Los jueces confirman la responsabilidad de Enel – Emgesa y la ANLA en múltiples afectaciones al ecosistema y a las comunidades derivadas de El Quimbo

Por Hernán Francisco Basto, periodista SuRegión

En la mañana del jueves 4 de febrero se llevó a cabo en Neiva una rueda de prensa convocada por Asoquimbo, la organización que agrupa a los afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, cuyo propósito fue dar a conocer las valoraciones que la organización tiene sobre las recientes decisiones judiciales que señalan a Enel – Emgesa y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como responsables de la afectación y violación sistemática de los derechos económicos, sociales y ambientales de las comunidades de la zona centro del departamento del Huila.

La introducción de la rueda de prensa estuvo a cargo del periodista italiano Gianpaolo Contestabile, quien destacó los orígenes de la multinacional Enel y su trayectoria de crecimiento a través de los años, desde el surgimiento en Italia, hasta su expansión en Canadá, Estados Unidos y América Latina. Posteriormente, el abogado y coordinador jurídico de Asoquimbo, Oscar Javier Reyes, tomó la palabra y centró su discurso en las decisiones judiciales contra Enel – Emgesa y ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales). Reyes comenzó resaltando que para finales del año 2020 coincidieron dos sentencias judiciales, de primera instancia, en las cuales los jueces reconocen, por un lado, que la empresa Emgesa y el Ministerio del Medio Ambiente, han vulnerado el derecho colectivo del medio ambiente. En la primera sentencia se establece que durante la etapa de llenado del embalse El Quimbo, se produjo una alteración de la calidad del agua del rio magdalena que disminuyó las concentraciones de oxígeno, lo cual dio lugar a la mortandad masiva de peces, aguas abajo de la represa. Y en la segunda decisión judicial, interpuesta contra Emgesa y el Ministerio de Ambiente, el Tribunal Superior del Huila declaró responsable a Emgesa y al Ministerio de Ambiente del daño, tanto material como moral, que sufrieron los pescadores artesanales, por haberles cambiado abruptamente sus condiciones de vida y trabajo en el proceso de la pesca.

Obra del artista plástico Carlos Calderón Torres

A renglón seguido, el docente e investigador de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussan Calderón, realizó una presentación en la que resaltó un estudio técnico de la Contraloría General de la República del año 2014, el cual estableció que existe una relación directa entre las irregularidades en el proceso de licenciamiento y los graves impactos sociales, ambientales y económicos que se derivaron tras la expedición de la Licencia Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. El profesor Dussán proyectó imágenes en las que se aprecia el despojo de los afectados y la manera violenta como fueron desalojados de sus territorios, la destrucción del patrimonio cultural, el cementerio de árboles que quedó en el fondo de la represa y otros impactos ecológicos de la mega obra. También resaltó los logros que el movimiento social de afectados por el Quimbo ha conseguido en los ámbitos investigativo, jurídico, organizativo, comunicacional, y en la promoción de acciones de resistencia social.

Finalmente, el turno le correspondió a Jennifer Chávarro Quino, Presidenta de Asoquimbo, quien ofreció una síntesis de las declaraciones de los participantes en la rueda de prensa. De lo dicho por el abogado Oscar Javier Reyes, subrayó la problemática de violación de los derechos fundamentales, colectivos y los derechos de los entes territoriales. Con base en el testimonio del profesor Miller Dussán, ratificó el papel de Asoquimbo en el ejercicio de la participación activa para el restablecimiento de los derechos de las comunidades y de los entes territoriales. Igualmente, señaló dos elementos fundamentales: el primero es el compromiso de Asoquimbo de avanzar en la construcción de un nuevo modelo minero – energético para el país y la región, un modelo soberano, autónomo, y que responda realmente a las necesidades de las comunidades. En segundo lugar, consideró que se debe avanzar en la construcción de la defensa, primero de la autonomía territorial y el poder territorial y de la construcción de proyectos de vida desde el ejercicio de la autonomía territorial, porque el gobierno nacional insiste en seguir cercenando el derecho a la participación y decisión de las comunidades, cuando se trata de adoptar decisiones que involucran a los proyectos de interés nacional y estratégico. Posteriormente, señaló que existe la necesidad de que haya una justicia socioambiental contra la apropiación corporativa de los territorios por parte de las corporaciones transnacionales.

Finalmente, Jennifer Chávarro expresó la necesidad de resolver algunas situaciones puntuales respecto al proyecto hidroeléctrico del Quimbo:

  • El tema del rio Magdalena, el más importante del país, el cual hoy en día, tiene vía de oxigenación artificial, la cual, como pudo constatar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no está funcionando de manera adecuada.
  • La restitución de la actividad productiva de las familias y comunidades afectadas por El Quimbo, como una necesidad inmediata.
  • La necesidad de avanzar en el reconocimiento y la reparación de las víctimas en el territorio.
  • La valoración del riesgo sísmico asociado con el embalse de El Quimbo, como ya se advirtió por parte de la Contraloría General de la República en el informe de auditoría.
  • La necesidad de avanzar en una política nacional de afectados por represas y de protección de los ríos.
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