Fueron 36 años de guerra los que vivió el pueblo guatemalteco derivada de problemáticas socioeconómicas. La carencia de una reforma agraria, la injusta acumulación de la riqueza y el racismo estructural por parte de instituciones que limitaban los derechos e invisilizaban la población indígena, propiciaron el contexto conflictivo. En medio de las similitudes con otros conflictos de América Latina, particularmente en Guatemala durante los años 80 tuvo lugar una política de Estado conocida como “Tierra arrasa”, cuyo desenlace fue el genocidio.
¿Por qué no triunfó la paz?
El necesario acuerdo de paz se finiquitó hace 20 años pero las causas estructurales siguen sumiendo al país en periodos de violencia ligadas al extractivismo, la corrupción y la persecución a unas comunidades víctimas que continúan exigiendo verdad, justicia, reparación y no repetición.
Para la Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Mónica Mazariegos, un indicador significativo de que en el posconflicto la guerra pervive es el hecho de que las resistencias sean acosadas en sus propios territorios por el extractivismos, lo que tiende a una lucha por “mantener cuerpos vivos”, más allá de la defensa de los derechos a la salud, la educación y los territorios. “Nuevamente se reabren las heridas de “un estado mental, una estructura social, política y cultural” llamado guerra.
Una explicación que encuentra la Doctora Mazariegos a la tensión actual que vive Guatemala, tiene que ver con la precaria participación e inclusión que tuvieron las víctimas y comunidades en el diseño de las nuevas leyes e institucionalidad para la paz durante las negociaciones. “No puede haber memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición, cuando son las elites las que marcan los procesos”, afirma Mazariegos, explicando que después del fin de la confrontación armada se hacen necesarios mecanismos de amortiguamiento ante el déficit de representación para que la sociedad tenga voz y pueda trasladar su noción sobre la guerra, sus necesidades, lo que siente y los traumas que les dejó la guerra.
En Guatemala los índices de impunidad por casos contra la vida alcanzan el 98%, es decir que de 100 casos solamente dos se investigan pero se desconoce si logran una sentencia. Por otro lado, muchos de los cuerpos ilegales, de aparatos clandestinos, que tuvieron un origen contra insurgente durante la guerra, perviven; “han mutado y adaptado a nuevos poderes fácticos que no solo tiene que ver con las elites económicas tradicionales sino con poderes económicos emergentes (neoliberalismo). Elites interesadas en perpetuar la impunidad”, indica la Doctora Mónica Mazariegos. (Ver: protestan en Guatemala para exigir fin de corrupción).
Esta agudización de la impunidad en el país, llevó a la conformación de una comisión internacional contra la impunidad. Mecanismo auspiciado por Naciones Unidas y financiado por un grupo de países amigos de Guatemala, que tienen como mandato investigar penalmente casos relacionados con cuerpos ilegales de aparatos clandestinos de seguridad que han hecho el trabajo sucio en el país. (Ver:Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
La comisión dirigida por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez ha logrado entre el año 2014 y 2015, según relata la Doctora en Derechos Humanos, evidencias inevitables que vinculan a políticos vigentes en el poder, “personalidades que eran intocables en Guatemala”, con los aparatos delincuenciales.
Pero también las comunidades, indígenas en su mayoría, desarrollan convocatorias de consultas comunitarias en pro de la reparación y defensa de sus territorios, ante un derecho a la verdad que se niega al relato popular y la participación de las víctimas, e impone “un relato oficial que es negacionista y proclive a la amnistía total, incluyendo los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, ha planteado la Doctora Mónica Mazariegos en su ponencia desarrollada en la Primera Bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz organizada desde la Universidad Surcolombiana.
La mirada a Colombia desde el caso guatemalteco
¿Por qué el posconflicto de Colombia no debería ser como en Guatemala? A continuación el profesor Pablo Ceto, miembro de la Fundación Maya (FUNDAMAYA) y de la Universidad internacional Tierra Ciudadana (UITC), hace un recorrido por el contexto de Guatemala para reflexionar sobre el caso colombiano:
Fotografía tomada de: editorialgt.com
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