Don Rigoberto hace la mezcla de cemento y parte los ladrillos para cerrar la bóveda donde fue depositado el Cuerpo del joven de 28 años, cinco días después de que resultara muerto en inmediaciones de la vereda Jerusalén, límites entre el departamento del Huila y el Tolima a manos del Ejército. Su padre Daniel Daza, explica que un grupo de abogados en Ibagué le recomendó no sepultarlo en tierra porque las investigaciones para esclarecer los hechos podrían requerir una nueva necropsia del cuerpo.
La multitud lo acompañó en silencio desde la iglesia ubicada en el parque central, recorrió las principales calles de la localidad con pancartas que tenían mensajes como “No más violaciones a los derechos humanos”, “Exigimos justicia, no a los falsos positivos”, “Queremos que se sepa la verdad y solamente la verdad”; los niños ondeaban banderas blancas.
Antes de ser llevado a la bóveda número 16, su madre, la señora María del Carmen Hernández, le recitó unas palabras que despertaron llanto. “El día de hoy venimos a entregarte a mi hermoso hijo a la tierra que lo vio nacer”, “no te pude abrazar por última vez pero te abrazaré por siempre”, manifestó en medio de una tristeza profunda la madre de Anderson, una líder agraria del departamento del Huila-
Era martes 10 de febrero de 2015
“Él estaba ordeñando unas vacas, subió a la casa, en la casa se estuvo un rato. Luego, como el agua la tenían las truchas, cogió su carpita, su pala y se fue a colocarla. De ahí no supe más de él (…) hasta que lo identificaron, el jueves”, dice Yuli Sierra, compañera sentimental del joven campesino, refiriéndose al último día que lo vio con vida. Según ella, transcurrieron alrededor de 30 minutos desde el momento en que su esposo dejó la casa y ella escuchó los disparos. No vio presencia de operativos militares en la zona “solo escuche la balacera”, manifiesta.
El Ejército de Colombia en su comunicado del día 11 de febrero sostiene que “el enfrentamiento armado se registró entre tropas adscritas a la Quinta División del Ejército contra terroristas de las Farc, en área general de Planadas, Tolima, resultando muerto en desarrollo de operaciones militares un integrante del grupo guerrillero y otro más fue rendido en combate”. (Ver: Fuerza de Tarea Zeus neutraliza acción delictiva de las Farc en el Sur del Tolima).
La desaparición de Anderson desencadenó una búsqueda exhaustiva por la región, hasta que uno de los familiares se dio por enterado de la presencia de un cuerpo en Ibagué, catalogado como NN por el Ejército. La noticia no se hizo esperar, los trámites fueron acompañados por miembros de la Red Proyecto Sur y abogados de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. “Por poco casi lo perdemos”, asegura don Daniel Daza.
Al respecto un miembro del comité comentó a Suregión que hasta el día viernes se pudieron iniciar las diligencias ya que según la información de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la fiscalía el proceso conocería la justicia penal militar. “Ni siquiera estaban (los miembros del Ejército), le tocó a un investigador de la SIJIN hacer la documentación (entrevista y reconocimiento fotográfico del cuerpo) para que el fiscal de la URI diera la autorización para que entregaran el cuerpo, eso se logró hasta las cuatro de la tarde después de que se radicaran derechos de petición para la entrega del cuerpo y la defensoría del pueblo de Ibagué presentara quejas por la no entrega en la entrega”.
En operativo conjunto (Policía y Ejército) también resultó capturado un hombre que responde al nombre de Medardo Elías, según informó la prensa, sindicado en un primer momento de ser miembro de la columna Móvil Héroes de Marquetalia de las Farc. Pero es de conocimiento de este medio que el capturado fue dejado en liberta después de que el Fiscal 36 de Terrorismo no encontrara ningún cargo en su contra, ni indicios de que fuera miliciano.
El Colectivo de abogados de Ibagué que acompañó la recuperación del cuerpo, ha dicho que existen varas inconsistencias jurídicas desde el momento que ocurrieron los hechos. En primer lugar consideran que el proceso de levantamiento del cuerpo estuvo viciado puesto que fue el mismo Ejército quien realizó la diligencia. “Así mismo las declaraciones que se encuentran en la prensa pone en alerta si es la desinformación de los mismos medios o las incoherentes actuaciones que se realizaron (las fuerzas militares y de policía) para que dieran libertad a un campesino mostrado como miliciano” y el complot que se formó durante la entrega del cuerpo del joven campesino.
Diario Ibagué
Según Human Right Watch (HRW) en su más reciente informe, la Fiscalía investiga actualmente más de 3.500 de estos casos cometidos en su mayoría entre 2002 y 2008, cuando el expresidente Álvaro Uribe ocupaba la Casa de Nariño. Pero también cita nuevos casos de ‘falsos positivos’ en 2013 y 2014.
La ONG internacional ha cuestionado la actuación del Ministro de Defensa y el gobierno Santos por promover leyes que permitirían que estas conductas las juzgue la justicia militar y no la ordinaria.
“El gobierno Santos siguió promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento del asesinato de civiles perpetrados por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como ‘falsos positivos’. Los proyectos legislativos propuestos generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable récord en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos”, señala el reporte. El departamento del Huila ha sido uno de los departamentos con más “falsos positivos”.
Limpiar el nombre de Anderson
Amigos y personas que conocían a Anderson en el municipio de Santa María, al norte del Huila, no dudan en señalar que él no era un miliciano de las FARC, aseguran que las actividades del joven se encontraban en la cría de trucha, el futbol y hasta el motocrós. No entienden aún qué sucedió con esta persona “que no se metía con nadie. A él no le gustaba el egoísmo, no le gustaba que uno peleara con la gente, le gustaba que todos estuviéramos en armonía y en paz”, como recuerda su joven esposa.
Doña María del Carmen ha manifestado su objetivo de limpiar el nombre de su hijo. No ha dudado en señalar a los responsables, hasta con nombre propio. (Escuchar audio).
“La pérdida de nuestro hijo es un dolor muy grande, y el pueblo se manifestó frente a la desgracia que ha tenido mi familia, más que un hijo era un gran amigo mío”, dice el señor Daza.
El proceso que continua es complejo en razón a que no se sabe si de este conocerá la justicia penal militar o la justicia penal ordinaria, se levantará una denuncia pública con notificación a las diferentes instituciones nacionales e internacionales, así mismo ONGs en derechos humanos. Los abogados que ya se encuentran al frente del caso han considerado realizar una visita al lugar de los hechos para dialogar con la comunidad.
Su esposa no sabe qué pasó, la última vez que lo vio con vida quizás sea el recuerdo que mejor guardará. Hay tristeza en sus ojos, pero al igual que los padres de Anderson y el grueso de la población samaria pide justicia, “porque era una persona inocente, él no había hecho nada malo para que le hicieran eso, él se merecía seguir viviendo viendo crecer a su hija. Seguir compartiendo con su mamá, con su familia”, dice Yuli Sierra en el cementerio, mientras don Rigoberto, el sepulturero, continua pañetando la bóveda número 16. Luego de unos minutos es escrito el nombre de Edwin Daza Hernández sobre el cemento aún fresco. Hay muchas preguntas en el aire, pero sobre todo hay miradas y abrazos. El pueblo está concurrido. ¿Qué fue lo qué pasó realmente en este paisaje verde del Huila? ¿Acaso se sigue repitiendo la historia de los falsos positivos en Colombia? “Esto fue un falso positivo. Es una agresión al sector agropecuario y la gente que trabaja. Un caso doloroso. Un dolor que lo siente el pueblo”, responde un habitante.
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