Por: Yesenia Polania Pascuas
En Colombia, los estudios y análisis sobre el conflicto social y armado han tomado una relevancia significativa en los últimos años con el surgimiento del neoparamilitarismo y/o bandas criminales (BACRIM).
Éste fenómeno no sólo se ha desplegado en zonas de difícil acceso (territorio rural), sino que está presente en el área urbana.
El documento “Paramilitarismo de “Quinta Generación”: Elementos para su caracterización y desarticulación” del especialista en conflicto armado y docente de la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, identifica tres enfoques en estudios y apreciaciones sobre paramilitarismo: el primero, considera que no hay relación entre bandas criminales y paramilitarismo; el segundo, lo define como la articulación de grupos que no se desmovilizaron y se fortalecieron con el regreso de desmovilizados; y el tercero, como una organización criminal bien estructurada, dedicada a la administración del territorio y al desarrollo de las economías ilegales.
Medina Gallego en su análisis propone las siguientes características:
La audiencia sobre situación General de Derechos Humanos en Colombia, realizada el 5 de abril de 2016, deja como conclusión que las negociaciones con los grupos insurgentes son un paso necesario para la construcción de la paz en Colombia, por tanto el Estado debe implementar medidas necesarias para asegurar la no repetición de los crímenes, las violaciones de Derechos Humanos y el conflicto y sus causas estructurales.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado menciona que hay un aumento en el accionar paramilitar en todo el país, veamos la relación que hace el ‘Programa Somos Defensores’ a partir de las siguientes dos gráficas:
Para Medina Gallego la lucha contra el ‘paramilitarismo de quinta generación’ «compromete una estrategia estatal organizada en torno al conocimiento profundo del fenómeno, su complejidad, los actores y sectores que involucra y la manera como operan sobre el territorio y las poblaciones”.
El proceso de conversación que se está llevando a cabo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; y ahora con la inclusión del ELN, buscan fortalecer la democracia participativa para la búsqueda de las transformaciones sociales.
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