Asesinato de líderes sociales en Colombia: entre la ausencia de voluntad política del gobierno y la perplejidad del movimiento popular

Por: Juano Zuluaga, Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana y Director del CEIINSO*

Sin lugar a dudas, Colombia se encuentra en una situación política compleja, marcada crucialmente por el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Esto pone en evidencia que algunas personas han hecho una lectura muy romántica de la paz; sin que esto implique que el proceso de paz haya sido un error, teniendo en cuenta que las 310 páginas del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tiene elementos interesantes que son benévolos para la sociedad colombiana y constituyeron una decisión política acertada. Sin embargo, el problema radica en la falta de voluntad del Estado y del gobierno (tanto el de Santos como el de Duque) en su fase de implementación; no obstante, hay que reconocer que tampoco hemos tenido la capacidad de organización y movilización para exigir su cumplimiento.


Es clave señalar que en el contexto del incumplimiento del Estado en la implementación de lo pactado en La Habana, no existen garantías reales para los líderes sociales, organizaciones y movimientos. Prueba de esto son los asesinatos permanentes de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros, que según las mismas instituciones del Estado aumentaron luego de la Dejación de Armas de las FARC-EP. Esto no quiere decir que antes no se asesinaran líderes sociales – un infortunado capítulo permanente en la historia de Colombia-, sino que se hace énfasis en que estos momentos estamos ante una oleada de violencia que amenaza al pensamiento crítico, a las organizaciones sociales y a los sectores de oposición, debido a un conjunto de factores. Primero, la negligencia por parte de las instituciones competentes a la hora de mitigar o prevenir este flagelo; segundo, la presencia y expansión de grupos paramilitares, especialmente en los territorios que fueron ocupados por las FARC-EP; tercero, el retorno del uribismo a la Casa de Nariño ha provocado un aumento de las cifras de asesinatos a líderes sociales, pues están desmontando los esquemas de seguridad de los líderes, entre otras cosas (Carabalí, 6 de mayo de 2019); cuarto, la precaria e ineficiente intervención de la comunidad internacional.

En este orden de ideas, de acuerdo con el monitoreo adelantado por la Defensoría del Pueblo, en cuatro años han sido asesinados 555 líderes y lideresas sociales, distribuidos de la siguiente manera: “en 2019 se presentaron 118 casos de asesinatos en contra de líderes sociales; en  2018, 178 casos; en 2017, 126 casos; y para 2016, se registraron 133 casos, para un total de 555 crímenes”. Por su parte, el Informe del Instituto Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular (23 de julio de 2019) asegura que desde de la firma del Acuerdo de La Habana hasta julio del 2019, 623 líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados. Con relación a lo anterior, solamente entre 1 de enero y el 17 de noviembre del año 2018 asesinaron a 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios; estos asesinatos están relacionados con el liderazgo que ejercían en sus territorios (ver gráfica No.1)

Gráfica 1.
Fuente: Base de datos de agresiones a líderes sociales Fundación Ideas para la Paz (citado en Fundación Ideas para la Paz, s.f).

La Gráfica 1 categoriza el asesinato de líderes con base en el tipo de liderazgo. En los primeros ocho meses de 2018, el 52% de los casos fueron líderes comunitarios, en su mayoría integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC); asimismo, se determinó que, en los territorios de reacomodamiento de expresiones armadas ilegales, los líderes de las JAC se convirtieron en blanco de los asesinatos en aras de obtener el control social del territorio por parte de los autores intelectuales de los crímenes contra líderes sociales (Fundación Ideas para la Paz, s.f). En el 58% de los casos ocurridos entre enero y agosto de 2018 no se habían identificado responsables (Fundación Ideas para la Paz, s.f).

De acuerdo con Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular (23 de julio de 2019. pp. 8-9), desde que se posesionó Iván Duque (7 de agosto de 2018) hasta  julio de 2019, 225 líderes sociales y defensores de DDHH han sido asesinados (ver gráfica No.2)

Gráfico 2
Fuente: Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria, campesina Étnica y Popular. (23 de julio de 2019. p. 9).

Siguiendo con este recorrido, el 2020 tuvo un trágico inicio. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Citado por Saavedra, 2019), en los primeros 15 días del año fueron asesinados 9 líderes (Ver Gráfico 3)

Las nueve personas asesinadas en los primeros 15 días del años son: “Gloria Ocampo, secretaria de la JAC La Estrella, fue asesinada el 7 de enero en Puerto Guzmán (Putumayo); Virginia Silva, líder indígena asesinada el 7 de enero en Páez (Cauca); Mireya Hernández Guevara, líder comunal asesinada el 8 de enero en Algeciras (Huila); Anuar Rojas Isarama, defensor de DDHH asesinado el 9 de enero en Nuquí (Chocó); Amparo Guegia, lideresa indígena, quien fue asesinada el 10 de enero en compañía de su hijo en Caloto (Cauca); Henry Wilson Cuello, líder comunal asesinado el 10 de enero en Chiriguaná (Cesar); Julio Sandoval Chía, líder campesino asesinado el 12 de enero en Tibú (Norte de Santander) y Jorge Luis Betancourt, líder campesino asesinado el 13 de enero en Montelíbano (Córdoba)”  (Saavedra, 2019). Adicionalmente, existen otros casos que se presentaron con el pasar de los días, como es el caso de John Fredy Alvarez, asesinado en el departamento del Huila, quien era el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal) (Manchola, 13 de enero de 2020). Tanto Mireya Hernández Guevara como John Fredy Alvarez fueron asesinados en el municipio de Algeciras.

Gráfico 3
Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (Citado en Saavedra, 2019). Colombia no puede tolerar el crimen de un líder más.

Como se evidencia, lamentablemente se han presentado varios asesinatos a líderes sociales en este inicio de año; situación que marca una tendencia preocupante frente a lo que podría ser el 2020. Cabe cuestionarnos: ¿quiénes eran esos líderes sociales asesinados? ¿Qué papel jugaban dentro de su territorio? ¿En qué contexto los asesinaron? ¿Qué papel está cumpliendo la comunidad internacional y las instituciones nacionales al respecto? ¿Qué relación tiene el aumento de los asesinatos con la llegada de Duque a la presidencia?

Los patrones de los asesinatos

A modo de conclusión, se puede afirmar que los constantes asesinatos de líderes y lideresas sociales se realizan bajo unos patrones de sistematicidad, entre los cuales se destaca el asesinato selectivo de personas que se destacan dentro de sus organizaciones y territorios, con lo cual se busca debilitar a las organizaciones sociales (juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, indígenas) y su capacidad de transformación social. Los actores intelectuales y materiales de los crímenes de líderes sociales pretenden infundir miedo en la población, tener control de territorios estratégicos (en lo militar, rutas del narcotráfico, recursos naturales), torpedear aspectos de la implementación del Acuerdo de paz de La Habana (ejemplo: la reincorporación en el caso de los asesinatos a exguerrilleros, o la sustitución de cultivos de uso ilícito en el caso de los líderes asesinados que promovieron los Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito-PNIS).

No se puede ser ingenuo ante estos asesinatos, no son hechos aislados, responden a intereses políticos, económicos, de control territorial, motivo por el cual, la solución al fenómeno del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y la no implementación del Acuerdo de paz, es la construcción de un gobierno de transición política que brinde garantías. Finalmente, no podemos perder de vista que históricamente en Colombia, la violencia ha sido un instrumento de dominación que le permite a la clase dominante conservar el statu quo, impidiendo el avance de las organizaciones sociales y los sectores alternativos.


*Centro de Investigación e Inter-acción Social del Sur Colombiano (CEIINSO)

Referencias

●       Manchola, C. (13 de enero de 2020). Algeciras: el miedo no se ha ido. La Nación. Recuperado de https://www.lanacion.com.co/algeciras-el-miedo-no-se-ha-ido/
Share

Comentários no Facebook