En los 50 años de la Usco: hagamos realidad la constituyente universitaria

Por: Luis Humberto Perdomo Romero, Estudiante del Programa  Ciencia Política de la Usco y representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario

Cuando se cumplen 50 años se tiene más de la mitad de una vida recorrida, si se equipara al tiempo de vida de un ser humano. Sin embargo, para una universidad son los primeros años de vida, en los cuales su carácter intelectual, epistemológico, sus ejes misionales, sus valores democráticos empiezan a estructurarse con mayor claridad a la luz de los años y la fortaleza de su historia.

Líderes estudiantiles y profesorales de la Universidad Surcolombiana unen esfuerzos para convocar una Constituyente Universitaria para reformar el Estatuto General de la institución
El 28 de febrero voceros de estudiantes y docentes presentaron ante el Consejo Superior Universitario la propuesta de segunda papeleta durante la consulta estamentaria prevista inicialmente para el 6 de Abril en la Usco. El Consejo Superior Universitario desestimó la iniciativa en reunión del 19 de marzo, al tiempo que aplazó la realización de la consulta por la emergencia de salud derivada de la pandemia del Coronavirus. El movimiento universitario mantendrá en alto su bandera de conseguir la reforma del Estatuto General de la Universidad por un mecanismo de amplia participación de la comunidad universitaria.

¡La Universidad Surcolombiana cumple 50 años! Su historia está marcada por diferentes hitos. El primero, como producto de la necesidad de formar los profesionales que necesitaba la región, se creó mediante la Ley 55 de 1968 el Instituto Tecnológico Surcolombiano, ITUSCO. Años más tarde, a través de la Ley 13 de 1976, se transformaría en Universidad Surcolombiana, tal como se conoce actualmente. En estos días se recuerda que las clases se iniciaron el 30 de marzo de 1970 en la sede del Colegio Departamental Femenino, a las 6:30 de la tarde, con 305 estudiantes.

Un segundo hito importante es la creación de las Sedes en los municipios de Pitalito, Garzón y La Plata. Esa es la promesa de una Universidad que crece para responder al interés colectivo de una sociedad del surcolombiano que desde la academia quiere impulsar su transformación social, política, cultural y económica.  

Sin embargo, al conmemorar los 50 años la Universidad Surcolombiana está llamada a cuestionarse nuevamente por las banderas que acuñaron su nacimiento, un compromiso completo de la Comunidad Universitaria.  En un mundo globalizado y con el ascenso vertiginoso de décadas de dinámica neoliberal que de plano interfieren sobre el sentido público de la Universidad, es necesario cuestionarnos: ¿Cuál es el sentido público de la Universidad Surcolombiana? ¿Se ha afectado el ejercicio de la democracia en la Universidad pública o ni siquiera se ha fortalecido? ¿Cuál es el grado de legitimidad que tiene la Universidad como productora de respuestas y soluciones a los retos y problemas sociales? Es menester insistir en la Autonomía Universitaria como el principio central sobre el cual la universidad se abre paso para dilucidar sus horizontes. De plano, con las contrariedades que padece la universidad en su reconocimiento como bien público, es oportuno cuestionar: ¿Cómo se desliga la Universidad de intereses particulares y mercantiles generados por la venta de servicios  como forma de enfrentar la desfinanciación estatal, lo que ha dado lugar a cooptadas por estos mismos intereses? 

La historia de la Universidad Surcolombiana se impulsa y teje bajo el influjo de las luchas estudiantiles que se desarrollaron en el continente y el país en años anteriores a su creación y durante su crecimiento.

Precisamente, la idea de Autonomía Universitaria tuvo su epicentro en Argentina hace más de un siglo, cuyas reivindicaciones se plasmaron en 1918 en el Manifiesto Liminar de Córdoba. Recordemos: Un gobierno universitario para y de los universitarios; libertad de cátedra; función social de la universidad; lucha frontal contra cualquier forma autoritaria de saber y de gobierno.

De esta manera, y sin desconocer las diferentes movilizaciones que se presentaron en Colombia, es necesario recordar que el Movimiento Estudiantil ha profesado desde siempre la defensa de la Universidad Pública. Fue durante la movilización estudiantil que cuestionaba y rechazaba la Hegemonía Conservadora a finales de la década de los veinte del siglo anterior que la Policía mató a varios estudiantes en Bogotá, y años más tarde se empezaría a conmemorar el 8 de junio como el Día del Estudiante Caído. Durante la década de los sesenta recordamos a los “Comuneros del Siglo XX”, un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander que fueron marchando hasta Bogotá; su llegada a la Plaza de Bolívar es reconocida en la historia como la Marcha del Triunfo, una de cuyas solicitudes concretas era la reforma de los estatutos generales de la Universidad. 

Posteriormente,la década de los setenta fue testigo de algunas de las mayores movilizaciones estudiantiles y sociales en Colombia. Y así, llegaron las décadas de los ochenta y los noventa, marcadas por el protagonismo de un movimiento estudiantil que promovía la séptima papeleta y propendía por una Nueva Constitución Nacional. Hoy, al bordear la segunda década del siglo XXI y después de diferentes movilizaciones por la Reforma de la Ley 30, con solicitudes explícitas como la de calidad, universalidad y gratuidad de la educación, se mantiene la defensa de la Universidad como un bien social que se resiste a ser cooptado por intereses politiqueros y mercantiles.  

En la actualidad se han iniciado discusiones para potenciar procesos de asambleas universitarias, como los de la Universidad Distrital y la Universidad de Nariño. Procesos que empiezan por problematizar el sentido público de la universidad a través del ejercicio de la democracia, como una manera de contrarrestar la crisis de legitimidad e institucional que se tiene. 

Un proceso constituyente que reivindique el carácter de bien público de la Universidad, reconociendo su contexto social y político, debe partir por garantizar la democratización de sus formas de gobierno universitario, de la toma de decisiones y su autonomía universitaria, maneras de afrontar la crisis. Hoy, a los 50 años de existencia institucional y con una Constituyente Universitaria por construir y materializar, asumimos el mayor reto que enfrentamos como Comunidad Universitaria de la Universidad Surcolombiana. 

En medio del proceso de Constituyente Universitaria se enfrentan diferentes discusiones jurídicas un tanto limitadas e incongruentes, por parte de algunos actores de la Universidad, con el propósito de restarle viabilidad. Sin embargo, es claro que la Autonomía Universitaria contemplada en el articulo 69 de la Constitución Política y el articulo 28 de la Ley 30 otorgan la facultad de desarrollar este tipo de Reforma Universitaria, amparado en los mecanismos de participación ciudadana que se extienden a la vida Universitaria y que incluso están reconocidos en los articulos 68 de la Constitución Política, y en los articulos 78, 79 y 80 del Acuerdo 075 de 1994 (Estatuto General de la Universidad). 

Este tipo de procesos que le apuestan a la democratización de la Universidad, no pueden estar torpedeados por argucias jurídicas que nos impongan la tediosa búsqueda de “conceptos jurídicos” para fundamentar las discusiones. Por el contrario, son los contextos políticos, sociales, la arbitrariedad y el clientelismo lo que debe fundamentar un proceso de reforma de la universidad con un mecanismo excepcional como el proceso de Constituyente Universitaria que permita una participación amplia de la Comunidad Universitaria. Un proceso democrático que permita arrancarle la universidad a la crisis institucional y de legitimidad, que sin duda se puede profundizar. 

Hoy, a los 50 años de la Universidad Surcolombiana, la Constituyente Universitaria debe ser la bandera más visible que debemos alzar estudiantes, docentes y sociedad en general, como una forma real de disputarle la universidad a intereses y prácticas que han atentado contra su proyecto pedagógico. 

Y de manera complementaria a la Constituyente Universitaria, nos quedan algunas tareas por desarrollar, como las que a continuación enumero. Primero, fortalecer el proyecto de una Universidad contrahegemónica. No es posible desarrollar los procesos de enseñanza, investigación y proyección social articulada a intereses económicos y mercantiles, lo cual implica alejarnos en la práctica del fin misional de aportar a la construcciónde una nación democrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana. De lo contrario, se reproduce el sistema económico, social y desigual en el cual ya está configurada. 

Segundo, avanzar en una radical democratización de la Universidad, construyendo de manera deliberativa y articulada con la Comunidad Universitaria los planes de desarrollo, el proyecto educativo y los mecanismos de toma de decisión (aquí cobra sentido la Constituyente Universitaria y su impacto sobre la Democracia Universitaria). La democratización empieza por acelerar la apertura a los actores sociales (quienes configuran la universidad) para la construcción de su proyecto pedagógico, científico, político y cultural.

Tercero, construir una nueva forma de evaluar la universidad, restringiendo el enfoque empresarial que ha tomado fuerza, en el cual priman el cumplimiento de metas y objetivos, calificaciones altas, la producción por encima del bienestar y condiciones materiales (como el intento de virtualización improvisada de las actividades académicas en medio de la Cuarentena que estamos afrontando). La Universidad se evalúa a partir del impacto que se ejerce sobre la realidad política y social en medio de la cual desarrolla la vida académica. 

Cuarto, disputar la educación como un derecho y no como un servicio, tal cual está reconocido en la actualidad. Al considerarse como un servicio se desarrolla la desigualdad en el acceso a la educación superior, pues, quienes no cuenten con la capacidad financiera de acceder al servicio, estarán excluidos del sistema educativo. Esto implica que el Estado reconozca su responsabilidad en la financiación de la educación pública. 

Finalmente, a los 50 años de nacimiento de nuestra Alma Mater, estas tareas se hacen indispensables para que se fortalezca como centro de pensamiento y saber, que potencie su misión, que se eleve como patrimonio cultural del departamento y la lleve a alzar la bandera por la cual fue concebida para la construcción de una sociedad justa, democrática y en paz.

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