Hacia la comunicación como derecho: un proceso diverso como la misma América Latina

El nuevo siglo (XXI) ha significado cambios acelerados en el contexto socio-político de los países del sur del continente americano. Los proyectos políticos se vinculan desde la reconstrucción y modernización del Estado como Espacio Institucional y político, al interés por la justicia social y la inclusión de las masas en los procesos de desarrollo.

El desplazamiento de la comunicación del plano mercantil al plano de los derechos se registra en muchas experiencias de América Latina, históricamente relacionados con las comunicaciones masivas. “Hay una demanda por el derecho a la comunicación, un proceso que no está cerrado en términos de consenso regional, seguimos pensando en libertad de expresión y derecho a la comunicación”, asegura la investigadora argentina Daniela Monje, refiriéndose a las diversas iniciativas que desde la sociedad civil organizada pretenden que la comunicación se entienda como un derecho que amplía las posibilidades de enunciación de demandas sociales; promueven una construcción de un escenario público mediático sobre la base de la inclusión de otros actores excluidos durante décadas.

Los discursos alrededor de la democratización de la comunicación y la información, recuperan conceptualmente “la libertad de expresión como piedra angular de la existencia de una sociedad democrática y como derecho no meramente declamativo”, en palabras de la doctora en Comunicación.

La tendencia es muy fuerte y coherente, con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1985, refiriéndose a la libertad de expresión como un derecho que tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva; que además concibe los medios de comunicación como garantes del ejercicio de la libertad de expresión, de modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de las sociedades.

Pero desmontar una estructura de medios consolidados durante décadas en América Latina, de acuerdo a la línea de pensamiento de Mastriní y Martin Becerra, está muy alejado de ser una transición pacífica y ordenada hacia un nuevo sistema de medios, sino precisamente, una intensa confrontación con posiciones consolidadas que están buscando modificarse por parte de políticas activas del Estado.

Han sido un periodo de 60 años en el que políticas estatales, por acción o por omisión, han favorecido el desarrollo del sector privado comercial, por lo cual según la Doctora Daniela Monje, desmontar un sistema altamente consolidado a lo largo de décadas es muy complicado.

El caso Argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de: www.rtve.es

 

A grandes rasgos, la académica e investigadora argentina, Daniela Monje, plasma el proceso que ha vivido el país en materia de políticas de comunicación.

Este país es reconocido a nivel internacional por avances en la legislación en comunicación, aún con las demoras, imperfecciones y deudas. Políticas democráticas que responden a “la estrategia del Estado por transformar las políticas de comunicación en políticas estratégicas del Estado” de una manera más diversa excediendo la radiodifusión y lo audiovisual.

El principal cambio que se ha dado en Argentina, según la estudiosa de la comunicación, es la Ley 26522 del año 2009, referente al servicio de comunicación audiovisual, “una Ley que tiene la virtud de haber congeniado las demandas del sector social comunitario, demandas históricas, con la voluntad política de un Estado que decidió tomar como un tema estratégico la transformación del ecosistema de medios”. La Ley ya está sancionada, ha tenido dificultades para ser ejecutada, por cuenta de líos jurídicos con el principal conglomerado mediático del país (El Clarín).

La Televisión Digital Abierta, es otra política con la que se introduce la televisión terrestre en Argentina, en articulación con universidades, sectores populares y desfavorecidos. Un aspecto innovador que para la doctora Monje, se convierte en un ejemplo para la región.

En la misma lógica, en el año 2009 Argentina derogó el delito de calumnias e injurias para la comunicación pública, lo que ha sido considerado un avance en materia de legislación en Latinoamérica . 

Además, en el año 2011, se crea en el país el Mercado de Industrias Culturales Argentinas y el Polo de Creación de Contenidos de Audiovisuales y Cinematográficos, con el ánimo de dinamizar el sector económico de las industrias culturales y promover el desarrollo de las producciones audiovisuales. También se declara de interés púbico la producción de pasta celulosa y de papel prensa, “una política interesante porque coloca garantías para una distribución más equitativa”, referencia la Doctora Daniela Monje.

A parece también en el panorama de la comunicación del país, la creación de la Comisión Argentina de Políticas de internet, pensando en políticas para gobernanza en internet; y el Sistema General de Medición de Audiencias que realiza encuestas de consumo, entre otras acciones.

Todas estas iniciativas en torno a la comunicación, son muestra, según la investigadora, de que el Gobierno Argentino está articulando políticas diversas y complejas, "que caben debajo de esa gran paradoja llamada política de comunicación y democratización de las comunicaciones".

El país ha abierto para todos el espectro, tanto en señales analógicas como digitales, así como en radio y televisión. Para lo cual ha reconfigurado la sociedad argentina por sectores. Aparece entonces un sector lucrativo, un sector privado no lucrativo, que incluye al sector comunitario, cooperativista, sindical, de una manera más amplia. De igual forma define el sector público desde la dimensión de organismos estatales y no estatales; dentro de los estatales ubica a los medios públicos del Estado a nivel nacional, los medios universitarios, y entre los sectores públicos no estatales aparecen la iglesia católica y los pueblos originarios. 

El caso de Bolivia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de: clacpi.org

 

El Observatorio de Medios de la Fundación UNIR Bolivia, del que hace parte el profesor Erick Torrico, en su seguimiento al DIC (Derecho a la Información y la comunicación), hace un repaso de lo acontecido entre 2009 y 2013, considerado como el periodo crucial para la comunicación en el país.

El año 2009 es el punto de partida del “nuevo contexto en que se encuentra Bolivia actualmente", resalta el investigador Torrico. Es el año en que se aprueba el nuevo diseño constitucional que marca el tránsito de la república a la forma de Estado Plurinacional.

Se trata de una élite política con mayor legitimidad, en un país que presenta una "notable crisis de la oposición política, y un vacío evidente de liderazgos alternativos". De esta manera el nuevo proyecto de poder desde el 2009 ha construido una supremacía.

La comunicación ha sido una de las grandes protagonistas del cambio. En materia de avances, el estudio de la UNIR, enfatiza dos por su relevancia. El primero tiene que ver con la constitucionalización del derecho a la información y la comunicación. Por primera vez la carta constitucional boliviana incluye un capítulo (el séptimo) relativo a la comunicación, aunque se le da “un énfasis excesivo a lo mediático, periodístico, no se está viendo de manera más amplia este derecho como un derecho de todas las personas, es algo que falta ajustar”, según el profesor Torrico.

En segunda medida la decisión de redistribuir el espectro radioeléctrico, presente en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación, es otro gran paso en el propósito de Bolivia por democratizar la comunicación. Le Estado magnificó su presencia con la asignación del 33 por ciento. De esta manera pasó de tener una sola radio a configurar la REP (Radio Emisoras Patria Nueva), también potencializó en todo el territorio el canal oficial y la radio comunitaria, del ejército, universidades y televisoras académicas. Según los estudios de la UNIR el Gobierno también creó un diario oficial y fortaleció en internet la Agencia Boliviana de Información, De esta manera según Torrico, el país ha superado sus limitaciones para articularse como red.

En cuanto a los privados, que “representan cerca del 84% del sector de la comunicación”, Por Ley le fue adjudicado un 33 por ciento del espectro; un 17 por ciento más fue destinado para los medios calificados como sociales – comunitarios, y otro 17 % para medios indígenas.

En el año 2017 cuando vencen las concepciones entregadas a las estaciones de radio y televisión por regímenes anteriores, empezaría a regir lo dispuesto por la Ley. La normativa también hace referencia a la comunicación masiva y el periodismo.

Otras leyes nuevas en Bolivia son la Ley del órgano Judicial, la ley del régimen electoral, la ley contra el racismo y todas formas de discriminación, y un proyecto que todavía está en análisis, referente a la transparencia y acceso a la información pública, que para el profesor Torrico podrían significar avances normativos importantes para la región.

Estas modificaciones en la regulación y democratización de la comunicación se han dado por iniciativa gubernamentales, “no han salido de ninguna movilización popular, ciudadana, social, a diferencia de los años 70 donde las mediaciones venían de otros sectores”, revelan los estudios del UNIR. Identifica demás, que en Bolivia actulamente existen dos modelos de comunicación en lo masivo, uno de propaganda y otro de entrenamiento, que dificulta a los ciudadanos el derecho a la información.

El caso peruano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de: congreso.pucp.edu.pe

 

La dinámica hacia la democratización de la comunicación en Perú es particular frente a la tendencia de la mayoria de los paises de la región, “es especialmente compleja de abordar”, segura el investigador de la comunicación Jorge Luis Acevedo Rojas.

Es un tema que no es desconocido en el país, pero se encuentra distante del debate sobre el rol de los medios, la estructura de propiedad de los medios y el derecho a la comunicación, que se plantea en Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela; y en cambio se encuentra en la misma lógica de Colombia, Chiley México; aunque según aclara el investigador Acevedo Rojas, se debe tener en cuenta que en cada sociedad estos debates se plantean de manera particular.

Para el Magister de la Pontificia Universidad del Perú esta particularidad tiene estrecha relación con el significativo poder mediático y el “sistema político extremadamente débil frente al poder económico y frente a los medios”, que tiene el país. Perú ha sido característico por la lógica clientelar del Estado con los medios y sus propietarios. En este sentido se presenta "una entronización de los discursos empresarial. La libertad de expresión está ligada a la libertad empresarial y no tanto a la comunicación como un derecho ciudadano, individual y colectivo", agrega el experto de la comunicación.

Los años 1996 al 2013, son indentificados en los planteamientos del académico, como el periodo donde "la propiedad de los medios y sus implicancias para la democracia ha ocupado un lugar importante en el debate político y social”. Todos los debates propiciados “desde arriba no desde la sociedad”.

El primer proceso se presentó durante el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado en 1968, cuando fue puesta en marcha una reforma a los medios de comunicación, referente a la participación del Estado en la propiedad de los medios, que finalmente no se concretó, propiciando la instrumentalización de los medios de comunicación expropiados por la dictadura. "En 1980 los medios volvieron a sus antiguos propietarios con una fuerza mayor a la que tuvieron en el inicio del gobierno del General".

La segunda coyuntura, se ubica en los años 90, época de la resonancia de corrupción al interior del gobierno central. Se desarrolla al tiempo con la aparición de documentos audiovisuales que evidenciaban la compra de las líneas editoriales de los medios de comunicación, entre ellos canales de televisión y periódicos. El debate culminaría con una Ley en el año 2004.

Desde el punto de vista del experto en comunicación Jorge Luis Acevedo Rojas, tuvo más valor el proceso que el resultado. “La consulta, la movilización, la adhesión a un proyecto de ley fue sumamente significativo y valioso, sin embargo (…) al final las presiones fueron tan fuertes que la ley no produjo los resultados que esperábamos en términos generales”, agrega.

El tercer momento importante que se ha propiciado en el país suramericano para la discusión en torno a la comunicación es reciente, y fue auspiciado por los propietarios de medios de comunicación. Se trató del proceso de compra del 54% de las acciones de Epensa por parte del Grupo el Comercio, que significó un crecimiento significativo de su dominio en el sector mediático del país. “Antes de la compra el comercio tenía un 50% y después de la compra pasó a tener el 80 % de la circulación y de la venta publicitaria", dice el el comunicador.

Ante el debate de la sociedad peruana por el “nivel de concentración inédito en América Latina e incluso a nivel mundial”, el Comercio, políticos y líderes de opinión, han construido un discurso que no reconoce que haya concentración sólo manejan el diez por ciento de los sesenta diarios que existen en el país. En cuanto a la libertad de expresión, según Acevedo Rojas, manifiestan que los límites los ponen los consumidores y su libertad de elegir, más no las políticas y leyes, y “cualquier intento de regulación es atentar contra la libertad de expresión”.

Situación que, según el profesor Jorge Luis Acevedo Rojas, sustenta la idea de que "en Perú no se regula la concentración de la prensa, no hay límites a la propiedad privada y el discurso de estos sectores se hace sentido común”. 

El Caso de México

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada de: pijamasurf.com

 

En México la última reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tuvo lugar en el año 2013. Consistió en una iniciativa de Ley que según la investigadora especializada en Medios, Internet y Cultura digital, María Elena Menesses Rocha, fue presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, previo consenso con todas las fuerzas políticas de su gobierno. “Una reforma histórica”, si se tiene en cuenta que la radiodifusión en México era regida por una legislación de los años 60, y en cuanto a telecomunicaciones con una normativa de mediados de los 90.

"Fueron más de 50 años de una regulación de radio y televisión con una perversísima relación Gobierno concesionarios, y de tener una legislación de telecomunicaciones orientada por el mercado y dominada por un solo operado (América móvil de Carlos Slim)”, afirma la investigadora mexicana.

Actualmente Televisa concentra el 72 % de la audiencia mexicana, y junto con Tv. Azteca tiene el 96 por ciento de las concepciones. Juntas manejan el 80 % de la publicidad y concentran el 50% de los suscriptores en la tv de pago. “Se trata de un gigante de las comunicaciones que también participa del 95% de las operaciones digítales” y “sin duda es el mayor obstáculo para la democratización de la comunicación en México”. Ante este panorama la opinión pública mexicana, a diferencia de hace 60 años, se muestra más activa en escenarios como las redes sociales exigiendo un sistema de medios y comunicaciones diversos, equilibrado y justo para la nación.

Es en este contexto donde tiene lugar la reforma constitucional aprobada por el congreso en Junio de 2013, que creo un órgano regulador y autónomo, y un sistema descentralizado de medios públicos que por primera vez respalda juridicamente a los medios públicos. Además contempla inversión extranjera en 49 por ciento para la radiodifusión y del 100 por ciento en telecomunicaciones.

Según María Elena Menesses Rocha, la Ley democratiza las infraestructuras y denomina a los servicios de telecomunicaciones y de internet de banda ancha como derechos fundamentales de interés general.

 

Los Retrocesos en México

El avance de la Reforma Constitucional mexicana, es indudable, pero se ve troncado, de acuerdo al planteamiento de la profesora Menesses Rocha, por la promulgación de la ley reglamentaria presentada en marzo de 2014 por el Presidente Peña Nieto.

Esta nueva propuesta de ley “en diversos puntos contradecía la reforma”. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones la propuesta permitía evaluar de manera desequilibrada y no proporcional a los dos gigantes mexicanos (América móvil y Televisa), al tiempo que subordina las facultades y atribuciones a la Secretaria de Gobernación. Por otra parte la iniciativa carecía de leyes de propiedad cruzada y no definía los tipos de índices porcentuales en la concentración de la propiedad mediática. En materia de medios públicos de uso social, promovía un sistema de radio difusión pública subordinado a la Secretaria de Gobernación. Lo que para la investigadora Rocha, niega toda posibilidad de independencia editorial. En cuanto a la política en internet, permitía bloquear y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que esto conlleva para el derecho a la libertad de expresión.

Ante el descontento por la normativa y el rechazo manifestado por la sociedad, el Estado pospuso la aprobación con la intensión expresa de revisar e incluir las peticiones.

¿Cuáles son los retos en materia de comunicación como derecho en América Latina?

En este sucinto panorama de los procesos de países latinoamericanos donde se evidencian las contradicciones, pero sobre todo las ganancias, rescatamos dos planteamientos que, nos atrevemos a decir, recogen el sentir de los promotores del derecho a la comunicación en el sur del continente.

Para Erick Torrico, candidato a doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), lo que está pendiente es avanzar hacia la transparencia pero con coherencia. “Necesitamos hacer una definición del derecho a la información y comunicación más allá de lo mediático y periodístico”. Cree que es importante aplicar en términos democráticos la redistribución del espectro eléctrico, avanzar hacia la constitución de medios públicos, hacer del acceso a internet un recurso democrático, y finalmente, la necesidad de que haya democracia en los medios, dentro de los medios, “de lo contrario tendremos una cerrazón muy peligrosa del espacio público”, agrega.

Por su parte Daniela Monje, Doctora en Comunicación por la Universidad de La Plata (Argentina), considera que la propuesta más acertada para las políticas de comunicaciones deben ser aquellas que promuevan, principalmente, acceso libre y equitativo. “Una idea muy sencilla de formular pero muy difícil de resolver cuando tenemos tantas políticas congruentes”, reconoce.

También ve como oportuno que se garantice el acceso a la comunicación y la información, y, además, tanto en el caso de medios públicos y comunitarios, se establezca una articulación “que vuelva a recuperar los valores de la comunicación en términos ciudadanos que ha estado diluida en tantos años de televisión, de comunicación privada y comercial”. “Necesitamos hacer la reforma agraria del aire”. Tmbién propone sustituir el concepto de propiedad privada, tan ligado a los medios de comunicación, por el de “la comunicación como un derecho, como un bien público y social, que permita restituir y democratizar la palabra en un sentido de diversidad”.

 

*Los planteamientos de los estudiosos de la comunicación reseñadas en el documento se dieron en la Mesa: "Derechos y Confrontaciones", durante el XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, desarrollada del 6 al 8 de agosto del presente año (2014) en Lima (Perú).

Fotografía tomada de la red