con las entidades públicas compartiendo los análisis, sirviendo de medio de consulta, también como medio de locución entre las comunidades y éstas. Adicional a lo anterior, realiza una labor de veeduría c para que realmente realicen las labores que les competen por mandato constitucional. Cualquier ciudadano se puede acercar a la institución a través de la página web, el teléfono o visitando la oficina; si presenta un caso en la medida en que Obsurdh pueda colaborar lo asumirá, sino canalizará hacia un ente que le pueda brindar la atención apropiada que la persona pueda necesitar.
Universidad
Alfonso Morelo es un académico que ha dedico su vida a la defensa y promulgación de los derechos humanos, actualmente es biólogo, magister en ciencia morfológica, magister en educación y desarrollo comunitario, profesor de tiempo completo, integrante del grupo de investigación “Salud Pública, Desarrollo Social y DH” y director del departamento de Ciencias Básicas de la facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana; miembro del consejo directivo de Obsurdh.
Cuando se le pregunta por la actitud de la academia (específicamente la Universidad Surcolombiana) frente a los DH contesta “El que se señale a los defensores de los DH ha logrado que la academia soslaye el tema de DH como tema de discusión, tocándolo sólo en momentos muy puntuales, asumidos tan coyunturalmente como el día de la madre o el día de la mujer sin preservar los derechos de la mujer a fondo, abrir la discusión sobre la maternidad o promover la investigación en DH. Para el común de la gente hay un desconocimiento profundo del tema precisamente por eso, porque no ha sido un tema de reflexión y discusión dentro de la academia, los medios de comunicación, o en las acciones comunales. Así se tiene como un tema ignorado. La comunidad al no saber tiene derechos no los respeta, no los defiende, ni los exige y por tanto no se les cumple.
Hoy en la Universidad Surcolombiana el tema de los derechos humanos no es un tema desconocido, se ha ido calando muy lentamente, desde todo tipo de escenarios: escenario gremial como representante de los profesores ASPU, soy el responsable de los DH. Los retos de los intelectuales y académicos de la región en cuanto a derechos humanos, en primera instancia que los académicos e intelectuales se sientan humanos, que tengan unos compromisos éticos, que esos compromisos éticos deben ir de la teoría a la práctica, que se haga una reflexión constante y que posicione en el ámbito académico un tema tan importante como este, que nuestros académicos entiendan cuáles son los Derechos Humanos (sociales, políticos, económicos, ambientales, civiles sociales, etc.). Además hacer unas profundas reflexiones no sólo de los antecedentes históricos de los DH sino también una muy buena investigación los autores materiales e intelectuales de estas violaciones y cuáles son las causas profundas de la violación de éstos. Una vez que los intelectuales tratarán de articular tanta reflexión teórica con la praxis acompañando a los sectores vulnerables, a los sectores históricamente víctimas de violaciones a DH. Esto conduciría a una transformación de nuestra sociedad, asistiríamos a un nuevo mundo donde viviríamos realmente como seres humanos. Nosotros nos enmarcamos en aquellos que sueñan que un mundo mejor es posible” indica el docente universitario.
Pero a pesar de la presencia de académicos como Morelo comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos, la Universidad Surcolombiana ha vivido en sus cuarenta años, distintas situaciones que han hecho pertinente el constante acompañamiento de las organizaciones de DH.
En los últimos meses, en el marco del proceso estudiantil gestado desde la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), se presentaron una serie de irregularidades consignadas en un derecho de petición fechado el día 14 de Marzo de 2012 dirigido al rector Eduardo Pastrana y firmado por Andrés Reinaldo Barona miembro del Consejo Superior Estudiantil, en el cual se planteó el inconformismo por acontecimientos que tuvieron lugar en lo que va corrido del presente semestre, y se solicitó una correspondiente investigación que esclareciera los hechos que habrían atentado contra los derechos humanos y el fuero académico.
La violación de los derechos humanos y el fuero universitario habría tenido lugar el día 13 de Marzo del año en curso cuando tres miembros del Ejército Nacional, con su dotación e indumentaria ingresaron a las instalaciones del campus universitario alrededor de las 10 de la mañana. El ingreso de los uniformados se adelantó por el bloque de la Facultad de Economía. Lo que genera el interrogante de si la universidad permitió el ingreso, o fue una acción permisiva del cuerpo de seguridad a cargo de LAO´S.
Durante 20 minutos los miembros del Ejército Nacional adelantaron tareas de registro e identificación de algunos estudiantes de la institución que se encontraban a 50 metros del bloque G en la zona conocida como “EL Bosque”, “esta conducta ha sido declarada como violatoria a los derechos humanos e infracción al DIH”, textualmente expone el oficio con el cual se solicita a la Universidad Surcolombiana en cabeza del rector, investigar lo sucedido y además poder esclarecer a la comunidad universitaria la serie de anomalías que han ocurrido en la sede central de la USCO y que el documento enuncia.
Según el Consejo Superior Estudiantil, José William Mantilla estudiante de segundo semestre de Derecho nocturno hizo llegar en días pasados copia de la denuncia penal y derecho de petición al Consejo Superior Estudiantil, interpuestos tras el hurto de su motocicleta ocurrido en las instalaciones del parqueadero del Alma Mater, a lo cual no se le ha dado una respuesta y solución según el documento. Otro acontecimiento que enuncia Barona en el oficio es lo ocurrido el 29 de febrero del año en curso, cuando un vigilante en actitud hostil tomó fotografías a dos estudiantes que se encontraban realizando un mural (una rata en la pared) y que según argumenta el representante estudiantil, no violaba la constitución y las normas universitarias, además de señalar que la práctica del vigilante corresponde a acciones de policía judicial.
La petición formal de Investigar y aclarar los hechos que habrían violentado los derechos humanos, y según la ley, el fuero académico de la USCO, es una acción legítima a la que se acude y que propone indagar acerca de las últimos acontecimientos de seguridad en la Universidad.
El día 30 de Marzo del 2012 la secretaria general, respondió el derecho de petición de acuerdo al artículo 6° del Decreto 01 de 1984 sujeto a las disposiciones contenidas en la Resolución Rectoral número 091 del 13 de Mayo de 2005.
El documento firmado por Juan Carlos Barbosa Otálora, Secretario General, indica que los hechos mencionados en el derecho de petición fueron trasladados a la Dirección Administrativa de Control Disciplinario interno y a la Oficina de Control Interno para que se adelantarán las respectivas acciones administrativas a que hubiere lugar. En consecuencia, Control interno el día 26 de Marzo del 2012 inició indagación preliminar para esclarecer responsables y verificar la ocurrencia de los hechos; además Andrés Reynaldo Barona miembro del Consejo Superior Estudiantil será convocado para que ratifique y amplie la versión de los hechos que habrían tenido lugar en las instalaciones de la Universidad. De hallarse responsables se procedería a dar apertura a una investigación Disciplinaria, dice el documento.
Uno de los hechos que más llama la atención, es la entrada de personal militar a la Universidad, ante esto, el documento en respuesta a la petición informa y anexa copia de los registros de vigilancia del puesto G, Facultad Economía, en el cual se constata que el 13 de Marzo la Empresa de Vigilancia Privada LAO´S no había iniciado la vigilancia de este bloque, lo hizo el día 14 a las dos de la tarde, según Informó John Freddy Muñoz Coordinador de la Seguridad Laos. Aunque se conoce que el ingreso de los miembros del ejecito ocurrió el día 14 de Marzo a las 10 de la mañana y no el 13 como fue comunicado por Barona.
Finalmente la respuesta del 30 de Marzo concluye que ni el Área de Servicios Generales, ni la empresa de Vigilancia LAO´S en ningún momento habrían permitido el ingreso de los militares.
El futuro
Este recorrido nos demostró las carencias que tiene el departamento en materia de derechos humanos a pesar de la existencia de instituciones (que aunque no se hayan ganado la total confianza de los habitantes están en el deber de velar por la defensa de los derechos humanos) y a pesar del acompañamiento de organizaciones sociales como Obsurdh, se tienen grandes números de violaciones y por ende grandes retos que comprometen la búsqueda de un conjunto de soluciones dialogadas al conflicto político armado ya que éste es el que más víctimas genera.
Entre los desafíos de las organizaciones y el deber de las instituciones está también el visibilizar de una manera más eficaz no sólo las violaciones a los derechos humanos con el ánimo de abrir un pertinente, justo y necesario espacio público de discusión, sino también para educar a la población en general y no sólo a los lideres en el conocimiento y exigibilidad de sus derechos humanos.
Por último, vale resaltar que aunque la mayoría de las victimas lo son del conflicto político armado, también existen muchos producto de la intolerancia, la estigmatización social, el abuso estatal de las fuerzas públicas, la desidia de las instituciones sociales y la misma violencia intrafamiliar. Por ende, cada uno de estos tópicos se deben superar teniendo en cuenta sus actores y contextos específicos.